Eduardo Martínez Leyva
Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eduardo Martínez Leyva
Actuaciones
- Principal
I.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE JUZGADO A FIN DE QUE LE SEAN DEVUELTOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EXHIBIDOS EN ESTE JUICIO.
- Principal
III.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE JUZGADO A FIN DE QUE LE SEAN DEVUELTOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EXHIBIDOS EN ESTE JUICIO.
- Principal
V.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 192, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE, EN EL TÉRMINO SEÑALADO, INFORME LO REQUERIDO O INFORME EL IMPEDIMENTO LEGAL. BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA.
- Principal
I.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Villahermosa, Tabasco, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Radicación Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Martínez Leyva, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el índice 787/2023-I, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registró 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acto reclamado. En este orden de ideas, de inicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual consiste en: - La omisión de acordar el escrito de trece de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 516/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Postura de este órgano jurisdiccional En relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 éste último, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo a la parte quejosa. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional en relación con el 6 de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos del quejoso. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6 de la Ley de la Materia, que estatuyen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primero de los artículos transcritos, se desprende que, para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el juicio de amparo como un medio de defensa de los derechos sustantivos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. En el caso concreto, se reitera que el quejoso se duele de la omisión de acordar el escrito de trece de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 516/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Cabe precisar, que del análisis de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que presentó un escrito ante la responsable el trece de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 516/2020, sin que a la fecha haya emitido pronunciamiento alguno al respecto. A tal aseveración se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo señalado en el diverso 2, párrafo segundo. Es aplicable en lo conducente y por el criterio que sostiene, en el sentido que la demanda es un todo, la jurisprudencia 2a. /J. 55/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así mismo, es aplicable el criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable a páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto es: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Ahora, al dolerse el promovente de la omisión por parte de la responsable, de atender el escrito de trece de marzo del presente año, dentro del expediente laboral 516/2020, es de traer a colación el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo1 , de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, por disposición expresa de su numeral 8; el cual establece que la autoridad laboral se encuentra legalmente obligada a dictar el acuerdo respectivo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en que se recibió la promoción en comento. Además, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Orienta lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h, Materia Laboral, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a. /J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Al respecto, es dable precisar que la Jurisprudencia transcrita es aplicable al caso concreto, en donde el acto reclamado consiste en una omisión dentro de la etapa de ejecución, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se está en la hipótesis de una abierta dilación o paralización total del asunto, cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la Junta debía pronunciar proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, sin distinguir que tal criterio sólo sea aplicable para la etapa de juicio. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el plazo razonable para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, lo hizo sin distinción de la etapa procesal en la que se encuentre el asunto de origen; en virtud de que, las dificultades que enfrentan la mayoría de los órganos jurisdiccionales en el País acontecen durante el juicio así como en el periodo de ejecución, de ahí la aplicabilidad de la jurisprudencia citada con antelación. Aunado a que, la emisión de dicho criterio jurisprudencial obedeció a la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proporcionar un estándar mínimo objetivo, que ofreciera seguridad jurídica a las partes en un procedimiento laboral, tal como se desprende de la transcripción realizada previamente. Conforme a lo expuesto, es dable concluir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, dado que el quejoso manifiesta que el Tribunal responsable ha sido omiso en acordar el escrito de trece de marzo del presente año, dentro del expediente laboral 516/2020, de su índice. Sin embargo, aún no han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo, en el que la junta debió pronunciarse en relación al escrito de trece de marzo del presente año, dentro del expediente laboral 516/2020, ya que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil; por tanto, es evidente que la omisión de que se duele el quejoso, no le irroga perjuicio alguno a la fecha de la presentación de la demanda. En efecto, en el caso, la parte quejosa sostiene que el Tribunal responsable se encuentra pendiente de pronunciarse en relación al escrito presentado el trece de marzo del presente año, dentro del expediente laboral 516/2020, el cual, en términos del artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, debió acordarse dentro de los dos días siguientes (cuarenta y ocho horas), esto es, el quince de marzo del presente año, fecha a partir de la cual, deben empezar a computarse el término de cuarenta y cinco días naturales a que se hace referencia; por lo que, el referido plazo de cuarenta y cinco días naturales que establece la jurisprudencia antes citada, para considerar procedente el juicio de amparo, por la dilación de referencia, fenece el veintinueve de abril de dos mil veintitrés; de ahí que, como se dijo, si la demanda fue presentada (diecinueve de abril de dos mil veintitrés) antes que iniciara el plazo correspondiente, la demanda de amparo, por la omisión que reclama, resulta improcedente. Conclusión. En consecuencia, es indudable que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este asunto.
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