Eduardo López de Gante
Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo López de Gante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 116 a 118), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por René Tapia Figueroa, apoderado legal del quejoso Eduardo López de Gante, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número diez mil treinta y siete, volumen número ciento seis, pasada ante la fe del Notario Público número 100 del Estado de Oaxaca, por el que se desiste con tal carácter de la demanda de amparo, presentada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por su apoderante que dio origen a este juicio de amparo. A fin de acordar lo que en derecho proceda, tomando en consideración que el promovente se encuentra presente en las instalaciones que ocupa este juzgado, en actuación posterior y en diligencia formal, ratifíquesele el contenido y la firma que calza dicho escrito. Por otra parte, previo cotejo y compulsa que se realice con la copia notarialmente, certifíquese la copia fotostática simple que se exhibe, para los efectos legales a que haya lugar; y, hecho lo anterior, devuélvase al promovente dicha copia certificada en la diligencia ordena en este acuerdo. Notifíquese. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la diligencia que antecede, en la cual René Tapia Figueroa, apoderado legal del quejoso Eduardo López de Gante, ratificó su escrito por el que desiste de demanda presentada por su poderdante, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que dio origen a este juicio de amparo; y, toda vez que en el poder notarial que exhibió, obra cláusula especial para que se desista de la demanda con tal carácter. Ahora, de lo anteriormente expuesto, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en el juicio por desistimiento expreso del apoderado legal del quejoso, de conformidad con lo previsto en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. Ello es así, toda vez que los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, prevé: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En esa tesitura, si el juicio de amparo únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; y si en el caso, el aquí quejoso Eduardo López de Gante, desistió en su perjuicio de la demanda de amparo que dio origen a este este juicio, a través de su apoderado legal, es inconcuso que no es jurídico proseguir con su trámite contra la voluntad del gobernado; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por desistimiento expreso del quejoso, a través de su apoderado legal. No es óbice a lo anterior, el hecho de que por acuerdo de veintisiete del actual, se haya decretado el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, en virtud de que el mismo no ha causado estado; atento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192108, cuyo tenor literal es: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese; por lista al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de uno de febrero del actual. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio número 7710, firmado por el Secretario adscrito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que devuelve diligenciado el exhorto con números de origen 32/2018 y de orden 56/2018, que se le giró para que notificara personalmente el acuerdo dictado el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, al quejoso EDUARDO LÓPEZ DE GANTE, por el que se le requirió para que dentro del término de tres días compareciera ante el personal de este juzgado a ratificar su escrito por el que se desiste de la demanda de amparo, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro correspondiente; dese de baja la citada comunicación oficial y acúsese recibo vía correo electrónico institucional, atento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". Ahora bien, toda vez que el quejoso de mérito dentro del plazo legal que se le otorgó por acuerdo de veinticinco de enero pasado, no se presentó a ratificar su escrito por el que se desiste de la demanda de amparo, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, no se le tiene por desistido de la demanda, continuándose con el trámite del expediente. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable, Regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Juchitán, Oaxaca, al rendir su informe justificado (fojas 71 y 72), indicó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la emisión del oficio número MHCJ/OBRP/647/2017, por el que se requirió al ingeniero Valentín Ramírez López, y en virtud de que el término establecido por la ley había finiquitado para ser efectivo el requerimiento que se le formuló con anterioridad, por el que se le invitó a la cancelación y retiro del material resultante de la obra que realizaba dentro del derecho de vía federal en la carretera Panamericana, específicamente frente al Hotel del Río; le solicitó que dentro del término de cuarenta y ocho horas debería hacer efectivo dicho requerimiento, en caso contrario, se procedería con apego a derecho, utilizando la fuerza pública para demoler la obra y se haría acreedor a una sanción en los términos establecidos en la ley (foja 12). Que debido a que el encargado de la aludida obra le hizo llegar un oficio por el que le informaba que no acataría lo ordenado por esa autoridad, debido a que no era la autoridad competente; por tal razón, la Presidenta Municipal turnó el asunto al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo que acreditó con la copia certificada del oficio número MHJZ/PM/23/2018, fechado el veinte de enero de dos mil dieciocho, firmado por la Presidenta Municipal de Juchitán, Oaxaca, dirigido al Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con sede en Tehuantepec, Oaxaca (fojas 73 y 74), por el que le solicitó con carácter de urgente su intervención respecto de la construcción de una obra que se realizaba dentro de la vía federal, sobre la carretera Panamericana, frente al Hotel del Río en esa ciudad de Juchitán, Oaxaca. Ahora, de lo expuesto y de la copia certificada que se adjuntó al informe justificado rendido por la autoridad responsable, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ello es así, toda vez que haberse turnado el caso de la obra de construcción que se realiza en la propiedad del quejoso EDUARDO LÓPEZ DE GANTE, a una diversa autoridad a la aquí señalada como responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio es improcedente, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior, dado que la suspensión de la obra correspondiente ordenada por la autoridad responsable, ha dejado de existir, en virtud de que dicha solicitud se realizó ante la autoridad competente para ello, quien será, en su caso, la que deberá observar el cumplimiento de dicha suspensión; puesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales vulnerados que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, por lo que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Razones por las que se actualiza la invocada causal de improcedencia, pues los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán por parte de la autoridad señalada como responsable (toda vez que no se ha demolido la obra), en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió (pues en la actualidad a diversa autoridad no señalada como responsable le corresponderá determinar lo procedente en cuanto a la obra de construcción que se dice, se realiza en la franja correspondiente a la vía federal), por lo que en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Se invoca en apoyo a lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 173858, cuyo tenor literal es: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Cabe precisar que el criterio citado resulta aplicable de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de la audiencia constitucional, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Por lo que déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia de ley. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista al quejoso en cumplimiento a lo ordenado por auto de uno de febrero del año en curso. III-B
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