Eduardo Manuel Sandoval Bustamante

Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1358/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Manuel Sandoval Bustamante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Queja infundada. La Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, devuelve el original del presente juicio de amparo indirecto 1358/2023-VII, remite vía interconexión la ejecutoria de quince de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, que en su punto resolutivo establece: ÚNICO. Es infundada la queja. Se toma conocimiento de la ejecutoria; acúsese recibo del testimonio del recurso de queja y del cuaderno principal del presente juicio de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa la determinación del tribunal de alzada. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) IV. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad manifiesta imposibilidad. Agréguese a los autos el oficio del secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se le solicitó aclarara el monto sobre el cual se realizó la retención de impuestos correspondiente, en relación con el pago que debió efectuarse a la parte quejosa, por las razones que expone en su comunicado de cuenta. Asimismo, remite copia certificada del oficio SSC/COMISIÓN-1121/2023 por el que solicitó a Claudia Cote Gómez, Enlace Administrativo de la Secretaría Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, realizara la retención de impuestos a que hubiera lugar. Se toma conocimiento de lo anterior. Al respecto, resérvese hacer el pronunciamiento que corresponda hasta que el Director de Recursos de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Municipio de Puebla -autoridad vinculada- dé cumplimiento al requerimiento efectuado en el referido acuerdo de veintiuno de agosto. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto que declaró el cumplimiento parcial y sin materia; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado auto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: ... III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, en el que desahogó la vista concedida únicamente la parte quejosa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Mediante sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "VII. DECISIÓN Al resultar fundados los argumentos de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es concedes la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: La Presidenta Municipal de Atlixco, Puebla: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje sin efectos el oficio ********************de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se declaró legalmente incompetente para dar respuesta el escrito de petición. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y dentro del plazo de tres días, emita una contestación de manera fundada y motivada a los puntos contenidos en la solicitud de los quejosos de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; partiendo de las premisas y consideraciones contenidas en este fallo en las que se precisó que tiene competencia en materia de saneamiento en dicha demarcación En la inteligencia que el derecho de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre la solicitud que se le formule, mas no a que se dicte conforme a sus pretensiones. Notifique la respuesta a los quejosos. Por cuanto al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, Puebla, En el plazo de tres días, de manera fundada y motivada, deberá responder la solicitud de los quejosos contenida en el escrito presentado el dieciocho de octubre dos mil veintiuno. En la inteligencia que el derecho de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre la solicitud que se le formule, mas no a que se dicte conforme a sus pretensiones. Notifique la respuesta a los quejosos." Ejecutoria. Mediante acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, el Director General y Representante legal del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del Atlixco, "SOAPAMA", remitió copia certificada del oficio ********************, emitido el quince de junio del año en curso y su notificación, y este órgano jurisdiccional se reservó el acuerdo respectivo hasta en tanto la sentencia de mérito causara ejecutoria. En ese orden, es necesario precisar que la solicitud de los quejosos fue a fin de que se realizara lo siguiente: Pedir al Gobernador y a la Comisión Nacional del Agua, que se incluyera a la Barranca del Muerto y del Carmen, en el Plan de Rescate y Saneamiento del Rio Atoyac. Pedir a la Comisión Nacional del Agua, la imposición de una multa al Sistema Operador de Atlixco y se le obligara a reactivar la operación de los colectores marginales de las barrancas del Muerto y del Carmen. Obligar al Sistema Operador de Atlixco y a la moral ********************, al funcionamiento permanente de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Obligar a la moral ********************, a fin de que instale los filtros correspondientes para evitar la contaminación del aire Ahora bien, en el oficio ********************, emitido el quince de junio del año en curso, se advierte que la autoridad responsable Director General y Representante legal del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del Atlixco, "SOAPAMA, dio contestación de los quejosos a su escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y realizó la notificación respectiva, tal como se advierte de la siguiente reproducción: Así, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, se le dio vista a las partes con el cumplimiento dado por una de las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de diecisiete de julio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio de la diversa autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, al cual adjuntó copia certificada del comunicado ******************** de siete de julio del año en curso, del que se advierte lo siguiente: Que dejó insubsistente el oficio ********************, de dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dio contestación a la solicitud de los quejosos; y, Posteriormente, mediante oficio ******************** de veintiséis de julio del actual, la Presidenta responsable remitió copia certificada de la notificación del oficio ********************realizada a ********************, el veinticinco de julio del año en curso. Cumplimiento. Con base en lo expuesto, se estima que los efectos de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo se encuentran cumplidos, ya que las autoridades responsables emitieron una respuesta a la petición de la parte quejosa, mediante oficios ******************** y ********************y, notificación dicha determinación; por tanto, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables, demostraron haber dado cumplimiento a la ejecutoria; lo anterior sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo Manifestaciones de la parte quejosa. No resultan obstáculo a lo anterior las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, al desahogar la vista concedida en acuerdos de veintinueve de junio y veintiocho de julio de dos mil veintitrés; al respecto, se procede a dar contestación en los siguientes términos: En primer término, la parte quejosa en esencia controvierte la contestación emitida por parte de las autoridades responsables, esto es, no está de acuerdo con las respuestas emitidas mediante los comunicados ******************** y ********************por lo que consideran necesario que se realice lo siguiente: No se tenga a las autoridades dando cumplimiento y se requiera nuevamente a fin de que se pronuncien al respecto las autoridades responsables. Se de vista a la Directora Local de Puebla de la Comisión Nacional de Agua, a fin de que pida a la Presidenta responsable un informe respecto de la versión contenida en el oficio ********************[sic]. Solicita se ordene una inspección judicial en el lugar de los hechos para corroborar la existencia física del Colector Marginal de la Barranca del Muerto. En ese sentido, cabe destacar que los argumentos del justiciable esencialmente están encaminados a controvertir la legalidad de la respuesta dada por las autoridades responsables. Sin embargo, no debe soslayarse que la concesión de la protección constitucional únicamente se otorgó para que las autoridades responsables emitieran una respuesta en relación al escrito del quejoso presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, partiendo de la base que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que le formulen mas no a que se dicten conforme a sus pretensiones. Por lo tanto, es claro que las respuestas emitidas mediante oficios ******************** y ********************escapan a los efectos de la sentencia amparadora, ya que constituyen dos nuevos actos que no se analizaron en el fallo, por lo que si los argumentos de la parte quejosa pretenden combatir los motivos y fundamentos de dichas respuestas, esa cuestión debe desestimarse. Así es, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la sentencia de amparo sólo obligaba a las autoridades responsables a que dieran respuesta de forma congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso como lo exige el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. Lo anterior, debido a que el derecho de petición únicamente garantiza que la autoridad otorgue una contestación, sin que exista obligación que la misma sea en un determinado sentido, siempre que sea congruente y que se encuentre fundada y motivada, como sucede en el caso concreto. Al respecto, existe el siguiente criterio jurisprudencial de la SCJN: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." No sobra decir que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto de la necesidad de distinguir entre el derecho de petición -y su respuesta- y el acto administrativo, pues del primero ha dicho que es la vía mediante la cual los ciudadanos informan al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos, es decir, sólo tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún resultado específico, en tanto que el segundo, como ya se dijo, consiste en la declaración de voluntad por parte de un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, el cual puede emanar de forma unilateral, o bien derivado de una procedimiento administrativo -entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la emisión del acto administrativo-, que emana a instancia del particular. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la siguiente tesis aislada: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." Por lo tanto, en el supuesto de ser desfavorable la respuesta a los intereses de la parte promovente, podrán orientar su defensa en la vía recursal o jurisdiccional que legalmente proceda. Ahora bien, respecto de las peticiones precisadas en los incisos B) y C) no es dable acordar de conformidad sus peticiones, toda vez que como se demostró en párrafos precedentes, la Presidenta responsable sí dio cabal cumplimiento al fallo protector emitido, procediendo a emitir la respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y notificándole dicha determinación. Así, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con las constancias antes señaladas, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haber dado contestación a la parte quejosa como se ordenó en la sentencia emitida, por lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Conclusión. Por todo lo anterior, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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