Eduardo Martínez Gonzalez

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Martínez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que fue devuelto sin diligenciar el exhorto 117/2021, de su índice, formado con motivo del diverso 338/2021 (orden 356/2021), derivado del juicio de amparo en que se actúa, en el que se solicitó notificar al quejoso Eduardo Martínez González, el auto de nueve de julio del año en curso, en virtud de lo anterior, el oficio que se acuerda agréguese al presente asunto para debida constancia legal, toda vez que por auto de veintiséis de octubre del año en curso, se acordó sobre la recepción del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Eduardo Martínez González, a través de su apoderado legal Néstor Cruz Reyes, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Devolución de constancias. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 644/2021 Devuélvase al Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, el original del juicio de amparo directo 771/2021, así como el expediente J.9/864/2017, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 644/2021 Amparo indirecto 644/2021 ??????A???????? Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual solicita se le informe si a la fecha ha quedado firme el auto de nueve de julio del año en curso, en virtud de lo anterior, hágase del conocimiento del tribunal oficiante, que por auto de veintiséis de octubre del año en curso, se ordenó notificar al quejoso dicho proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal el veintisiete del mes pasado, por lo que a la fecha el término de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra de dicho auto se encuentra transcurriendo, por lo que una vez que quede firme el mismo, se le hará de su conocimiento para debida constancia legal. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 117/2021, de su índice, formado con motivo del diverso 338/2021 (orden 356/2021), derivado del juicio de amparo en que se actúa, en el que se solicitó notificar al quejoso Eduardo Martínez González, el auto de nueve de julio del año en curso. Sin que haya lugar acusar el recibo de estilo correspondiente, toda vez que el mismo se genera a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, y toda vez que la comunicación oficial se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el citado auto de nueve de julio del año en curso, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese. EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE... Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Recepción de incompetencia y nos avocamos al conocimiento. Por recibido el oficio 1499-A, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual remite a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el original del juicio de amparo directo D.T. 771/2020, de su índice, promovido por Eduardo Martínez González, a través de su apoderado legal Néstor Cruz Reyes, así como el expediente J.9/864/2017 del índice de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por carecer de competencia legal para conocer del mismo; hágase del conocimiento del homólogo declinante que este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. De igual forma, como lo solicita el Tribunal oficiante una vez que quede firme el auto que resuelva el amparo solicitado, devuélvanse las constancias remitidas, a fin de que se encuentre en posibilidad de pronunciarse en relación al acto reclamado consistente en el auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó el archivo del expediente J.9/864/2017 del índice de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como asunto total y definitivamente concluido. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Martínez González, a través de su apoderado legal Néstor Cruz Reyes, contra actos que reclama de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 644/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el caso a estudio los actos reclamados respecto de los cuales se pronunciará este juzgado consisten en los autos de dos de abril de dos mil diecinueve y cinco de agosto de dos mil veinte, dictados por la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dentro del expediente J.9/864/2017. En relación con el proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto fue materia del juicio de amparo 529/2019, del índice de este Juzgado Federal,1 el cual fue promovido por Néstor Cruz Reyes, quien se ostentó como apoderado legal del quejoso Eduardo Martínez González, en contra del mismo acuerdo de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán, Estado de México. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, es necesario tomar en cuenta lo que dispone el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones constitucionales sean 1 El cual se tiene como hecho notorio. diversas. En tal virtud, téngase a la vista el juicio de amparo 529/2019 como hecho notorio de conformidad con la jurisprudencia 25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, cuyo rubro y contenido son los siguientes: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. De tal modo, del juicio de amparo 529/20192 se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, luego por diverso de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se tuvo por cumplido el fallo protector el ocho de enero de dos mil veinte. Por lo que, se pone de manifiesto que el acto reclamado consistente en el auto de dos de abril de dos mil diecinueve, ya fue materia de estudio en un diverso juicio, mismo que ha causado ejecutoria, por lo que evidentemente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número V. 2o. 215 K, visible en la página 256, Tomo: XIV, Septiembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual se cita porque no se opone a lo establecido por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya 2 El cual se tiene como hecho notorio. que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Por otra parte, en relación con el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, cabe precisar que este únicamente tuvo como fin notificar de manera personal al quejoso diversos proveídos, entre ellos el de uno de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó el archivo del expediente J.9/864/2017 del índice de la responsable como asunto total y definitivamente concluido; en ese sentido, se estima que la determinación que se controvierte no le causa ningún perjuicio ya que únicamente se tomó una medida de forma oficiosa para hacerle de su conocimiento varios acuerdos al percatarse la responsable que no había ordenado debidamente su notificación; por lo que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. El precepto en comento dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]. Con motivo de la reforma constitucional publicada el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, el principio de parte afectada en el juicio de amparo sufrió una transformación en cuanto al tipo de interés requerido para la promoción de la referida instancia constitucional, pues con anterioridad a aquellas modificaciones legislativas era necesario acreditar, en todos los casos, el "interés jurídico"; sin embargo, a partir de la entrada en vigor de tales disposiciones se establecieron los siguientes supuestos de procedencia: a) Cuando se aduzca ser titular de un derecho (interés jurídico); o b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". No está por demás señalar que el Constituyente Permanente realizó una acotación en relación con los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico", excluyendo de esos casos el "interés legítimo". Lo anterior, se traduce en que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que el quejoso debe acreditar el "interés jurídico", es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido, sin que en esos casos aplique la connotación del "interés legítimo". En cambio, en el segundo supuesto cuando el administrado aduce contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta acción el particular pretende defender, principalmente, derechos difusos o colectivos. De esa manera, uno de los principales objetivos pretendidos con la aludida reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, fue precisamente permitir el acceso a la justicia, vía juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento constitucional en defensa de sus intereses. El interés legítimo para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del peticionario, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio general el mencionado, así como en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que es insuficiente, para acreditar el dicho interés en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de llevarla a cabo; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el sólo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés legítimo cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Lo anterior, conduce a la conclusión de que la procedencia de la acción de amparo está condicionada al cumplimiento de dos exigencias: tener un interés legítimo y acredita su afectación. En esa línea de pensamiento, conviene señalar que el acto reclamado auto de cinco de agosto de dos mil veinte, no crea, modifica o extingue algún derecho del que sea titular el gobernado, ni se desconoce o reconoce alguna situación jurídica concreta en su perjuicio, ya que únicamente tuvo como fin notificarle de manera personal diversos proveídos. Es importante significar que al acudir al juicio de amparo el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que el quejoso aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Sobre esas premisas, es patente que el quejoso debió acreditar que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si ésta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sin embargo, la referida actuación, en todo caso se considera que fue emitida en pro del gobernado ya que a través de este se ordenó la notificación que le dio oportunidad para reclamar el proveído por el que se ordenó el archivo del juicio laboral de origen, mediante amparo directo. En consecuencia, al haberse evidenciado que el auto de dos de abril de dos mil diecinueve, ya ha sido reclamado en el juicio de amparo 529/2019, y el de cinco de agosto de dos mil veinte, no causa ningún perjuicio al interesado, es indudable que se cumple con tales requisitos, actualizándose las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XII, en relación con el diverso 113, todos de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. No ha lugar a tener como domicilio el que señala en el escrito de demanda ubicado en Rafael Lucio, número 150, interior 101-A, colonia Doctores, código postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, debido a que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por lo que se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione uno dentro de la residencia de este órgano, apercibido que de no hacerlo se le harán las subsecuentes por medio de lista, incluso las de carácter personal. En ese sentido, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio del quejoso Eduardo Martínez González, y proceda a notificarle de manera personal la presente determinación, en el domicilio ubicado en Rafael Lucio, número 150, interior 101-A, colonia Doctores, código postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y a las personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hoe/Ayuda Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. De igual forma, en atención a lo solicitado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, una vez que cause estado la presente determinación devuélvase el original del juicio de amparo directo D.T. 771/2020, así como el expediente J.9/864/2017 del índice de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese....MESA 4

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