Eduardo López Galván (apoderado legal)
Expediente 536/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eduardo López Galván (apoderado legal)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, radicando dicho sumario con el número ****** de su índice, de lo que se toma conocimiento.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que transcribe el proveído de veintisiete de febrero del año en curso, dictado dentro del conflicto competencial, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, de cuyo contenido se advierte que remite testimonio autorizado de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es competente el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, para conocer de la demanda promovida por ******, por conducto de su apoderado *****, en contra de las autoridades y actos reclamados, descritos en el resultando primero de esta ejecutoria.". De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo al Tribunal en cita; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental. Finalmente, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, toda vez que se encuentra totalmente concluido, se establece que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual informa el proveído de ocho de junio del año en curso, del que se desprende que admitió a trámite el conflicto competencial propuesto por este órgano jurisdiccional, el cual quedó radicado bajo el número ****del índice del Tribunal en cita, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se tiene a la parte quejosa; en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa informando bajo protesta de decir verdad que el domicilio fiscal de su mandante es el señala, como se advierte de la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que anexa su escrito de cuenta. Precisado lo anterior, es pertinente señalar que de los documentos exhibidos por la parte quejosa, en específico del contrato celebrado con ******, se advierte que la planta de la quejosa que será el punto de entrega del abastecimiento de gas natural, se encuentra en San Luis Apizaquito, Apizaco, Tlaxcala, Código postal 90300, de lo que se concluye que en dicho lugar efectúa sus actividades comerciales. Ahora, tratándose de juicios de amparo en los que el acto reclamado son disposiciones de observancia general y obligatoria, debe considerarse que pueden ser impugnadas, atento a la naturaleza que guardan para efectos de la ley de amparo, en su carácter autoaplicativo o heteroaplicativo, es decir, con motivo de los perjuicios que se irrogan en la esfera jurídica de los bienes o derechos del particular, por la sola entrada en vigor de la norma que se tilda de inconstitucional, en tanto que en el segundo supuesto se reclama en razón del primer acto de aplicación que la autoridad efectúa, y a través del cual se materializa el perjuicio de los intereses jurídicos de la parte agraviada, siendo menester precisar la hipótesis normativa de que se trata, a fin de determinar la competencia para conocer, tramitar y resolver la litis constitucional que se le plantea en la demanda de amparo. En ese sentido, a efecto de establecer lo relativo a la competencia para conocer de dichos actos, es conveniente destacar que la regla general para fijar la competencia entre Jueces de Distrito cuando se trata de actos que deben de tener ejecución. Del precepto legal transcrito se advierte que el Juez competente para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución, será el que ejerza jurisdicción en el lugar en el que se haya presentado; sin embargo, en el caso, si bien se presentó en esta ciudad, la resolución reclamada sí conlleva una ejecución que se traduce en la observancia y acatamiento, por parte del gobernado, de las disposiciones que contiene, dado que las personas que se ubiquen en los supuestos establecidos por la resolución deben acatar dichos mandatos, específicamente, el pago derivado de la entrega del gas natural que se vendió a la quejosa, misma que se realiza en la planta del comprador, de conformidad con el contrato de compra-venta de gas natural que en copia certificada se acompañó al escrito de demanda. Ahora bien, si en un juicio de amparo indirecto se reclama una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal. Máxime que de la documental que adjunta la parte quejosa en su escrito aclaratorio obra entre la copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, del que se advierte claramente que el domicilio fiscal se encuentra ubicado en León, Guanajuato. Tiene aplicación al caso por mayoría de razón la jurisprudencia 2a./J. Por tanto, es inconcuso que quien debe conocer de la demanda de amparo, es el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que se encuentra el domicilio fiscal de la empresa quejosa. En mérito de lo anterior, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para su tramitación, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa ciudad. Solicitándole, de no existir inconveniente alguno, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. Con copia de la demanda de amparo, auto a prevención y escrito aclaratorio fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a tomar en consideración las manifestaciones que vierte la parte quejosa, en el sentido de que este órgano jurisdiccional fije su competencia, lo anterior por las razones que se exponen. Finalmente, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por tanto, háganse las notificaciones de los subsecuentes proveídos mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, aún las notificaciones de carácter personal.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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