Eduardo Luciano Pérez

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Luciano Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; de autos se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, por lo que se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Por lo anterior, y en atención a su contenido agréguese a los autos sin mayor proveer al respecto el oficio y anexo, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Asimismo, gírese oficio a la citada autoridad responsable, para que en lo sucesivo se abstenga de remitir constancias de dicho juicio laboral en este juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Barrera Hernández, Eduardo Luciano Pérez y Julio César Baeza Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Incidental

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 562/2020-10, promovido por Víctor Manuel Barrera Hernández, Eduardo Luciano Pérez y Julio César Baeza Ramírez, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4. 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veinte, a través del sistema electrónico de los Juzgados de Distrito, recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Víctor Manuel Barrera Hernández, Eduardo Luciano Pérez y Julio César Baeza Ramírez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO Del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. La omisión en el Decreto emitido el quince de junio de dos mil vente, al no dictar las medidas sanitarias correspondientes y pertinentes para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de actividades de procuración e impartición de justicia a cargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje, todas del Estado de Tabasco. De la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tabasco. La omisión de ordenar la emisión de las medidas sanitarias correspondientes y pertinentes para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de actividades de procuración e impartición de justicia. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de implementar medidas tecnológicas o de otro tipo que permitan llevar a cabo la presentación de demandas, celebración de convenios, realización de pagos previamente acordados entre las partes dentro o fuera de juicio, así como no dictar las medidas sanitarias correspondientes, pertinentes y necesarias para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de labores señalada en el ACUERDO DEL PLENO, emitido el 12 de junio de dos mil veinte en las que se establece la suspensión de labores del 15 al 30 de junio de dos mil veinte, por la emergencia sanitaria del virus COVID-19 en lo que respecta a la realización de audiencia, presentación de demandas, realización de convenios, seguimientos de expedientes. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de implementar medidas tecnológicas o de otro tipo que permitan llevar a cabo la presentación de demandas, celebración de convenios, realización de pagos previamente acordados entre las partes dentro o fuera del juicio, así como no dictar las medidas sanitarias correspondientes, pertinentes y necesarias para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de labores señalada en ACUERDO DE PLENO, emitido el 12 de junio de dos mil veinte en las que se establece la suspensión de labores del 15 al 30 de junio de dos mil veinte, por la emergencia sanitaria del virus COVID-19 en lo que respecta a la realización de audiencias, presentación de demandas, realización de convenios, seguimientos de expedientes. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Tabasco. La omisión de implementar medidas tecnológicas o de otro tipo que permitan llevar a cabo la presentación de demandas, celebración de convenios, realización de pagos previamente acordados entre las partes dentro o fuera de juicio, así como no dictar las medidas sanitarias correspondientes, pertinentes y necesarias para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de labores señalada en el ACUERDO DEL PLENO, emitido el 12 de junio de dos mil veinte en las que se establece la suspensión de labores del 15 al 30 de junio de dos mil veinte, por la emergencia sanitaria del virus COVID-19 en lo que respecta a la realización de audiencia, presentación de demandas, realización de convenios, seguimientos de expedientes. AUTORIDADES RESPONSABLES GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO. DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 562/2020-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe con justificación, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; el arábigo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de las autoridades responsables de dictar las medidas sanitarias correspondientes y pertinentes para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de actividades de labores con motivo de la contingencia sanitaria deriva del virus SARS-Cov2 (COVID-19), para lograr la procuración e impartición de justicia, provocando afectación en sus derechos fundamentales a la vida, salud, seguridad y certeza jurídica. La omisión de implementar medidas tecnológicas o de otro tipo que permitan llevar a cabo la presentación de demandas, celebración de convenios, realización de pagos previamente acordados entre las partes dentro o fuera de juicio, así como no dictar las medidas sanitarias correspondientes, pertinentes y necesarias para la terminación, modificación de la suspensión o reactivación de labores. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierta la omisión atribuida al Gobernador Constitucional y a la Dirección del Trabajo y Previsión Social, ambos del Estado de Tabasco, respecto de establecer medidas de contingencia sanitaria derivadas del virus SARS-Cov2 (COVID-19) para restablecer las actividades la procuración e impartición de justicia; puesto que resulta un hecho notorio que tales imputaciones escapan a las facultades inherentes de sus respectivos encargos dado que no cuentan con facultades para realizar actos judiciales ni de procuración de justicia. Lo anterior al margen del hecho ambas autoridades negaron el acto negativo atribuido al rendir sus respectivos informes justificados. En virtud de lo anterior, se considera que los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables son inexistentes. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Por otro lado, tampoco son ciertas la omisiones reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Tabasco, por lo que respecta al falta de medidas tecnológicas o de otro tipo que permitan el desarrollo de actividades relativas a la reactivación de la función jurisdiccional, ya que así lo indicaron las responsables al rendir sus informes. Lo anterior, sin que haya lugar a tener por presuntivamente cierta la conducta negativa atribuida por los impetrantes, dado que si bien tratándose de actos negativos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, también es cierto que previo al estudio de tal abstención, deben considerarse la existencia de una condición de actualización, lo cual coloque a la autoridad en la obligación de proceder conforme la exigencia del gobernado. Esto significa que, con independencia de las afirmaciones vertidas por los impetrantes y lo manifestados por las responsables, la existencia de la omisión se desprende, en principio de una correlación entre facultad y obligación que constriñen la relación, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que le de vida, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ejecutoria 1a. XXIV/98 indicó que, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, si en el particular la relación jurídica entre la autoridad y el gobernado establecen efectivamente la condición que genera el acto reclamado. En arreglo a lo anterior, para que este órgano de control de amparo se encuentre en aptitud precisar la existencia de la conducta omisiva incoada a las responsables, los quejosos debieron acreditar en principio que son sujetos receptores de la obligación que aducen no fue atendida, en la especie, debieron validar fuera de toda duda, estar sometidos a la jurisdicción de las responsables, esto es, debieron comprobar la existencia de juicio o procedimiento donde fueran parte, representantes o abogados; para entonces encontrarse en condición de ser receptores de la obligación que aducen se ha omitido, en la especie, las medidas para la regularización de labores jurisdiccionales. Esto significa que, no basta que los impetrantes asegurasen que las responsables fueron omisas en dictar y aplicar medidas tecnológicas o de otra índole para la reactivación de la labora jurisdiccional, además de acciones de seguridad y protección sanitaria -protocolo de seguridad sanitaria-, sino que también era indispensable aportar probanzas idóneas, con lo que se pudiese establecer las condiciones que permitieran a este órgano de impartición de justicia, establecer con toda certeza que los impetrantes serían destinatarios de la omisión, lo cual en el caso concreto no aconteció. Ahora, no pasa inadvertido que, si bien los quejosos allegaron diversas documentales, dichas documentales no son suficientes para atender suficientemente el extremo antes apuntado, puesto que por un lado se refieren a hechos públicos y por ende notorios, que establecen el contexto de urgencia de acción ante el fenómeno internacional y nacional de salud pública derivado de la enfermedad causada por la propagación del virus SARS-Cov2 (COVID-19), lo cual en sí mismo no acreditar que sean parte en diverso procedimiento sustanciado ante los órganos laborales responsables. Y, por otro lado, misma calificación de insuficiencia merecen las copias simples de escritos signados por los quejosos, fotos y constancias que carecen de sellos de recepción, que por sí solas, dada su naturaleza de reproducción fotostática y digital, tampoco pueden acreditan que los quejosos sean partes, litigantes o representantes en juicios tramitados ante las responsables. Esto es así, ya que al tratarse de copias simples, sólo generan un indicio, por lo que, al no encontrarse robustecidas con algún otro medio de convicción se les niega eficacia probatoria, ya que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 193, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, Tomo VI, Materia Común, con número de Registro 394149, Octava Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho que las autoridades efectivamente demostraron que adoptaron las medidas sanitarias correspondientes para garantizar la seguridad e higiene contra el fenómeno de salud provocado por el virus SARS-Cov2 (Covid-19) en cada una de sus áreas, sin que la parte quejosa hubieran demostrado que éstas no existen o no se llevan a cabo, aun y cuando se les dio vista con los informes justificados rendidos por las responsables. Lo anterior es así, puesto que del análisis de las constancias que se acompañaron a los informes con justificación se advierten diversas Actas de Sesión Extraordinarias y Acuerdos de Pleno, por medio de las cuales las autoridades responsables establecieron protocolos de acceso a los recintos, atención a recomendaciones sanitarias, delimitación de trabajo interno de los órganos jurisdiccionales, reactivación de trámites judiciales, habilitación de días específicos para la celebración de diligencias, habilitación de actuarios adscritos, entre otras. En virtud de lo anterior, se considera que los actos atribuidos a las autoridades responsables en cita son inexistentes, toda vez que la parte quejosa no acreditó ser parte, litigante o representante en procedimiento sustanciado ante la jurisdicción de las responsables. En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 relacionada con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de junio de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Barrera Hernández, Eduardo Luciano Pérez y Julio César Baeza Ramírez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables enunciadas en el resultando primero por las razones expuestas en considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese la versión pública del mismo con la supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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