Eduardo López Ochoa

Expediente 498/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
498/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Eduardo López Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ha transcurrido el término de quince días, que establecen los párrafos primero y segundo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer su inconformidad contra el proveído que tuvo por cumplida la sentencia, sin que se haya hecho manifestación al respecto; SE DECLARA FIRME EL REFERIDO AUTO. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el inciso III, del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto, referente a la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha fenecido el término de tres días, concedido a las partes en proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniere respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector; y al efecto sólo el quejoso las realizó. Para pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia amparadora, deben considerarse los siguientes antecedentes: Sentido y efectos de la sentencia de amparo. El doce de abril de dos mil veintiuno, se engrosó la sentencia que concedió la protección constitucional para el efecto que las autoridades responsables: Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, En su lugar, emitiera otra donde valorara integralmente los indicios del expediente y determine si son suficientes o no, para conocer la verdad histórica sobre las circunstancias alegadas por el quejoso, respecto a la improcedencia de las garantías alimentarias solicitadas. 2. Auto que requirió el cumplimiento. El catorce de mayo posterior, causó ejecutoria el fallo y se requirió el cumplimiento dentro de tres días, bajo apercibimiento de imponer una medida de apremio sin perjuicio de proceder en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la ley de la materia. 3. Forma de cumplimiento. En cumplimiento, la Sala responsable realizó lo siguiente: El veinte de mayo de dos mil veintiuno, dejó sin efectos la sentencia de uno de septiembre de dos mil veinte y turnó los autos para dictar otra. El veinticinco de mayo posterior, emitió otra conforme a las consideraciones del suscrito, para determinar parcialmente fundados los agravios planteados por la actora, y modificar el auto apelado, para lo cual desarrolló las siguientes premisas: Al contestar la demanda el deudor exhibió diversos acuses de transferencia bancaria a favor de su contraparte, así como el convenio suscrito por las partes que incluye la regulación de los términos en que se habrían de ministrar los alimentos. La secuencia de los pagos bancarios demuestran que se ha acatado parcialmente la obligación de débito alimentario pactado. Las sumas transferidas en ciertos periodos no fueron de manera íntegra y además no los realizaba en las fechas acordadas, como se corroboran las parcialidades posteriormente enteradas. Asimismo, las constancias exhibidas no demuestran el pago correspondiente al rubro de colegiaturas, gastos escolares y por navidad, como tampoco los incrementos posteriores a la firma del convenio; de modo que el pago parcial y a destiempo en relación a lo avenido, no implica cumplir con la obligación. Por ello, debe dejarse subsistente la pensión alimenticia provisional decretada, donde se fijó el 55% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, ordenando girar oficio al representante de la empresa del deudor alimentario para hacer el descuento, para asegurar la satisfacción de la obligación alimenticia, pues esta se debe otorgar de forma continua, sucesiva y que refleje seguridad a los acreedores, lo que se logra a través del decretó judicial de la pensión, y de esa manera se salvaguardan los derechos alimentarios y se da certeza jurídica a su cumplimiento, que no podría suceder si se requiere al demandado acreditar en lo sucesivo el pago convenido. Debe considerarse la naturaleza perentoria de los alimentos y la transitoria de la pensión alimenticia provisional, cuyos efectos se consumen diariamente, son temporales y están sujetos al resultado del procedimiento del que el quejoso es parte, por lo que puede aportar los medios de convicción que estime convenientes para combatirla. No obstan las garantías suscritas por las partes, porque la discontinuidad en el otorgamiento de la pensión, acorde a la conducta procesal de las partes solo se logra mediante decreto judicial. De modo que el descuento por pensión que se efectúe en los ingresos del deudor, es la única que debe imperar, para evitar una doble carga, y con ello también se evita comprometer la capacidad productiva del deudor, para garantizar la obligación de que se trata. Como se observa, la Ad quem resolvió conforme a lo establecido en la sentencia porque valoró los indicios que obran en el expediente aportados por el aquí quejoso en su escrito de contestación de demanda, y que le permiten determinar respecto a la verdad histórica sobre la jurídica litigada en el proceso, aunque formalmente no integran la litis. De igual modo, atendió a las circunstancias del caso particular en el contexto que se presentó, esto es, consideró los indicios que inicialmente no se valoraron (convenio, comprobantes de pago y depósitos a nombre de la actora, exhibidos al contestar la demanda), en correspondencia a la acción de alimentos, replanteando si se trataba de un incumplimiento total o parcial; finalmente estableció que dicho descuento decretado habría de ser el único que se realice, para evitar una doble carga por concepto de alimentos, dado que ello sería contrario al interés de los menores. De lo hasta aquí narrado se advierte que se cumplió con el fallo protector, porque la Sala responsable ajustó su proceder a los lineamientos contenidos en la ejecutoria que concedió el amparo a la parte quejosa, con lo que se le restituyó en el goce de las garantías constitucionales que estimó violadas en su perjuicio, en términos de la fracción I del artículo 77 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la ley aplicable, este Órgano de Control Constitucional, declara que se ha cumplido la sentencia de mérito sin excesos o defectos. En términos del diverso numeral 21 se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente auto. No obstan las alegaciones hechas por el quejoso manifestando que no se cumplió con la ejecutoria protectora porque no valoró documentales bancarias correspondientes al 12 de julio, 15 y 30 de septiembre, 15 de octubre, 26 y 30 de noviembre y 16 de diciembre todos de dos mil dieciséis, porque en realidad sí se efectuó dicho ejercicio judicial, puesto que fueron revisados de forma íntegra y conjunta con el resto de los documentos presentados, de los cuales se obtuvo un indicio general atinente al incumplimiento generalizado al pago de alimentos, por depositar parcialmente y fuera de plazo desde el inicio del deber. Lo cual implica que las conclusiones de la sala responsable no parten de considerar un pago o algunos en lo individual, o si se efectuó como se obligó, sino del orden general del acatamiento a la obligación, como sucede con los depósitos señalados por el inconforme, con los cuales se quiere analizar la obligación a partir de una unidad, para obtener conclusiones totalizadoras, lo cual es incorrecto porque no dan cuenta de una valoración incorrecta, parcial o insuficiente sobre el contexto general del pago de los alimentos, como sí sucede con las consideraciones de la sentencia emitida en el cumplimiento. Del mismo modo el quejoso sostiene que la responsable omitió pronunciarse sobre el incumplimiento al régimen de visitas y convivencias, pues no conminó a la progenitora a su acatamiento, sobre lo cual es incorrecto revisar el cumplimiento al fallo amparador, porque tal aspecto no formó parte de la litis y tampoco se reflejó en los efectos. Por lo que refiere a la falta de consideración de los pagos de diez de agosto y tres de noviembre de dos mil veinte, tampoco es un argumento apto para estimar incumplida la sentencia protectora, porque en su caso documentan pagos que no se incluyeron en la controversia, pues la litis respecto al acto reclamado quedó trabada con lo que obraba en el expediente hasta la contestación de la demanda, que motivó el acuerdo emitido el quince de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que la autoridad no estaba en posibilidad de conocer tales documentos. Por ello, son infundadas las circunstancias opuestas por el impetrante, para estimar no cumplida la sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha fenecido el término de tres días, concedido a las partes en proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniere respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector; y al efecto sólo el quejoso las realizó. Para pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia amparadora, deben considerarse los siguientes antecedentes: Sentido y efectos de la sentencia de amparo. El doce de abril de dos mil veintiuno, se engrosó la sentencia que concedió la protección constitucional para el efecto que las autoridades responsables: Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, En su lugar, emitiera otra donde valorara integralmente los indicios del expediente y determine si son suficientes o no, para conocer la verdad histórica sobre las circunstancias alegadas por el quejoso, respecto a la improcedencia de las garantías alimentarias solicitadas. 2. Auto que requirió el cumplimiento. El catorce de mayo posterior, causó ejecutoria el fallo y se requirió el cumplimiento dentro de tres días, bajo apercibimiento de imponer una medida de apremio sin perjuicio de proceder en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la ley de la materia. 3. Forma de cumplimiento. En cumplimiento, la Sala responsable realizó lo siguiente: El veinte de mayo de dos mil veintiuno, dejó sin efectos la sentencia de uno de septiembre de dos mil veinte y turnó los autos para dictar otra. El veinticinco de mayo posterior, emitió otra conforme a las consideraciones del suscrito, para determinar parcialmente fundados los agravios planteados por la actora, y modificar el auto apelado, para lo cual desarrolló las siguientes premisas: Al contestar la demanda el deudor exhibió diversos acuses de transferencia bancaria a favor de su contraparte, así como el convenio suscrito por las partes que incluye la regulación de los términos en que se habrían de ministrar los alimentos. La secuencia de los pagos bancarios demuestran que se ha acatado parcialmente la obligación de débito alimentario pactado. Las sumas transferidas en ciertos periodos no fueron de manera íntegra y además no los realizaba en las fechas acordadas, como se corroboran las parcialidades posteriormente enteradas. Asimismo, las constancias exhibidas no demuestran el pago correspondiente al rubro de colegiaturas, gastos escolares y por navidad, como tampoco los incrementos posteriores a la firma del convenio; de modo que el pago parcial y a destiempo en relación a lo avenido, no implica cumplir con la obligación. Por ello, debe dejarse subsistente la pensión alimenticia provisional decretada, donde se fijó el 55% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, ordenando girar oficio al representante de la empresa del deudor alimentario para hacer el descuento, para asegurar la satisfacción de la obligación alimenticia, pues esta se debe otorgar de forma continua, sucesiva y que refleje seguridad a los acreedores, lo que se logra a través del decretó judicial de la pensión, y de esa manera se salvaguardan los derechos alimentarios y se da certeza jurídica a su cumplimiento, que no podría suceder si se requiere al demandado acreditar en lo sucesivo el pago convenido. Debe considerarse la naturaleza perentoria de los alimentos y la transitoria de la pensión alimenticia provisional, cuyos efectos se consumen diariamente, son temporales y están sujetos al resultado del procedimiento del que el quejoso es parte, por lo que puede aportar los medios de convicción que estime convenientes para combatirla. No obstan las garantías suscritas por las partes, porque la discontinuidad en el otorgamiento de la pensión, acorde a la conducta procesal de las partes solo se logra mediante decreto judicial. De modo que el descuento por pensión que se efectúe en los ingresos del deudor, es la única que debe imperar, para evitar una doble carga, y con ello también se evita comprometer la capacidad productiva del deudor, para garantizar la obligación de que se trata. Como se observa, la Ad quem resolvió conforme a lo establecido en la sentencia porque valoró los indicios que obran en el expediente aportados por el aquí quejoso en su escrito de contestación de demanda, y que le permiten determinar respecto a la verdad histórica sobre la jurídica litigada en el proceso, aunque formalmente no integran la litis. De igual modo, atendió a las circunstancias del caso particular en el contexto que se presentó, esto es, consideró los indicios que inicialmente no se valoraron (convenio, comprobantes de pago y depósitos a nombre de la actora, exhibidos al contestar la demanda), en correspondencia a la acción de alimentos, replanteando si se trataba de un incumplimiento total o parcial; finalmente estableció que dicho descuento decretado habría de ser el único que se realice, para evitar una doble carga por concepto de alimentos, dado que ello sería contrario al interés de los menores. De lo hasta aquí narrado se advierte que se cumplió con el fallo protector, porque la Sala responsable ajustó su proceder a los lineamientos contenidos en la ejecutoria que concedió el amparo a la parte quejosa, con lo que se le restituyó en el goce de las garantías constitucionales que estimó violadas en su perjuicio, en términos de la fracción I del artículo 77 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la ley aplicable, este Órgano de Control Constitucional, declara que se ha cumplido la sentencia de mérito sin excesos o defectos. En términos del diverso numeral 21 se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente auto. No obstan las alegaciones hechas por el quejoso manifestando que no se cumplió con la ejecutoria protectora porque no valoró documentales bancarias correspondientes al 12 de julio, 15 y 30 de septiembre, 15 de octubre, 26 y 30 de noviembre y 16 de diciembre todos de dos mil dieciséis, porque en realidad sí se efectuó dicho ejercicio judicial, puesto que fueron revisados de forma íntegra y conjunta con el resto de los documentos presentados, de los cuales se obtuvo un indicio general atinente al incumplimiento generalizado al pago de alimentos, por depositar parcialmente y fuera de plazo desde el inicio del deber. Lo cual implica que las conclusiones de la sala responsable no parten de considerar un pago o algunos en lo individual, o si se efectuó como se obligó, sino del orden general del acatamiento a la obligación, como sucede con los depósitos señalados por el inconforme, con los cuales se quiere analizar la obligación a partir de una unidad, para obtener conclusiones totalizadoras, lo cual es incorrecto porque no dan cuenta de una valoración incorrecta, parcial o insuficiente sobre el contexto general del pago de los alimentos, como sí sucede con las consideraciones de la sentencia emitida en el cumplimiento. Del mismo modo el quejoso sostiene que la responsable omitió pronunciarse sobre el incumplimiento al régimen de visitas y convivencias, pues no conminó a la progenitora a su acatamiento, sobre lo cual es incorrecto revisar el cumplimiento al fallo amparador, porque tal aspecto no formó parte de la litis y tampoco se reflejó en los efectos. Por lo que refiere a la falta de consideración de los pagos de diez de agosto y tres de noviembre de dos mil veinte, tampoco es un argumento apto para estimar incumplida la sentencia protectora, porque en su caso documentan pagos que no se incluyeron en la controversia, pues la litis respecto al acto reclamado quedó trabada con lo que obraba en el expediente hasta la contestación de la demanda, que motivó el acuerdo emitido el quince de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que la autoridad no estaba en posibilidad de conocer tales documentos. Por ello, son infundadas las circunstancias opuestas por el impetrante, para estimar no cumplida la sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.".

  4. Principal

    Agréguese el escrito del autorizado del quejoso, atento a su contenido se tiene por desahogada la vista respecto al cumplimiento del fallo protector, el cual será considerado al calificar su acatamiento. NOTIFÍQUESE.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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