Eduardo Latapi Artigas

Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
198/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Latapi Artigas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, y un legajo certificado, cuyo testimonio fue recibido por este órgano jurisdiccional el veintisiete de los presentes, que declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. Acúsese el recibo respectivo al tribunal colegiado oficiante, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se desechó por notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, y el recurso de queja que se interpuso en contra de dicha determinación fue declarado infundado como se precisó en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de la fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción; siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, por lo que hace al legajo de copias certificadas que devuelve el tribunal oficiante, en virtud de que el mismo se encuentra formado con copias de constancias que ya obran en autos; se hace la observación que dicho legajo, es susceptible de destrucción por este juzgado, por tratarse de cuadernos auxiliares, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción XIX y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el actuario adscrito al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio en el que se le remitió el informe justificado, original del escrito de expresión de agravios y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, con motivo del recurso de queja interpuesto el quejoso ********************en contra del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, hace del conocimiento de este juzgado que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto el cual quedó registrado como ********************; en consecuencia, este juzgado queda enterado de lo anterior, y se ordena agregar a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por el quejoso ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, y dado que en el presente juicio, no hay más partes que el promovente, se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original del escrito en que se formula la queja, el informe sobre la materia de dicho recurso, copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 198/2023-III, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. De la lectura de la demanda se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso se señala como acto reclamado la sentencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca 864/2022 por la sala responsable, por el que confirma el auto emitido por el Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías presentada puede advertirse que el impetrante de garantías es parte demandada en el juicio de divorcio incausado seguido por Laura Verónica Acosta Uriegas, y resuelto mediante sentencia definitiva el veintiocho de noviembre de dos mil doce; posteriormente, el quejoso interpuso incidente para resolver nuevamente sobre la guarda y custodia del menor solicitando se decretara a favor del quejoso, misma que se resolvió el veintitrés de enero de dos mil catorce, por la que se estableció un régimen de visitas y convivencias; inconformes tanto la actora como el demandado interpusieron recurso de apelación resueltos mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el toca 442/2014, que modificó la interlocutoria recurrida, decretando la guarda y custodia a favor de la progenitora y un régimen de visitas y convivencias supervisadas, dicha determinación fue revocada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo 754/2014, que dejó insubsistente el acto reclamado y ordenó reponer el procedimiento, por lo que el juez de origen ordenó girar oficio para designar perito para realizar las pruebas pertinentes al menor; seguido el procedimiento la parte actora en el juicio de origen interpuso recurso de apelación en contra de la determinación del juez de origen, el que fue resuelto por la Tercera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante resolución de ocho de mayo de dos mil quince, reponiendo el procedimiento para que se realizaran las evaluaciones psicológicas necesarias y poder resolver lo relativo a las visitas y convivencias; el trece de septiembre de dos mil dieciséis, el juez de origen dictó sentencia decretando la guarda y custodia del menor a favor de su progenitora otorgando un régimen de visitas y convivencias supervisadas con el quejoso, inconforme con la resolución interpuso recurso de apelación el quejoso, recurso resuelto por la Tercera Sala Familiar mediante sentencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el toca 1998/2016, decretando un régimen de guardia y custodia compartida con el menor; el trece de marzo de dos mil diecinueve, la Tercera Sala Familiar dictó sentencia en el toca 1998/2016 en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se modificó la sentencia interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciséis; acto seguido, la parte quejosa el veintiuno de enero de dos mil veinte, interpuso vía de apremio solicitando se requiriera a Laura Verónica Acosta Uriegas, que acreditara haber cumplido con los resolutivos séptimo, octavo, décimo sexto y décimo octavo de la referida resolución, asimismo, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó se admitiera la prueba de evaluación psiquiátrica al menor para que se pronunciara respecto a la guarda y custodia del menor a su favor y fuera tomada en cuenta en la vía de apremio al momento de emitir el fallo correspondiente, a lo que el juez de origen acordó tener por hechas sus manifestaciones y ordenó no proveer de conformidad su solicitud, toda vez que la prueba referida fue valorada en la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, cuyo cumplimiento se reclama; inconforme el quejoso recurrió dicho proveído, resuelto el dos de febrero de dos mil veintitrés, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 864/2022 que confirmó el auto recurrido, lo que hace consistir en el acto reclamado, procedimiento de origen que no ha sido resuelto mediante sentencia que ponga fin al mismo. Por lo que a criterio de esta juzgadora, la consecuencia que ocasiona el hecho de que no haya sido acordado favorable a sus intereses no ocasiona en el quejoso un perjuicio de difícil reparación de forma inmediata, pues esta solo crea una situación jurídica de las partes respecto del proceso, y sólo le ocasionará perjuicios en el momento en que se dicte dicha sentencia, quede firme y ésta resulte contraria a los intereses de la parte quejosa en función de dicha violación, pudiendo recurrir dicha sentencia así como la violación procesal antes aludida; lo que permite ver qué, el dictado del auto generador del acto reclamado no le causa ningún perjuicio, pues no basta que el impetrante de amparo alegue que le causa perjuicio, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no le cause un perjuicio de imposible reparación, y en el caso en particular el quejoso se duele de un auto dictado en la vía de apremio que el mismo promovió, sin que dicho procedimiento se haya resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible a página 11, tomo XVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2023, con registro electrónico 184221, que dice: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. En tal virtud, la resolución reclamada, no se considera de imposible reparación en contra del peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, lo que no acontece en el caso concreto, es innegable la posibilidad de que en su momento el hoy quejoso pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa una vez que recurra la sentencia interlocutoria que lo desfavorezca, pues resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretada a contrario sensu. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Finalmente, se cita en apoyo de lo expuesto, la jurisprudencia, visible a foja 59, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL. de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en tal virtud, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica en el escrito de cuenta, asimismo, por autorizadas a los profesionistas que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quienes también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente, no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados al quejoso, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Por otro lado, toda vez que solicita la consulta del presente expediente de manera electrónica y al efecto proporciona el nombre del usuario "ELATAPI", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En atención a su solicitud de autorizar la consulta del expediente electrónico del presente asunto a través del usuario "GMARAMBUR", el mismo, sin tener por autorizado al citado usuario, toda vez que el mismo no se encuentra registrado para tal efecto, máxime, que el peticionario de amparo tiene la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para su registro de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para su autorización. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo aplicable, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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