EDUARDO LOPEZ BECERRIL y Otros.
Expediente 702/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- EDUARDO LOPEZ BECERRIL y Otros.
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la ley de amparo, contra el proveído emitido dentro del presente expediente en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por otro lado, se advierte de las constancias que integran el expediente en que se actúa, que la parte quejosa adjuntó a la demanda de garantías documento en copia certificada; por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este Órgano Jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, de ser el caso, el presente expediente será depurado.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la ley de amparo, contra el proveído emitido dentro del presente expediente en fecha veintisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por otro lado, se advierte de las constancias que integran el expediente en que se actúa, que la parte quejosa adjuntó a la demanda de garantías documento en copia certificada; por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este Órgano Jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, de ser el caso, el presente expediente será depurado.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la dirección general de tránsito y policía vial, con residencia en Celaya, Guanajuato, no obstante que ya obra el acuse de recibo del oficio con el cual se le solicitó, motivo por el cual se desprende que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117 de la ley de amparo, para que lo rinda. Además a que no obra el emplazamiento de los terceros interesados solicitado al nombrado Juez. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con dos minutos del once de agosto de dos mil diecisiete, para que la misma tenga verificativo.
- Principal
DEMANDA. Vista la demanda promovida por ***, a través de la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Ayuntamiento Municipal; y, Dirección General de Transito y Policía Vial, todos residentes en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 8° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno y asígnesele el número 702/2017-II.1, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE en el presente juicio de amparo únicamente a ***, en contra del acto reclamado a la Dirección General de Transito y Policía Vial, residente en Celaya, Guanajuato. Sin que haya lugar a reconocer el carácter de autoridades responsables a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica; y, al Ayuntamiento Municipal, ambos residentes en Celaya, Guanajuato, toda vez que la primera de las peticiones que por él se anexa, atañe únicamente a la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato; luego entonces, única y exclusivamente se tiene a dicha autoridad como responsable. Ahora bien, el acto que se analiza en el presente juicio será: a) La omisión en dar respuesta definitiva a su escrito que presentó el pasado 26 de abril del año 2017, a la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato. Luego entonces, respecto a dicho acto pídase informe justificado a la autoridad responsable, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. AUDIENCIA. Se señalan las nueve horas con doce minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Ello a virtud de que las labores del Juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se le atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se le impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece. De igual manera se requiere a la autoridad responsable, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado. Ello en razón de que el presente asunto se trata de un derecho de petición, es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente sin que haya contraparte respecto del acto reclamado. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña a su escrito de demanda, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común que establece: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado el promovente, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa del incidente respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el ubicado en calle ***. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y a ***, en términos restringidos del citado numeral por así manifestarlo la parte quejosa. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por otra parte, por lo que hace a las diversas peticiones que fueron anexadas en la presente vía constitucional se ordena la separación de dicho acto, respecto del presente juicio de amparo. Las cuales deberán realizarse de la manera siguiente: 1.- ***, en cuanto a la petición formulada el 27 de abril de 2017, misma que fue recibida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica de Celaya, Guanajuato. 2.- ***, en cuanto a la petición formulada el 27 de abril de 2017, misma que fue recibida por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato. 3.- ***, en cuanto a la petición formulada el 27 de abril de 2017, la cual fue recibida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica de Celaya, Guanajuato. 4.- ***, en cuanto a la petición formulada el 26 de abril de 2017, la cual fue recibida por la Dirección General de Tránsito y Policía vial de Celaya, Guanajuato. 5.- ***, en cuanto a la petición formulada el 27 de abril de 2017, la cual fue recibida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica de Celaya, Guanajuato. Por lo que conforme al criterio contenido en la jurisprudencia P./J.76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, donde se establece sí en una demanda de amparo se reclaman actos desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia en comento. Por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación, proveyendo la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración, ordenando el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda; de tal manera que si uno de ellos es competencia de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, en aras de una mejor administración de justicia. La jurisprudencia referida es del tenor siguiente: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Así mismo, es aplicable la diversa jurisprudencia P./J.78/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 117, que prescribe: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. Por lo tanto, se ordena girar oficio a la Jefa de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, adjuntando copia certificada de la demanda y original de cada solicitud para que proceda turnarla al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda conocer, para los efectos estadísticos correspondientes.
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