Eduardo Martínez Velasco y Otros.

Expediente 326/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
326/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Martínez Velasco y Otros.
  • Eduardo Martínez Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de once de marzo de este año (fojas 10 a 13), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Eduardo Martínez Velasco y Jaime López Vásquez, presidente y síndico procurador del Municipio de San Vicente Nuñu, Teposcolula, Oaxaca, se le hizo el dieciocho de marzo del año en curso (foja 15), notificación que surtió efectos el diecinueve siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del veinte al veintiséis de este mes y año, sin que interpusieran dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo se reclamó la resolución emitida en el recurso de queja relativa al juicio de nulidad 292/2013, de índice de la citada autoridad responsable y la ejecución de dicha determinación, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Eduardo Martínez Velasco y Jaime López Vásquez, presidente y síndico procurador del Municipio de San Vicente Nuñu, Teposcolula, Oaxaca, contra actos de la magistrada de la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y otras autoridades, residentes en esta ciudad, presentada ayer en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y en este órgano jurisdiccional; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 326/2015 que le corresponde. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se considera que dicha demanda debe desecharse porque existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, no existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. De la lectura íntegra de la demanda de amparo origen de este expediente, se advierte que debe desecharse en razón que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 6 y 7 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente:[ . ] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte del alguna otra disposición de la ley". "Artículo 6º.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 7º.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, señala: "ARTICULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". De la lectura de los preceptos citados en concordancia con la naturaleza y fines del juicio de amparo, se arriba al conocimiento que éste únicamente procede contra actos de autoridad que violen o vulneren las garantías individuales, y que dicho juicio puede promoverse únicamente por las autoridades, cuando el acto reclamado afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Así, el amparo que se promueve se torna improcedente; toda vez que la parte quejosa en esta instancia, Eduardo Martínez Velasco y Jaime López Vásquez, presidente y síndico procurador del Municipio de San Vicente Nuñu, Teposcolula, Oaxaca, reclaman de la magistrada de la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y otras autoridades, residentes en esta ciudad, la resolución emitida en el recurso de queja relativa al juicio de nulidad 292/2013, de índice de la citada autoridad responsable y la ejecución de dicha determinación; al efecto, debe decirse que tales actos, no afectan los intereses patrimoniales de la parte quejosa, requisito que exige el precepto 7, de la ley de la materia, para la promoción del juicio de amparo por parte de las personas morales oficiales. Por ende, es inconcuso que las personas morales oficiales que ejercen esta instancia carecen de legitimación para acudir al juicio de amparo, porque no se afectan sus intereses patrimoniales, lo que hace improcedente la acción intentada. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías de que se trata. Sobre este aspecto, cobra vigencia cobra vigencia la jurisprudencia número XV 2° J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 715, cuyo rubro es: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES". Asimismo, por su contenido, la jurisprudencia XXI 2º PA J/31, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a página mil trescientos treinta y cuatro, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creó el juicio de amparo como un medio de control constitucional que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales, lo que pone de manifiesto que, por regla general, únicamente procede contra actos de autoridad que entrañen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos; la excepción a dicha regla se prevé en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme al cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales; el origen de tal excepción radica en que el Estado, como persona moral oficial puede obrar con doble carácter: como ente dotado de poder público y como persona moral de derecho privado; en la primera hipótesis, su acción proviene del ejercicio de las facultades con que se halla investido y, en la segunda, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en igual forma que los individuos. Sin embargo, esta excepción no se actualiza cuando en un juicio contencioso administrativo, cuya finalidad es sustanciar y resolver las controversias que en materia administrativa y fiscal se plantean entre los particulares y las autoridades, se demanda la nulidad de actos emitidos por éstas, si actuaron como entes dotados de poder público con el que se hallan investidos al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto impugnado; por ende, las personas morales oficiales carecen de legitimación para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal si lo hacen como partes demandadas en el procedimiento mencionado y no en defensa de sus intereses patrimoniales". Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en los términos que cita para los efectos que refiere en su demanda de cuenta a las personas que menciona; lo anterior, por así solicitarlo expresamente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano