Eduardo Mendoza Castro

Expediente 563/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
563/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Mendoza Castro
  • Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
  • Arturo Ayala Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Amparo en revisión

    Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por el Juzgado de origen, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le comunicó la resolución dictada en este asunto. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el expediente, del que se advierte que no existen diligencias pendientes por realizar y dado que el asunto se encuentra concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese éste de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo en los términos precisados en la resolución dictada. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintitrés se notificó a la parte quejosa la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, feneció el término de quince días del que disponía para impugnarla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada.

  3. Amparo en revisión

    PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDA. Ampara a la parte quejosa.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés se le dio vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y habiendo transcurrido el término que se le otorgó para tal efecto sin que hubiera manifestado objeción alguna, se procede a hacer pronunciamiento respecto del cumplimiento de la mencionada ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En la ejecutoria en comento, se concedió a la quejosa la protección constitucional para lo siguiente: "(.) lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que reitere las consideraciones que no forman parte de la protección constitucional concedida y partiendo de la base de que la autoridad demandada ordenó la suspensión del pago del salario de la parte quejosa en atención a que se ausentó por más de tres días sin causa justificada, fue separado del cargo que desempeñaba dentro de la corporación policial y al no haberse acreditado la instauración de algún procedimiento en el que se determinara su situación jurídica, determine que dicha separación resulta contraria a derecho y ante la imposibilidad de ordenar su reinstalación en términos de lo previsto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pronuncie sobre al pago de la indemnización a que se refiere el citado numeral." En cumplimiento a lo anterior, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la Sala responsable emitió una nueva sentencia en el juicio de nulidad 18059/21-17-11-8 de su índice, en la que en el considerando tercero ordenó dejar sin efectos la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós y en el considerado cuarto reiteró las consideraciones que no fueron parte de la protección constitucional concedida al quejoso. En el considerando quinto, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo D.A. 563/2022 por este tribunal colegiado, analizó los efectos de la nulidad que se debía decretar en dicha resolución, para lo cual consideró que, aun cuando las autoridades demandadas hubiesen negado la existencia de una resolución en la que se decretara la baja, cese o terminación del nombramiento del actor como elemento de la Guardia Nacional, cierto es que al dar contestación a la demanda, manifestaron que el actor incurrió en inasistencias injustificadas a partir del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, lo que tiene como consecuencia la destitución en el cargo que desempeñaba. Lo anterior, porque la Sala partió de la base de que la suspensión de pagos aplicada a un elemento policial por incumplir la obligación de no ausentarse de sus funciones por tres días consecutivos constituye un incumplimiento a los requisitos de permanencia y tiene como consecuencia la conclusión del servicio por separación; de ese modo, la resolutora determinó que, si la autoridad demandada afirmó que hizo la preventiva de pago por ese motivo y negó la existencia de una resolución de cese o baja, ello presupone la separación del cargo. Además, en el juicio de nulidad la autoridad demandada no acreditó la instauración de algún procedimiento en contra del actor en el que se determinara su situación jurídica, siendo que el cese, baja o separación de los agentes policiales debe constar en una resolución debidamente fundada y motivada; por lo que, Sala determinó que la separación del actor es contraria a derecho y ante la imposibilidad de ordenar su reinstalación en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyó que se debe emitir un pronunciamiento sobre el pago de la indemnización constitucional. Por lo anterior, declaró la nulidad de la resolución impugnada, en la que reconoció la existencia de un derecho subjetivo al actor y condenó a la autoridad demandada al cumplimiento de la obligación correlativa, consistente en el pago de la indemnización respectiva, la cual deberá comprender: i) el pago de tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio; ii) el pago de la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba el servidor público por la prestación de sus servicios; y iii) precisando que dicho pago debe abarcar desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma determinación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. En consecuencia, después de un examen integral de las constancias exhibidas por la responsable, se advierte que cumplió con la totalidad de los lineamientos plasmados en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (habilitando al actuario adscrito a este Tribunal para que de ser necesario practique la diligencia en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º). Así lo proveyó y firma el Magistrado Óscar Palomo Carrasco, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por el Secretario de Acuerdos Daniela Patiño Acosta, quien da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito · 2,004 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano