Eduardo Manuel Escobedo Villalón

Expediente 569/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
569/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Manuel Escobedo Villalón y Otros.
  • Eduardo Manuel Escobedo Villalón

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. De autos. Visto el estado que guardan los autos específicamente de la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que en proveído de veintiocho de abril del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que compareciera con los documentos que se le indicaron en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas, apercibida que de no hacerlo en un lapso prudente, se denotaría su desinterés y se daría vista a las partes para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con las constancias y datos que hayan sido aportados hasta el momento. De lo anterior, se desprende que ha transcurrido un plazo prudente otorgado a la parte quejosa, para que compareciera con los documentos que se le indicaron en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas, toda vez que se advierte que dicho quejoso fue notificado por lista el nueve de mayo del año en curso, sin que a la fecha haya desahogado la vista otorgada. Consecuentemente, con lo narrado en párrafos que anteceden se ordena hacer efectivo el apercibimiento dictado en proveído de veintiocho de abril del año en curso, esto es; dar vista a las partes para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con las constancias y datos que hayan sido aportados hasta el momento. Se ordena dar vista. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Eduardo Manuel Escobedo Villalón, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 569/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, promovido por los apoderados jurídicos de José Alejandro Escobedo Santillán, por el cual la responsable determinó que no resulta procedente la petición del quejoso en sentido de sobreseer el citado juicio, en el cual gestionó en su carácter de heredero de la sucesión a bienes del ahora extinto José Alejandro Escobedo Santillán, número de expediente 752/2015, por no ser el representante legal de este último juicio, pues el cargo de albacea recae en diverso heredero; y, El acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitido en el citado juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, por el cual la responsable determinó que no resulta procedente tener al quejoso realizando gestión alguna en el juicio, específicamente con la interposición del recurso de apelación interpuesto en contra del citado proveído de dieciocho de abril del año en curso, por las mismas razones dadas en dicho auto. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que en relación con los actos reclamados atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, promovido por los apoderados jurídicos de José Alejandro Escobedo Santillán, por el cual la responsable determinó que no resulta procedente la petición del quejoso en sentido de sobreseer el citado juicio, en el cual gestionó en su carácter de heredero de la sucesión a bienes del ahora extinto José Alejandro Escobedo Santillán, número de expediente 752/2015, por no ser el representante legal de este último juicio, pues el cargo de albacea recae en diverso heredero; así como en contra de la diversa determinación de veintiocho de abril siguiente, en la cual la responsable determinó que no resulta procedente tener al quejoso realizando gestión alguna en el citado juicio, específicamente con la interposición del recurso de apelación interpuesto en contra del citado proveído de dieciocho de abril de esta anualidad, por las mismas razones que dio en dicho auto. Es decir, el quejoso acude a esta instancia constitucional por considerar que la negativa del Juez Segundo Civil a tenerle por hecha la solicitud de sobreseer el juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, promovido por los apoderados jurídicos de José Alejandro Escobedo Santillán, y dar trámite al recurso de apelación que hizo valer en contra de esa determinación. Además, en su escrito de demanda refiere que en el citado sucesorio, al resolverse la primera sección se declaró a la sucesión a bienes de José Alejandro Escobedo Santillán, hijo post-muerto de la autora de la sucesión, como única y universal heredera de los bienes, derechos, cargas y obligaciones que en vida pertenecieron a la de cujus. Asimismo indica que su comparecencia en ese intestamentario lo es en su calidad de coheredero de José Alejandro Escobedo Santillán, declarado dentro del diverso sucesorio 752/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y que en éste, tiene la calidad de albacea definitivo Juan Rogelio Escobedo Villalón. De ahí que se considera que los actos reclamados por el quejoso en el presente juicio no tienen ejecución de imposible reparación, por no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales; es así, porque, si bien tiene la calidad de heredero de José Alejandro Escobedo Santillán, hijo post-muerto de la autora de aquélla sucesión, sin embargo, la determinación de negar la solicitud de sobreseimiento de ese sucesorio y la admisión de la apelación interpuesta, no son actos que afecten material y actualmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; mayormente, porque no tiene la representación de la sucesión a bienes del citado José Alejandro Escobedo Santillán. Así, si bien el quejoso alega vulneración a los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Federal, la posible afectación que en forma temporal se pueda ocasionar con el acto de autoridad, en cuanto a la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de dicha afectación desaparezcan en caso de que quien legalmente tiene reconocido el carácter de albacea en el juicio 752/2015, promueva lo conducente en el citado juicio, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales. Además, debe considerarse que el procedimiento del juicio sucesorio se prevé en los artículos 1010, 1012, 1013, 1014, 1015 y 1016 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, de los cuales se advierte que se divide en cuatro etapas, cada una de ellas con un objeto delimitado en función de la materia correspondiente, que pueden iniciarse simultáneamente cuando no haya impedimento de hecho; cada sección concluye con su propia resolución, la cual, una vez dictada puede ser combatida a través del amparo indirecto previo el agotamiento del recurso previsto por el Código de la materia. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de voz y contenido siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De tal manera que se considera improcedente el juicio de amparo, ya que los autos reclamados no resuelven en definitiva ninguna sección del juicio sucesorio en que se dictaron. Así las cosas, se insiste que para la procedencia del amparo indirecto, el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho; lo que en el caso no acontece. Atento a lo anterior, no se surte el supuesto contenido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no se no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V de artículo 107, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". De igual forma la tesis de jurisprudencia emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz siguiente: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO." Además se invoca la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz siguiente: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." 3.2. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, quienes gozarán de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, dado que Sergio García Sánchez, cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y Betsabé Escobedo Colorado, cuenta con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, sin que obste que esta última, no se encuentra inscrita en dicho sistema, pues acredita encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EDUARDO MANUEL ESCOBEDO VILLALON, LA DETERMINACION DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Eduardo Manuel Escobedo Villalón, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 569/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, promovido por los apoderados jurídicos de José Alejandro Escobedo Santillán, por el cual la responsable determinó que no resulta procedente la petición del quejoso en sentido de sobreseer el citado juicio, en el cual gestionó en su carácter de heredero de la sucesión a bienes del ahora extinto José Alejandro Escobedo Santillán, número de expediente 752/2015, por no ser el representante legal de este último juicio, pues el cargo de albacea recae en diverso heredero; y, El acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitido en el citado juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, por el cual la responsable determinó que no resulta procedente tener al quejoso realizando gestión alguna en el juicio, específicamente con la interposición del recurso de apelación interpuesto en contra del citado proveído de dieciocho de abril del año en curso, por las mismas razones dadas en dicho auto. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que en relación con los actos reclamados atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, promovido por los apoderados jurídicos de José Alejandro Escobedo Santillán, por el cual la responsable determinó que no resulta procedente la petición del quejoso en sentido de sobreseer el citado juicio, en el cual gestionó en su carácter de heredero de la sucesión a bienes del ahora extinto José Alejandro Escobedo Santillán, número de expediente 752/2015, por no ser el representante legal de este último juicio, pues el cargo de albacea recae en diverso heredero; así como en contra de la diversa determinación de veintiocho de abril siguiente, en la cual la responsable determinó que no resulta procedente tener al quejoso realizando gestión alguna en el citado juicio, específicamente con la interposición del recurso de apelación interpuesto en contra del citado proveído de dieciocho de abril de esta anualidad, por las mismas razones que dio en dicho auto. Es decir, el quejoso acude a esta instancia constitucional por considerar que la negativa del Juez Segundo Civil a tenerle por hecha la solicitud de sobreseer el juicio sucesorio intestamentario 369/2018, a bienes de Ma. Soledad Santillán González, promovido por los apoderados jurídicos de José Alejandro Escobedo Santillán, y dar trámite al recurso de apelación que hizo valer en contra de esa determinación. Además, en su escrito de demanda refiere que en el citado sucesorio, al resolverse la primera sección se declaró a la sucesión a bienes de José Alejandro Escobedo Santillán, hijo post-muerto de la autora de la sucesión, como única y universal heredera de los bienes, derechos, cargas y obligaciones que en vida pertenecieron a la de cujus. Asimismo indica que su comparecencia en ese intestamentario lo es en su calidad de coheredero de José Alejandro Escobedo Santillán, declarado dentro del diverso sucesorio 752/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y que en éste, tiene la calidad de albacea definitivo Juan Rogelio Escobedo Villalón. De ahí que se considera que los actos reclamados por el quejoso en el presente juicio no tienen ejecución de imposible reparación, por no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales; es así, porque, si bien tiene la calidad de heredero de José Alejandro Escobedo Santillán, hijo post-muerto de la autora de aquélla sucesión, sin embargo, la determinación de negar la solicitud de sobreseimiento de ese sucesorio y la admisión de la apelación interpuesta, no son actos que afecten material y actualmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; mayormente, porque no tiene la representación de la sucesión a bienes del citado José Alejandro Escobedo Santillán. Así, si bien el quejoso alega vulneración a los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Federal, la posible afectación que en forma temporal se pueda ocasionar con el acto de autoridad, en cuanto a la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de dicha afectación desaparezcan en caso de que quien legalmente tiene reconocido el carácter de albacea en el juicio 752/2015, promueva lo conducente en el citado juicio, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales. Además, debe considerarse que el procedimiento del juicio sucesorio se prevé en los artículos 1010, 1012, 1013, 1014, 1015 y 1016 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, de los cuales se advierte que se divide en cuatro etapas, cada una de ellas con un objeto delimitado en función de la materia correspondiente, que pueden iniciarse simultáneamente cuando no haya impedimento de hecho; cada sección concluye con su propia resolución, la cual, una vez dictada puede ser combatida a través del amparo indirecto previo el agotamiento del recurso previsto por el Código de la materia. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de voz y contenido siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De tal manera que se considera improcedente el juicio de amparo, ya que los autos reclamados no resuelven en definitiva ninguna sección del juicio sucesorio en que se dictaron. Así las cosas, se insiste que para la procedencia del amparo indirecto, el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho; lo que en el caso no acontece. Atento a lo anterior, no se surte el supuesto contenido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no se no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V de artículo 107, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". De igual forma la tesis de jurisprudencia emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz siguiente: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO." Además se invoca la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz siguiente: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." 3.2. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, quienes gozarán de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, dado que Sergio García Sánchez, cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y Betsabé Escobedo Colorado, cuenta con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, sin que obste que esta última, no se encuentra inscrita en dicho sistema, pues acredita encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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