Eduardo Medina Perez
Expediente 323/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Eduardo Medina Perez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual acusa de recibo del oficio 6948/2016 derivado del juicio de amparo 323/2016-1A, promovido por Eduardo Medina Pérez, del índice de este órgano jurisdiccional, al cual se anexó copia de la boleta de turno, escrito inicial de demanda, así como cuarenta y cuatro copias de la misma, indicando que aceptaron la competencia declinada y se avocó al conocimiento de dicho juicio de amparo, registrándose con el número 930/2016-IV-A. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo el cual se remitió a otro órgano jurisdiccional por incompetencia, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. INCOMPETENCIA Vista la demanda de amparo que promueve EDUARDO MEDINA PÉREZ, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 323/2016-1A. Toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo, previamente, se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por el promovente da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de reclamo, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ante la circunstancia anterior, el artículo 38 de la Ley de Amparo refiere: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El numeral trascrito dispone que contra actos dictados por un Juez de Distrito es competente para conocer de la demanda de amparo otro de la misma categoría dentro de la misma jurisdicción, si lo hubiere, y si no, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal de Circuito a que pertenezca el Juez. Como se anticipó, en la demanda de amparo el quejoso señaló dentro de las autoridades responsables al presente órgano de control Constitucional. Por tanto, al tener este Juzgado el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que es claro que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Por tanto, dicha competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, radica en el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado en Turno, residente en Tijuana, Baja California; toda vez, que acorde al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado de Distrito de que se trata, es el más inmediato dentro del Décimo Quinto Circuito, sobre el que ejercen competencia territorial los Tribunales Colegiados del citado circuito, al que pertenece este Juzgado. Cobra aplicación al caso en concreto, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, Página 75, que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato". En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 38, así como el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de que se trata, pues en el caso no se está en presencia de una causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino, de un motivo de incompetencia legal conforme al artículo 38 del citado ordenamiento legal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase el juicio de amparo 323/2016-1A del índice de este Juzgado al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado en Turno, con sede en Tijuana, Baja California previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad para los efectos legales procedentes. Apoya lo anterior la Jurisprudencia número P./J. 44/2001, quye emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, del Tomo: XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Sin que sea el caso proveer respecto a la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, toda vez que el acto de reclamo no se encuentra entre los supuestos que se establecen en el artículo 48 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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