Eduardo Lopez Hernandez
Expediente 53/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Eduardo Lopez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA 7-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Eduardo López Hernández, y en atención a su contenido se provee: Dígase al promovente que no ha lugar a la imposición de multa como medio de apremio a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias de los Distritos Judiciales de Tapachula, Huixtla, Acapetahua y Motozintla, en virtud de que dicha potestad, en acatamiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dio cumplimiento a la misma en los términos precisados en el acuerdo de treinta de noviembre del año próximo pasado, ello es así, toda vez que mediante auto de ocho del mes y año pasado, se tuvo por recibido el oficio del citado Juzgador mediante el cual dio cumplimiento a la sentencia dictada, constancias las anteriores con las que se le corrió traslado al promovente con una copia de la misma, tal como advierte de la constancia de notificación de once de diciembre de dos mil veinte. Máxime que en dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró cumplida la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia al aquí quejoso, y consecuentemente, en veinticinco de enero del año en curso, se tuvo por consentida y se ordenó el archivo del presente expediente como totalmente concluido. De ahí que al haber sido cumplida la ejecutoria de amparo en los términos establecidos y bajo las directrices señaladas, no se consideró necesario imponer un medio de apremio a las autoridades responsables, aunado a que dicha facultad es discrecional para el Juzgador de amparo, a efecto de hacer valer sus propias determinaciones. Finalmente, en relación a la petición de que se le "haga abono de la prisión preventiva para efecto que se modifique el Quantun y con ello se extinga la pena de prisión", dígase al peticionario que están a salvo sus derechos de solicitarlo ante la autoridad competente. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido, en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, CPS CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán; esto es, fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción; por tanto, notifíquese el presente proveído, así como el diverso de veinticinco de enero de la anualidad para los efectos legales correspondientes. Hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 156 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
MESA 7-A.- Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen el último párrafo del artículo 18 y 27 y del citado acuerdo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que por un lado se sobreseyó y por el otro se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar del acto reclamado.
- Principal
MESA 7-A.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen el último párrafo del artículo 18 y 27 y del citado acuerdo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que por un lado se sobreseyó y por el otro se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar del acto reclamado. Sin que sea óbice a lo anterior, la manifestación realizada por el quejoso en la diligencia de notificación de diecinueve de diciembre del año próximo pasado, en relación a que no firma porque no se le realizó el cómputo de la prisión preventiva, toda vez que quedan a salvo sus derechos para hacerlo valer ante la autoridad correspondiente.
- Principal
En dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se da cuenta al secretario en funciones de Juez de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de treinta de octubre de dos mil veinte (fojas 111 a 127), este Juzgado Federal resolvió conceder el amparo de la Justicia Federal a Eduardo López Hernández, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, siendo los efectos de la concesión, para que el referido juez responsable realizara los siguientes actos: a) Con plenitud de jurisdicción, otorgue respuesta al quejoso respecto a la solicitud de inicio del trámite del incidente de libertad anticipada o remisión parcial de la pena, en el sentido de desecharla de plano o admitirla, lo cual deberá hacerlo de manera fundada y motivada; y, b) Para el caso, que admita el trámite de dicho incidente, deberá respetar los plazos y términos establecidos en la ley secundaria y resolver la procedencia o no, del beneficio analizado. El treinta de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia aludida y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 140 y 141). En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 635/JPIES/SC/M-3/2018 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la determinación de tres de ese mismo mes y año (fojas 147 y 157), en el que previa motivación y fundamentación dio respuesta a la petición del quejoso respecto del inicio del trámite del incidente de la libertad anticipada o remisión parcial de la pena, resolvió lo siguiente: a) desechó de plano la solicitud planteada por el sentenciado Eduardo López Hernández, aquí quejoso por notoriamente improcedente; y b) dejó a salvo los derechos de la persona privada de su libertad, para que con posterioridad si es su deseo, solicite alguno de los beneficios estipulados por la Ley Nacional de Ejecución Penal o la Ley más favorable contemplen en su beneficio. Las aludidas documentales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2. En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que el juez responsable acreditó haber acatado cada uno de los puntos señalados en la ejecutoria de amparo. Sin que sea contrario a la anterior consideración, las manifestaciones del quejoso en el sentido de que no es conforme con dicha determinación y solicitó el cómputo de la prisión preventiva; debido a que la autoridad responsable se apegó a los lineamientos de la ejecutoria dictada en este asunto, pues dentro de estos no fue instruida la autoridad responsable a dar una respuesta en determinado sentido, sino que, se dejó a plenitud de su jurisdicción el sentido de esa respuesta. Y referente a la solicitud planteada, dígase al peticionario de amparo, que están a salvo sus derechos de solicitarlo ante la autoridad competente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, por el término de quince días, dese vista a la parte quejosa en el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, para que manifieste lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción; por tanto, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 156 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, y cúmplase.
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