Eduardo Leon Rivas
Expediente 1251/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1251/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Leon Rivas
Actuaciones
- Principal
Como de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-1251/2019-L. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "VI.- ACTO RECLAMADO. Reclamo de la autoridad responsable ordenadora el auto de fecha 31 treinta y uno de octubre del presente año, dictado dentro del juicio número 913/2019, relativo a los medios de apremio promovidos por -, en el que me niega tener por admitidas las excepciones planteadas, reclamo el auto de fecha 05 cinco de noviembre del presente año, en el que previene a los actores, para dar ejecución al ilegal convenio transacción que presentan; reclamo además cualquier orden de desposesión que se haga, respecto del inmueble ubicado en calle -, propiedad de la sucesión intestamentaria que represento; reclamando también todas las subsecuentes actuaciones que por vía de consecuencia se reclaman como inconstitucionales". En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto principal que reclama, la parte quejosa es un acto en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante. Los preceptos legales en los que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo en este caso, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el artículo 172, fracción III, establece lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ". XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías previstas para su protección, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente el desconocimiento del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para una mejor comprensión de la improcedencia del presente juicio constitucional, es pertinente exponer los razonamientos siguientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, sostienen el criterio, que comparte quien aquí resuelve, de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de violaciones procesales que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien cuando esas violaciones causen a las partes en el juicio de que se trate perjuicios procesales exorbitantes. Esas consideraciones jurídicas están contenidas en la tesis IV.3o.C.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2161, de rubro siguientes "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO SÓLO LOS CONSTITUYEN LOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO TAMBIÉN LAS VIOLACIONES PROCESALES EXORBITANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)". Análogos razonamientos se contienen en la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 25 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2162, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR". En vista de esos criterios, que, pese a que no son obligatorios, son asumidos por este Juzgado Federal en virtud de su razonabilidad y sentido protector en beneficio de las personas, es necesario ahora determinar si el acto principal reclamado en este juicio satisface alguna de las condiciones referidas, para que sea procedente en contra de él, el juicio de amparo indirecto, es decir, si los proveídos de treinta y uno de octubre y cinco de noviembre ambos del año en curso, son lesivos de alguno de sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien, si esa resolución causa al quejoso un perjuicio procesal exorbitante. Para decidir lo anterior, es necesario precisar cuáles son los efectos del acto que se reclama en el presente juicio. Dentro de los medios de apremio número 913/2019, promovido por - ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se emitió un acuerdo en el que el demandado quejoso -opuso sus excepciones y defensas, que no fueron admitidas y otro diverso en el que se le requirió a la parte actora -aquí tercero interesada- para que cumpliera con ciertos requisitos, antes de acordar de manera favorable a su petición con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado su escrito, autos que ahora constituyen el acto reclamado. Es necesario puntualizar que, como se explica en la jurisprudencia que se transcribe a continuación, esa causa de improcedencia del juicio constitucional está plenamente justificada, pues con ella se pretende evitar una cadena interminable de juicios de amparo a fin de impedir que en el trámite de los juicios comunes las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de aquellos juicios. La tesis es la VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1186 del Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE". El artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios del orden civil agrario o del trabajo, considerándose violadas las leyes de procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, en los casos análogos a las violaciones del procedimiento enumeradas en las fracciones anteriores y que afecten las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se puede considerar el caso de que no se hayan tenido por opuestas las excepciones del demandado aquí quejoso lo que constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso, por disposición de la Ley de Amparo. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Es así, porque del análisis integral de la demanda, se aprecia que es parte enjuiciado en el natural y reclama los proveídos de treinta y uno de octubre y cinco de noviembre ambos del año en curso, en el que se emitió un acuerdo en el que el demandado quejoso Eduardo León Rivas opuso sus excepciones y defensas que no fueron admitidas y otro diverso en el que se requirió a la parte actora -aquí tercero interesada- para que cumpliera con ciertos requisitos, antes de acordar de manera favorable su petición, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado su escrito. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí quejoso, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Sirve de sustento la jurisprudencia número 1086, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación con el 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir el ubicado en calle - y por autorizados para ese efecto a las personas que indica, y únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado -, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, como se advierte de la certificación que antecede. 4. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.
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