Eduardo Lascurain De la Fuente

Expediente 910/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
910/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Lascurain De la Fuente

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibidos los oficios remitidos por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante los cuales, informa que fue turnada a dicho Juzgado la demanda de amparo de que se trata, sin embargo debido a la carga de trabajo, se encuentra pendiente su registro, por lo que una vez que sea registrado se proveerá lo conducente, de lo que se hará del conocimiento a este Juzgado de Distrito, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Se tiene al encargado por vacaciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, todos con residencia en la Ciudad de México, cumpliendo con el requerimiento formulado mediante proveído de treinta de agosto del presente año y al efecto adjunta la papeleta de registro y turno de la demanda que dio origen al cuaderno de antecedentes en que se actúa, de la cual se advierte que la misma fue turnada al Juzgado Primero de Distrito Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Solicítese al Juzgado Primero de Distrito Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México -al que le correspondió conocer del presente juicio de tutela de derechos fundamentales- para que de no tener inconveniente legal alguno comunique sí aceptó o no la competencia declinada a su favor. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/1130/2021, suscrito electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la primera adscripción de la Jueza Tatiana Elizondo Piña, como titular de este órgano jurisdiccional, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    . Ténganse por recibidos el comunicado y anexo, remitidos por la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, los cuales se ordena agregar a los autos para que obren como corresponda. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le tiene informando los actos realizados en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; dese vista a las partes para su conocimiento. En el entendido de que para la consulta señalada en el párrafo que antecede, podrá programarse una cita a través del sistema "Agenda OJ", que se encuentra en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas, para consultar expedientes y para el desahogo de comparecencias o requerimientos; ello, de conformidad con los artículos 2º, fracción VII, y 3º del Acuerdo General 21/2020, antes referido. Asimismo, la generación de la cita para la consulta del expediente y el proceso a seguir para ello, deberá regirse por las directrices señaladas en los numerales respectivos de dicho Acuerdo, previamente señalados en este proveído. Además, debe precisarse que conforme al artículo 29 del Acuerdo en mención, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, antes mencionado, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. Ahora bien, se advierte que la información contenida en las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, es considerada como confidencial y reservada; por lo que, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para garantizar su confidencialidad, únicamente se utilizará para los fines que fueron transferidos. En efecto, importa señalar que en relación con los datos contenidos en las constancias recibidas, en modo alguno implica que el quejoso no pueda tener acceso a la información que obra en éstas -ya que es parte actora en el juicio de origen-, dado que ello es una cuestión diferente que necesita valorarse conforme a los lineamientos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su jurisprudencia. Esos lineamientos se pueden esquematizar de la siguiente manera: 1. Lo primero que debe hacer el juez de amparo es analizar la información considerada reservada o confidencial. 2. Una vez identificada la información, debe ponderar los derechos implicados en el asunto, valorar las características del acto reclamado y las especificidades del caso en concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso de una o todas las partes a esa información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. 3. De manera debidamente fundada y motivada, el juez debe decidir si permite el acceso únicamente a aquella información que haga viable la defensa efectiva de las partes; información que, una vez conocida en el juicio, se considerará, para todos los efectos, como información reservada en posesión de un particular, por lo que sólo podrá ser usada en su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. 4. En caso de que se conceda el acceso a la información clasificada como reservada o confidencial, el juez, además de decidir qué parte o partes tendrán acceso a ella, podrá imponer las modalidades que considere necesarias, a efecto de determinar, por ejemplo, que se tenga acceso a los documentos clasificados el tiempo necesario para familiarizarse y tener conocimiento de ellos, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. En ese sentido, las partes pueden no estar de acuerdo con esta decisión, pero deben reconocer que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el juez constitucional debe permitir el acceso de aquella información que haga viable la defensa efectiva de las partes, lo que en el caso acontece. No obstante lo anterior, la suscrita considera prudente recordar a la parte quejosa que, una vez conocida la información, ésta se considerará, para todos los efectos, como información reservada en posesión de un particular, por lo que sólo podrá ser usada en su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, septiembre de 2015, página 28, registro 2009916, que expone: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Por otra parte, toda vez que fue omisa en remitir copias certificadas de las constancias relativas a los actos realizados, tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, considerando que el cabal y oportuno cumplimiento de una sentencia implica una cuestión de orden público, con fundamento en lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable para que en el término de tres días, contado a partir de que sean notificadas del presente proveído, remita copias certificadas, completas y legibles de los actos que acrediten las gestiones se encuentren realizando para dar cumplimiento al fallo protector, esto es, lograr el desahogo de las pruebas que describió el quejoso en la demanda de amparo, o en su caso, informe si ya se concluyeron y diga la fecha en que ocurrieron. Lo anterior, en el juicio laboral de origen 1379/2013/12-C, del índice de la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Apercíbasele que de no hacerlo o de no informar la imposibilidad que les asista, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de la citada medida por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), que es su monto actual. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En ese sentido, hágasele del conocimiento que en términos del dispositivo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, se advierte que la Junta responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable.

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