EDUARDO MENDOZA CRUZ y Otros.

Expediente 182/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
182/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Álvarez Martínez
  • EDUARDO MENDOZA CRUZ y Otros.
  • FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron al proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Lo anterior, considerando que la autoridad responsable Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad y la parte quejosa; fueron notificadas el dieciséis y veintidós de marzo de dos mil veintidós, respectivamente; quedando comprendido dicho plazo del diecisiete de marzo al seis de abril del año en curso, en el entendido de que el término para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    SE CERTIFICA: QUE SE ENVIÓ AL ARCHIVO EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE LA PROPIA FECHA, HACIENDO ANOTACIÓN DE ARCHIVO EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO Y EN LA CARÁTULA DE ESTE ASUNTO, AL IGUAL QUE EN ESTA ÚLTIMA LA VALORACIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE HACE CONSTAR QUE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRAN DIGITALIZADAS.

  3. Principal

    RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Vista la constancia de notificación signada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito; se advierte que los directos agraviados Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna, ratificaron la demanda promovida en su favor por Carlos Salas Díaz; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. RECEPCIÓN DE INFORME RELATIVO A SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se tiene recibido el oficio JCM/177/2022, signado por el Coordinador de Jueces y Juez Cívico en turno ambos adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden su respectivo informe a la suspensión de plano. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al domicilio y delegados señalados por la autoridad responsable, deberá estar a lo acordado en proveído de trece de marzo del año en curso, en el que se proveyó al respecto. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante señalada en el párrafo que antecede. IMPROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En esa tesitura, el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir a los quejosos en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Expuesto lo anterior, en la especie Carlos Salas Díaz promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación de los directos quejosos Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna, contra actos del Coordinador de Jueces Cívicos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO.- Del C. Coordinador de Jueces Cívicos, se reclama la orden que emitió girada a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras para no dejar en libertad a los quejosos CC. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ EDUARDO LIZÁRRAGA QUINTERO, EDUARDO MENDOZA CRUZ, FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CHON, JESÚS ALEJANDRO SÁNCHEZ IBARRA Y GUADALUPE RODRÍGUEZ LUNA, del área de celdas en el interior del juzgado cívico, sin motivación ni fundamentación legal alguna. De las autoridades responsables ejecutoras se reclama la ejecución que le pretendan dar a la orden emitida por la autoridad responsable ordenadora. Así, en auto de trece de marzo del año en curso, se concedió a los directos quejosos la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata cesaran su detención, y las responsables (i) lo pusieran en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Posteriormente, mediante el oficio de cuenta, el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, y ofrecieron, entre otras, copia certificada de las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenidos a las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos, del doce de marzo del año en curso, al Encargado del Área de Celdas, respecto a los directos quejosos, por "Infracciones contra la tranquilidad y Seguridad de las personas", alterar orden público. 2. Informe policial homologado en el que se puso a los quejosos a disposición del Juez de Barandilla. 3. Exámenes médicos practicados a los quejosos por el doctor Ricardo Bautista Scoott (cédula profesional 1209081). 4. Boletas con folios 483508 a 483513 en las que se asentó que a las dos hora con cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta minutos del trece de marzo del año en curso, respectivamente, los quejosos Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna obtuvieron su libertad. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que los quejosos Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna fueron detenidos a las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos, del doce de marzo del año en curso por "Infracciones contra la tranquilidad y Seguridad de las personas", alterar orden público y que fueron puestos en libertad a las dos hora con cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta minutos del trece de marzo del año en curso. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte de los directos quejosos, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención, incomunicación y malos tratos reclamados, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo promovido por Carlos Salas Díaz en representación de los directos quejosos Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna, contra actos del Juez y el Coordinador de Jueces, ambos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán (denominación correcta), con sede en esta ciudad y otra autoridad.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Carlos Salas Díaz en favor de los directos quejosos Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna, contra los actos que reclaman del Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 182/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se reserva proveer en torno a la admisión de la demanda, hasta en tanto esta sea ratificada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La privación ilegal de la libertad e incomunicación de que se dice son objeto los directos quejosos. SUSPENSIÓN DE PLANO. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Se reclama que los directos quejosos Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna, se encuentran privados de su libertad fuera de procedimiento e incomunicados en los separos del Centro de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en esta ciudad y, refiere el promovente, son objeto de malos tratos por parte de las responsables. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, de la que podría ser objeto el directo agraviado; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE la ejecución de los aludidos actos. Asimismo, de encontrarse Francisco Javier Álvarez Martínez, José Eduardo Lizárraga Quintero, Eduardo Mendoza Cruz, Francisco Javier Espinoza Chon, Jesús Alejandro Sánchez Ibarra y Guadalupe Rodríguez Luna, en calidad de detenidos en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención, (i) poniéndolos en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolos a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlos en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cesen la incomunicación o posibles golpes de que pudiera ser objeto los directos quejosos. SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos del Centro de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo presentada en su favor, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Asimismo, deberá dar fe de su estado físico En la inteligencia de que en caso de no encontrar a en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Naranjas, número 18200, fraccionamiento Villa Universidad 94, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa y como autorizado para tal efecto a licenciado Oscar Mendiola Contreras. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Bajo esas premisas, se tiene señalado el correo electrónico 222rendonyasociados@gmail.com así como el número de teléfono 6691425760, como medios no oficiales de comunicación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 cuando se restablezcan las labores y mientras no continúe vigente el diverso Acuerdo General 13/2020. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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