Eduardo Martinez García y Otros.

Expediente 986/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
986/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Martinez García y Otros.
  • Eduardo Martinez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... De las constancias que anteceden, se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en turno, con la finalidad de llevar a cabo la testimonial a cargo de la persona moral "********************" Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal. Para dar margen a su diligenciación, se difiere la continuación de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS....

  2. Principal

    Juzgado acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante el cual acusa recibo del diverso 23805 por el cual le fue notificado el auto donde este órgano jurisdiccional asumió la competencia declinada y se avocó al conocimiento del juicio de garantías. Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guanajuato; mediante el cual cumple el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre de mil veintitrés; para tal efecto, indica que designó a Carlos Eduardo Mendoza López, para que funja como defensor público federal de los quejosos en el juicio de amparo. Déjese sin efectos el apercibimiento decretado en autos, y estese a lo acordado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés en el que se tuvo a dicho profesionista por aceptando el cargo conferido.

  3. Principal

    León, Guanajuato, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Defensor público acepta cargo, solicita acceso al expediente electrónico y señala domicilio. Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual el defensor público Carlos Eduardo Mendoza López informa que fue designado por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guanajuato, para ejercer el cargo de defensor público y acepta el cargo conferido. El citado defensor expresamente autorizó las formas de comunicación y consulta del expediente que se precisarán enseguida; en el entendido que de señalar simultáneamente domicilio físico y usuario electrónico para recibir notificaciones personales, se le dará preferencia a la segunda modalidad, por considerarse la forma de comunicación más ágil entre el órgano jurisdiccional y el justiciable: Asimismo, téngase designada la dirección de correo electrónico que indica, para establecer el contacto respectivo con el citado defensor en los casos que se estime necesario. Finalmente, se ordena notificar al referido defensor público el auto de desechamiento de siete de septiembre pasado, para los efectos a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------- En cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se notifica al defensor público federal el auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, que en resumen dice: "León, Guanajuato, siete de septiembre de dos mil veintitrés. JUZGADO DECLINA COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 14326/2023 signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, del que se advierte que en auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el amparo ******************** de su índice, dicho órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************y ********************, por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en turno; comunicado al cual acompañó: Original del juicio de amparo ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de dicho asunto. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial así como a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se precisa que el acto reclamado consiste en: La orden de traslado de los peticionarios del Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", a diverso centro penitenciario así como su ejecución. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos al primero de los mencionados, esto es, a ******************** lo anterior, sin perjuicio de que sea sustituido con posterioridad. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por********************y otras personas, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número doce "CPS- Guanajuato" y otras autoridades. En el caso, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consistente en que resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución que en esta instancia reclama, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes antes de solicitar la protección de la justicia federal. Como se destacó, en el caso, la parte peticionaria reclama: La orden de traslado del lugar en donde se encuentra recluido, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPSGUANAJUATO" a un diverso centro de reclusión así como su ejecución. Dicho acto, en su caso, debe ser impugnado a través de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal o a través del recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción VII que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé para ello, según la clase de traslado de que se trate. Los citados preceptos establecen: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) Acorde con dichos numerales, las cuestiones relacionadas con los traslados pueden ser impugnadas a través de la controversia judicial y del recurso de apelación, por medio del cual pueden ser confirmadas, modificadas o revocadas. El primero de ellos porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Además, el último párrafo del citado artículo 117 prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. De tal manera que, en contra la orden de traslado en la que únicamente intervienen las autoridades administrativas sea urgente o involuntario procede la de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto son aplicables en el asunto que nos ocupa la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) y la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad." Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Ahora, en el caso de que no se estuviera en presencia de una determinación discrecional administrativa (traslado urgente o involuntario) si no en el caso de un traslado ordenado por un Juez de Ejecución, la Ley prevé también un mecanismo de defensa para interponerse en su contra, siendo este el recurso de apelación. Dicho recurso debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. En ese sentido, puede afirmarse que la parte peticionaria interpuso el presente juicio de amparo, ya que en el centro de reclusión en que se encuentra se han realizado comentarios de que habrá un traslado masivo por parte de autoridades administrativas a lugar de internamiento diferente. De ahí la obligación del peticionario de agotar en uno u otro caso, la controversia judicial tratándose de un traslado ordenado por autoridades administrativas o el recurso de la apelación cuando este fue ordenado por un Juez de Ejecución previo a promover el juicio de amparo, en la medida de que no se ubica el caso en algún supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en la propia fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, o bien la fracción XVIII de ese artículo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, lo que se precisa solo a mayor abundamiento, toda vez que de la relatoría de antecedentes no se desprende que el quejoso reclame una determinación de este último tipo. Precisado lo anterior, se considera entonces que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de recursos que proceden con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que esta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Es importante precisar que las disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así, al materializarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. SE REQUIERE DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO. En virtud de las circunstancias particulares del presente asunto y en razón de que la parte quejosa se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Federal número 12 "CPS Guanajuato", requiérase a la Delegación de la Defensoría Pública Federal en el Estado de Guanajuato, para que en el plazo de TRES DÍAS, designe abogado a los peticionarios para que les sea brindada una adecuada defensa en relación con el acto que reclaman. Envíese copia de la demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." En la inteligencia que de no cumplir con ello, o bien omita informar el impedimento legal o material que tenga, habrá la necesidad de imponerle multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación."

  4. Principal

    Representante común de la parte quejosa interpone recurso de queja. Agréguese la constancia de cuenta, en la que el fedatario judicial adscrito hizo constar que el once de septiembre de dos mil veintitrés notificó personalmente Eduardo Martínez García, representante común de los quejosos el proveído de siete de septiembre pasado, oportunidad en la que manifestó: "Quedo enterado del auto que se me notifica, si me entregaron copia; asimismo, interpongo recurso de queja, siendo todo lo que deseo manifestar." En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a, 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido recurso. De conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón a que en el caso concreto se reclama el auto en que se desechó la demanda, por lo que no existen diversas partes a las cuales se deba notificar la interposición del recurso de cuenta, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, en el que se sostenga la legalidad de la determinación impugnada y remítase como sustento copia certificada del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, para la tramitación del recurso de queja respectivo, así como el original del escrito de agravios y copia para el agente del Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada.

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