Eduardo Mendoza Amaya

Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
497/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Mendoza Amaya
  • Lorena del Carmen Ibañez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida, por propio derecho, así como el escrito aclaratorio que la complementa, fórmese expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo; y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden 497-2018-III-B.Ahora, el suscrito Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargado del despacho por Ministerio de Ley, considera que la misma debe desecharse, acorde a lo establecido en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. La parte quejosa, señala que acude con la personalidad reconocida dentro del Expediente 50/2018 del índice del Juzgado Séptimo, de lo Civil por Audiencia de este Distrito Judicial Bravos en carácter de demandado, y destaca como antecedentes de los actos reclamados en su escrito aclaratorio los siguientes: --- Que el doce de enero del dos mil dieciocho, se tuvo por parte del Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, por radicada la demanda promovida por Guadalupe Mendoza Amaya y Gerardo Ubaldo Pedroza Martínez, en contra de los aquí quejosos Lorena del Carmen Ibañez Rodríguez y Eduardo Mendoza Amaya, bajo el expediente 50/2013. Y en la resolución dictada por el MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y REGIONAL, en el toca 135/2018. --- Que el veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, les fue notificada la demanda a los aquí quejosos Lorena del Carmen Ibañez Rodríguez y Eduardo Mendoza Amaya, como demandados, por parte del oficial Notificador adscrito a los Juzgados Civiles del Distrito judicial Bravos. --- Que por auto de primero de febrero del dos mil dieciocho, se les tuvo dando contestación a la demanda mencionada y se les previno a efecto de que señalaran domicilio de las personas que señalaron como litisconsortes, bajo la excepción propuesta de Litisconsorcio pasivo necesario. --- Que por auto de fecha catorce de febrero del año en curso, se les tuvo cumpliendo la prevención establecida en auto de fecha primero de febrero y se admitió la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, la cual se admite sin substanciar artículo y sin suspensión del procedimiento y se señaló que se resolvería en la audiencia preliminar. --- Que el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento resolvió lo conducente a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario interpuesta por los aquí quejosos, como partes demandadas en el juicio natural. --- Que al ser apelada la resolución por los promoventes del amparo, el veintinueve de junio del año en curso, fue confirmada por el Magistrado de la Sala Regional Civil, residente en la localidad en todos sus términos, constituyendo esta resolución de Alzada los actos reclamados. Lo anterior constituye una confesión expresa que la parte promovente hace, en su capítulo de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, la cual así se valora en términos de los dispuesto por los artículos 200, 201 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Materia, Ahora, el contenido del acto reclamado a las autoridades responsables MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA CIVIL REGIONAL, JUEZ SÉPTIMO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS y OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, RESIDENTES EN LA LOCALIDAD y es el siguiente: "LEY O ACTO RECLAMADO.- A).- De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, C. MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA CIVIL REGIONAL CON SEDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, le reclamo la resolución de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciocho, dictada en el Toca 135/2018. B).- De la Autoridad señala como Responsable Ordenadora y Ejecutora, C. JUEZ SÉPTIMO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, le reclamo el cumplimiento que pretenda dar a la resolución dictada por el MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y REGIONAL, en el toca 135/2018. C).- De la Autoridad señalada como Ejecutora, OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS a la Central de Actuarios del Distrito Judicial Bravos, les reclamo el cumplimiento que pretenden dar a la resolución dictada por el MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y REGIONAL, en el toca 135/2018". Así, del contexto de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio que la complementa, los promovente del amparo enfatizan, que la resolución reclamada conculca las garantías constitucionales previstas en su favor en los artículos 14 y 16 Constitucionales. De todo lo anterior se evidencia, que en la especie, contrariamente a lo expresado por la parte promovente, se trata de actos que, por el momento, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución material que sea de imposible reparación; condición ésta que conforme a lo dispuesto en las fracciones II, III y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Ello es de tal manera, que como se indica, al menos hasta este momento, los actos reclamados no tienen una ejecución material que sea de imposible reparación, en la esfera jurídica de la parte quejosa (así se obtiene de la nueva redacción de la Ley de Amparo vigente y de la contradicción de tesis que al final se citará), pues hasta este momento procesal no lo priva de un derecho, bien, posesión o propiedad, y no será sino hasta que materialmente se le conculque algún derecho sustantivo, cuando podría acontecer en su esfera jurídica un perjuicio real actual y cierto, esto es el simple pronunciamiento de la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Civil, residente en la localidad, al confirmar en todos sus términos la resolución apelada por los aquí quejosos de veintinueve de junio del año en curso, en el sentido de que el juez del conocimiento, resolvió lo conducente a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario interpuesta por Lorena Del Carmen Ibañez Rodríguez y Eduardo Mendoza Amaya (como partes demandadas en el juicio natural), quienes en esencia adujeron que en el predio motivo de la demanda propuesta por Guadalupe Mendoza Amaya y Gerardo Ubaldo Pedroza Martínez, fue transmitido en propiedad a Antonia Amaya Quiñonez y que dentro de dicho predio además habita María Estela Mendoza Amaya, para lo cual aportaron los medios de prueba para justificar sus hechos. Que en dicha resolución, también se determinó procedente la excepción de litisconsorcio pasivo necesario para que se llamara únicamente a juicio a María Estela Mendoza Amaya, por cohabitar, ser coposeedora en el bien Inmueble que se reclama en prescripción positiva ubicado en Calle Jesús María Ríos, Número 7935, de la Colonia Revolución Mexicana, en esta ciudad, a quien se le debía notificar y emplazar a juicio con el carácter de litisconsorte. Y en cuanto a Antonia Amaya Quiñonez (que dijeron los aquí quejosos fue parte compradora de los hoy demandados), se determinó por el juez del conocimiento que no se acreditaba dicha circunstancia, porque no bastaba haber indicado datos para tener por realizado el acto traslativo de dominio, por ello, no podía concedérsele un valor de indicio a la documental privada que describían como carta, que expresara la última voluntad de dicha persona, pues en ninguna forma reunía la formalidad que la ley exige para los actos de esta naturaleza, de ahí que, no procedía un llamamiento a juicio, por no actualizarse un litisconsorcio necesario, determinación que fue confirmada por la autoridad aquí señalada como ordenadora. Por lo anterior, el suscrito Secretario Encargado del Despacho por Vacaciones del Titular, considera que los actos reclamados no son actos privativos que produzcan la perdida actual real y cierta de algún derecho sustantivo y que pueda ser, al menos hasta este momento, reclamable en juicio de garantías, por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales. En tal virtud, se impone determinar lo que se ha establecido como actos de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido antes de la reforma a la Nueva Ley de Amparo, el alcance del entonces artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, como del diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual establece que procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación..." y obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, en los siguientes casos: 1. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, 2. Cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Partiendo de esa base, se estima que los actos aquí reclamados no constituyen actos de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no se da ninguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, no afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera), y sus consecuencias tampoco afectan en grado predominante o superior a las partes. En la especie, se estima por quien aquí resuelve, que el hecho de que la autoridad, confirmara la resolución del inferior en los términos que lo hizo, ello no le ocasiona, a los aquí promoventes actos de imposible reparación, porque como partes interesadas, podrían impugnar la infracción de que se trata, a través de los medios de impugnación previstos en la ley o complementar los datos de prueba necesarios que se le indicaron como el aludido contrato de compraventa, porque hasta este momento no se le está privando de un derecho sustantivo propiamente dicho. De ahí que debe desecharse de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada II.1o.C.4 K (10a.), de la Décima Época, Registro 2006576, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, consultable en la página 2075, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguiente rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación". Al tema en trato, igualmente es atinente, la tesis de jurisprudencia número I. 4o. C. J/1, que aparece publicada 829 del Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, y que a la letra dice: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio de que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquellos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento, y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Lo subrayado es de este Juzgado. Reconfirma lo anteriormente determinado, lo resuelto en la Contradicción de tesis 377/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 22 de mayo de 2014. Misma que aparece publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación Decima época, con número de Registro 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece bajo los siguientes rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Lo subrayado es de este Juzgado. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la indebida violación que desestime la excepción de cosa juzgada. No es óbice a lo antes considerado la jurisprudencia 169/2012 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1230, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución dictada en un juicio laboral en la que se determina que no existe litisconsorcio pasivo necesario, en razón del desistimiento de la demanda sólo respecto de alguno o algunos de los demandados, puede impugnarse en amparo indirecto conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque es una resolución que no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, toda vez que impediría a la autoridad jurisdiccional emitir un laudo capaz de vincular a todos los obligados que participan en dicha relación, lo que necesariamente causa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación a los codemandados respecto de los que no se presentó desistimiento expreso, pues los constriñe a concluir un juicio instado en su contra que podría ser innecesario, de resolverse que efectivamente tienen el carácter de litisconsortes pasivos necesarios respecto de quienes el actor desistió expresamente". Dicho criterio jurisdiccional se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que refiere: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Esto es, la jurisprudencia invocada se integró conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde en su artículo 114, fracción IV, disponía: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". Como se advierte del numeral transcrito, en este no se estableció lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, sino que fue en la labor jurisprudencial que se definieron los alcances de ese concepto, en donde se comprendió no solo a los actos que afectaban derechos sustantivos sino también procesales de afectación exorbitante o superior para el agraviado. Así fue que surgieron criterios como el contenido en la jurisprudencia 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo XIII, enero de 2001, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del sumario siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo". En la jurisprudencia invocada se llegó a determinar que, de manera excepcional, también procedía el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad, pues aun cuando estas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, siendo que esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Sin embargo, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el legislador decidió establecer los alcances del término "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; por tanto, resulta innecesario acudir a la interpretación jurisprudencial surgida conforme a la Ley de Amparo abrogada, ya que en la legislación vigente no se contempló a los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, como de imposible reparación, solo aquellos que sí afectan estos últimos. Así, la jurisprudencia relativa al litisconsorcio pasivo necesario en el juicio laboral antes citada, en donde si bien se acepta que no solo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, porque se impediría a la autoridad jurisdiccional emitir un laudo capaz de vincular a todos los obligados que participan en dicha relación, no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, como así lo exige expresamente el artículo 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo, sino que se destacan cuestiones meramente procesales, como lo es el dictado del laudo capaz de vincular a todos los obligados; además, en la jurisprudencia que se comenta, se incluyó un elemento más para determinar la irreparabilidad del acto, consistente en el hecho de que existió un desistimiento de la demanda solo respecto de alguno o algunos de los demandados, y fue en función de los codemandados respecto de los que no se presentó desistimiento expreso, que se evidenció que se les causaba un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, aunque no por alguna afectación material a algún derecho sustantivo -se insiste-, sino porque se les constreñiría a concluir un juicio instando en su contra que podría ser innecesario, de resolverse que efectivamente tienen el carácter de litisconsortes pasivos necesarios respecto de quienes el actor se desistió expresamente. Por lo anterior, el perjuicio irreparable se colocó en función de los demandados por los cuales no se desistió el actor y, en la especie, no ocurre dicha circunstancia, sino que fue el propio demandado quien solicitó que se llamara a juicio a quienes consideró como litisconsortes pasivos necesarios, y se negó tal petición, con lo que en nada se afecta a los derechos sustantivos del quejoso, sino solo de modo procesal. De ahí que la jurisprudencia analizada no se considere vigente en su aplicación al no colmar lo dispuesto expresamente en el artículo 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo. De ahí que, como se dijo, hasta este momento no se materializa de manera real y actual perjuicio alguno en contra de la parte promovente del amparo. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo el Secretario con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Requiérase a las partes para que en caso de exhibir documentación o información reservada con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como medida para asegurar su custodia y conservación. Apercibidas que en caso de no hacerlo como se indica en el párrafo precedente, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (80.60) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejoso, el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de que se dejo aviso de notificación, el veinte del presente mes y año, por no acudir a este juzgado dentro de los días hábiles siguientes de la fecha de aviso de notificación.

  4. Principal

    este Juzgado, advierte irregularidades y puntos obscuros en la misma, razón por la cual se estima necesario prevenir a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días aclaren los siguientes puntos: Para que manifieste, el carácter de actora y/o demandada que tiene en el juicio natural 50/2018, del índice del Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos de esta localidad y en el Toca 135/2018, del índice de la Segunda Sala Civil Regional de esta ciudad. Expongan de manera completa, lógica, cronológica y secuencial, bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los antecedentes que les consten, ya que del capítulo en mención no se hace alusión a Lorena del Carmen Ibañez Rodríguez, y sin embargo, se establece ".Notificados que fuimos los suscritos." Exhiban nueve copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes. Tiene aplicación a lo anterior, por similitud jurídica, la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), con registro 2010471, de la Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia Común, visible en la página 713, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable". Asimismo, se hace del conocimiento a los promoventes, que lo anterior deberá ser efectuado bajo protesta de decir verdad, conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, puesto que conducirse con falsedad se procederá a lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, del citado cuerpo legal, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u OMITA LOS QUE LE CONSTEN EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y(.)" (Lo resaltado es propio).Prevención que se hace en base en el dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no cumplirse con el requerimiento de aclaración, la demanda de amparo se tendrá por no presentada. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda y para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que proponen.Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano