Eduardo Kupergmit Hernan

Expediente 1149/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1149/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Kupergmit Hernan
  • EDUARDO KUPERGMIT HERNAN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 11/10/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio el "ACUERDO General 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen los acuerdos de carácter general por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que a la letra establece, en lo conducente: (.) "ACUERDO PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos. SEGUNDO. Las demandas de amparo en que se reclamen las disposiciones normativas señaladas deberán presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. Los asuntos referidos en el punto primero, que se encuentren en trámite en algún otro Juzgado de Distrito, deberán remitirse a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. En este caso, el egreso correspondiente deberá ser reportado como "Egreso por Acuerdo General", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CUARTO. A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, si un juzgado de Distrito advierte que la demanda de amparo materia del presente Acuerdo no fue promovida ante los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región deberá remitirla directamente a la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio a dichos juzgados para que dichos órganos conozcan de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. QUINTO. Los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región conocerán de los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo materia del presente Acuerdo, así como de los impedimentos o procedimientos relacionados que pudieran tramitarse. Los recursos interpuestos, que a la fecha de aprobación del presente Acuerdo se encuentren turnados a los Tribunales Colegiados de Circuito correspondientes, serán resueltos por éstos. SEXTO. Para el trámite y resolución de los asuntos en que se reclame la disposición normativa materia del presente Acuerdo se utilizarán las herramientas electrónicas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Los promoventes de los juicios de amparo materia del presente acuerdo podrán solicitar a los titulares de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la autorización para la consulta del expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y del diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Previa remisión de los asuntos materia del presente Acuerdo, los titulares de los órganos jurisdiccionales ante quienes se encuentran radicados, deberán integrar debidamente el expediente electrónico, de manera que permita a los justiciables que los hayan promovido, consultar el estado procesal de manera sencilla y oportuna. SÉPTIMO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen su domicilio en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Eduardo Molina número 2, colonia del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, Código Postal 15960. OCTAVO. Corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en su ámbito de competencia, interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolverá cualquier cuestión con respecto al turno de los asuntos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en internet e intranet. TERCERO. La Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comunicará el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva de Administración, a la Dirección General de Recursos Materiales, a la Dirección General de Servicios Generales, y a la Coordinación de Administración Regional, para el efecto de que se adopten las medidas pertinentes con respecto al envío de expedientes y demandas de amparo a las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito que lo necesiten; así como a la Dirección General de Gestión Judicial, la Dirección General de Tecnologías de la Información y a la Visitaduría Judicial, para los fines conducentes. CUARTO. Las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, deberán difundir electrónicamente el presente Acuerdo en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en intranet e internet, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el relativo a las Oficinas de Correspondencia Común, como aviso importante. Asimismo, habilitarán los campos de captura necesarios para esta clase de asuntos, en los sistemas de cómputo de los órganos jurisdiccionales y Oficinas de Correspondencia Común a que se refiere el presente Acuerdo. De igual forma, deberán prestar el apoyo necesario a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y a las partes a fin de que resuelvan cualquier incidencia relacionada con la operación del sistema informático. QUINTO. Los órganos jurisdiccionales que conozcan de las demandas materia del presente Acuerdo, deberán colocar en lugar visible avisos donde se informe al público que los juicios de amparo en los que se reclamen las disposiciones normativas materia del presente acuerdo, serán del conocimiento de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México." (.) Del acuerdo transcrito se desprenden, entre otros aspectos, que serán los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quienes conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno, en la Ciudad de México; así como lo relativo al cálculo regulado en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; o cualquier otra disposición relacionada con éstos y, además, que dichos asuntos que se encuentren en trámite en algún otro Juzgado de Distrito, deberán remitirse a los citados juzgados auxiliares, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. En la especie, debe recordarse que la parte quejosa reclamó los artículos 130, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, y Quinto Transitorio, así como el "Acuerdo de carácter General por el que se otorgan Subsidios Fiscales para el pago del Impuesto Predial", todos correspondientes al ejercicio de dos mil veinte y que el presente asunto se encuentra en etapa de cumplimiento, es evidente que se ubica en el supuesto establecido en dicho acuerdo 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en cumplimiento a los puntos primero, segundo y tercero del acuerdo citado en último lugar, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con sede en San Lázaro, a efecto de que lo turne al juzgado que corresponda conocer del presente asunto y éste acuerde lo conducente, solicitando el acuse de recibo respectivo. En tales condiciones, se ordena formar cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias necesarias, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 02/01/22, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido que las constancias que integran el presente asunto, conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a los quejosos, en el domicilio ubicado en Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe. El Juez SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual, comunica que no acepta la competencia declinada a su favor, al considerar que el acto reclamado no tiene naturaleza laboral, conclusión a la que llegó a partir de las premisas siguientes: .... Sin embargo, por las razones expuestas mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional insiste en carecer de competencia, por cuestión materia, para conocer del juicio de amparo referido, las cuales se exponen a continuación: Ahora bien, toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Así, los anteriores aspectos, calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de manera destacada, lo siguiente: ? El Acta Administrativa de dos de junio de dos mil veinte, levantada en contra del quejoso por haber incurrido en veintinueve inasistencias continuas e injustificadas a sus labores; y, su ejecución. Se impone precisar que si bien es cierto que el quejoso reclamó de manera destacada una orden de baja o destitución de su empleo; también es verdad que, de las constancias que obran en autos y de lo manifestado por las autoridades responsables en su respectivo informe justificado, la supuesta baja o destitución, en realidad de trata de la mencionada Acta Administrativa, pues con ella se pretenden cesar los efectos del nombramiento del quejoso. Lo anterior es así ya que, de la referida acta administrativa, en la parte que interesa, se advierte lo siguiente: "(.) Se instrumenta la presente Acta Administrativa con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 16, 123, apartado b, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando así la garantía de audiencia y de legalidad, en relación con los artículos 6, 46, 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 30, fracción X. En uso de la palabra el actuante M.V.Z Edgar Alejandro Maya Shuster Jefe de los Servicios de Apoyo de la Unidad Departamental de Control y Sistemas de Seguridad y Jefe del Grupo Especial Canino, quien en este acto se identifica con credencial oficial emitida por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX, la cual se agrega una copia a la presente Acta, misma que se devuelve por no existir impedimento legal alguno, por sus generales dijo llamarse como a quedado escrito, ser de 45 años de edad, estado civil soltero y en relación a los hechos manifiesta lo siguiente: bajo protesta de decir la verdad manifiesta que el trabajador C. ARTURO GUTIÉRREZ LÓPEZ, con número de empleado 917533, con un horario de 24x48 horas, perteneciente al Segundo Grupo Especial Canino, mismo que fue notificado mediante oficio de notificación de Acta Administrativa No. GEC/103/2020, recibido el día 28 de mayo del año en curso, por haber incurrido en 29 inasistencias continuas e injustificadas los días 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 y 31 de marzo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 de abril, así como 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27 de mayo del 2020, dichas faltas quedaron presentadas en las tarjetas de control de asistencia y así mismo en los 29 formatos de estado de fuerza del Grupo Especial Canino, del cual se anexan copias para pronta referencia siendo todo lo que tengo que declarar." De lo anterior se observa que, en esencia, con fundamento en los artículos 6, 46 y, 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al quejoso se le levantó un acta administrativa por haber incurrido en veintinueve inasistencias continuas e injustificadas. En ese contexto, conviene destacar que dichos preceptos legales establecen lo siguiente: "ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base: Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. (.) ARTICULO 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: I.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva; II.- Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación; III.- Por muerte del trabajador; IV.- Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores; V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada. c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren. g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores. h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el Titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos. ARTICULO 46 BIS.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma. (Lo destacado es propio). Sin prejuzgar sobre la debida o indebida fundamentación y motivación del acta administrativa, lo cual, en su caso, es materia del análisis de fondo, de los artículos citados en el acto reclamado se advierte que, una de las causas para que cesen los efectos del nombramiento de un trabajador, sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, es por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando el trabajador faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada, en cuyo caso, el jefe superior procederá a levantar acta administrativa, en la que, entre otros requisitos, con toda precisión se asentarán los hechos. De lo anterior se obtiene que, en efecto, al quejoso se le levantó el acta administrativa a que se refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que, para que cesen los efectos de su nombramiento, su superior jerárquico, podrá demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos de dicho nombramiento. Ahora, si bien es cierto que el quejoso labora en una institución que pertenece al sistema penitenciario de la Ciudad de México, con el puesto de "JEFE DE VIG CUST RECL Y CENT PENIT, ADSCRITO AL GRUPO ESPECIAL CANINO (K-9)", tal como lo manifestó dicho quejoso; y por ende, de conformidad con el artículo 8°, de la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, quedaría excluido del régimen de esa ley; lo cierto es que, de conformidad con la fundamentación del acto reclamado, el quejoso es considerado como un trabajador de confianza que no pertenece a la Carrera Policial y, por ende, mantiene una relación de trabajo que se rige en términos de lo dispuesto por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Al respecto, se impone destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las personas que no realicen funciones similares a los policías, entre las que se encuentran, las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con las instituciones, la cual se rige de conformidad con la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser trabajadores administrativos, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia número 2a./J. 67/2012 (10a.), consultable en la página 957, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, que dispone lo siguiente: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo tanto, el acta administrativa reclamada, es un acto de naturaleza laboral, pues forma parte del procedimiento que se debe substanciar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para dar por terminados los efectos del nombramiento del aquí quejoso; procedimiento que se desarrolla con las normas sustantivas y adjetivas en la materia laboral. Además de lo anterior, en su informe justificado (foja 65), la autoridad responsable, Jefe de los Servicios de Apoyo de la Unidad Departamental de Control y Sistemas de Seguridad y Jefe del Grupo Especial Canino, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, manifestó que para el cese de los efectos del nombramiento del quejoso, es aplicable la "Circular por la que se establecen los Lineamientos y Procedimientos de observancia general y aplicación obligatoria para la terminación de los efectos del nombramiento del personal de base y base sindicalizado en las dependencias, órganos desconcentrados y Alcaldías de la Ciudad de México", específicamente, el procedimiento previsto en el apartado denominado "III. TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO.", que es el siguiente: "B) POR CESE DIRECTO SIN RESPONSABILIDAD PARA LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ALCALDÍAS (.) PROCEDIMIENTO: En los casos de abandono de labores y abandono de empleo, a que se refieren los presentes lineamientos, así como en los supuestos previstos en los artículos 46, fracción V, incisos a) a la j) de la LFTSE; 30, fracción V, incisos a) a la j) y 147 de las CGT; se deberá instrumentar Acta Administrativa conforme a lo siguiente: 1. Se enviará citatorio al trabajador, a su representación sindical y a dos testigos de cargo, (artículos 46 Bis de la LFTSE; y 85 de las CGT); la notificación se hará con tres días hábiles de anticipación para que comparezcan el día, hora y lugar en que se deba instrumentar el acta administrativa, en dicho citatorio se señalarán de manera breve y sucinta, los hechos que se le imputan, Asimismo, deberá señalarse que la persona que comparezca por parte del SUTGCDMX, deberá acreditar tal carácter mediante oficio de designación signado por su Presidente o el Secretario General respectivo. 2. El citatorio debe ser entregado al trabajador, en su lugar de adscripción, o en el último domicilio que se tenga registrado en su expediente personal (artículo 743, fracción I, III y V de la LFT), deberá contener el apercibimiento que, de no concurrir a la instrumentación del acta, sin causa justificada se realizará la misma sin la presencia de los citados. 3. El citatorio debe ser entregado por personal habilitado por el titular de la Dirección de Recursos Humanos u Homologo de la Dependencia, Órganos Desconcentrado o Alcaldía de que se trate o bien el funcionario que se habilite para tal efecto. 4. En caso que el trabajador o el representante sindical se nieguen a firmar de recibido el citatorio, se asentará la razón por el personal habilitado para llevar a cabo la notificación correspondiente en conjunto con dos testigos, haciéndose constar tal circunstancia al reverso de la copia de citatorio. 5. El día, hora y lugar señalados y cerciorándose que el trabajador y el representante sindical fueron oportunamente citados, se instrumentará el acta administrativa por triplicado por el jefe superior inmediato del trabajador, quien fungirá como actuante, los testigos de cargo y de descargo, en su caso y dos testigos de asistencia. 6. El acta se realizará con o sin la comparecencia del trabajador o de su representante sindical o de los testigos de cargo, si los hubiere y los de descargo, en su caso, debiendo asentar dichas circunstancias en la misma. 7. El jefe superior inmediato, dará lectura a los hechos que se imputan al trabajador para que tenga conocimiento de estos; durante la elaboración del ACTA ADMINISTRATIVA, el trabajador en uso de la palabra y bajo protesta de decir verdad, procederá a manifestar lo que a su derecho convenga. En ese momento, el trabajador afectado podrá exhibir, en su caso, los documentos que estime pertinentes, los cuales se agregarán al acta para formar parte integra de ésta. 8. El trabajador rendirá su declaración respecto de los hechos que se le imputen y podrán hacérsele preguntas, las cuales junto con las respuestas deberán constar en el ACTA ADMINISTRATIVA. Podrá presentar documentos, mismos que se anexarán al acta; una vez rendida y ratificada la declaración, el trabajador firmará al calce y al margen para constancia legal. 9. A continuación, declararán en su orden por separado los testigos de cargo, si los hubiere y los de descargo, en su caso; cada testigo deberá firmar al margen y al calce del acta al concluir su declaración. 10. Podrá intervenir el representante sindical, a quien se le dará el uso de la palabra para que realice en su intervención las manifestaciones que estime pertinentes. 11. Una vez concluida el acta, se firmará al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron y en ese mismo acto se le hará entrega al trabajador y representación sindical, copia del ACTA ADMINISTRATIVA; En caso de que alguien de los que hayan intervenido se nieguen a firmar, se asentará en el acta, dicha circunstancia. 12. Se turnará un original del ACTA ADMINISTRATIVA y demás documentos anexos, a la DEPRL, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente, al de la instrumentación del acta, para que ésta proceda a emitir el dictamen sobre la procedencia del cese. 13.Recibida el ACTA ADMINISTRATIVA en la DEPRL, ésta tendrá el término de un mes para realizar al análisis y emisión del dictamen, término dentro del cual deberá comunicar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA (Dirección de Recursos Humanos u Homologa), de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Alcaldía el resultado para que se proceda, en su caso, a solicitar el CESE dentro del término del artículo 113, fracción II, inciso c) de la LFTSE. 14. La demanda deberá presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de causal de CESE. A dicha demanda deberá acompañarse el original de la constancia de hechos, de los citatorios, del ACTA ADMINISTRATIVA y de los documentos que al formularse esta se hayan agregado a la misma. El titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Alcaldía, podrá demandar el CESE ante el TFCA, designando apoderados mediante oficio en términos del artículo 134 de la LFTSE." Dicha norma corrobora que, para cesar los efectos del nombramiento del quejoso por haber incurrido en veintinueve inasistencias continuas e injustificadas, se debe substanciar un procedimiento conforme a la legislación laboral, que puede concluir con la determinación de su superior jerárquico de demandar el cese ante le Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que es inconcuso que el acto reclamado es de naturaleza laboral. Entonces, se concluye que la naturaleza de los actos devienen del ámbito del derecho laboral y SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 trascienden en forma definitiva en el estudio que deba hacerse al dictar la sentencia definitiva, pues será materia de análisis la terminación del nombramiento del quejoso. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe ser el especializado en la materia laboral, pues para resolver finalmente el presente asunto, necesariamente habría que recurrirse a las disposiciones, tanto constitucionales como legales que regulan aspectos claramente identificados dentro del campo del derecho del trabajo, como lo es, esencialmente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Todo lo cual, permite concluir, que únicamente puede ser competente para conocer del juicio de amparo indirecto un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, a quien corresponde la jurisdicción laboral, atento a la expresión especializada de la administración de justicia, que tiene como ámbito objetivo de conocimiento las instancias mediante las cuales se pretende el reconocimiento de un derecho que se incorporó a la esfera jurídica del quejoso como consecuencia directa o indirecta de la existencia de una relación de trabajo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 67/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, materia laboral, página 957, que establece: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." [Lo destacado es propio]. Así como la jurisprudencia número 2a./J. 95/2013 (10a.), emitida por la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, materia Laboral, página 1173, que es del contenido siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. LOS TRABAJADORES QUE SE IDENTIFICAN COMO ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN A SU CARGO ESA FUNCIÓN Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SON DE CONFIANZA POR DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La calidad de trabajadores de confianza de los "elementos de apoyo" (quienes sin pertenecer a la carrera policial, ministerial o pericial, laboran en una institución de seguridad pública y de procuración de justicia del Estado de Baja California), la determinan los artículos 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 10, párrafo segundo, de la Ley de Seguridad Pública de la misma entidad que así lo disponen, por lo que es innecesario acreditar las funciones inherentes a los cargos ocupados por dichos elementos para saber si corresponden a las de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia o fiscalización y, por ende, si son o no propias de un cargo de confianza, pues el fundamento para que éstos se consideren trabajadores de confianza deriva de la disposición expresa de la ley. [Lo destacado es propio]. Con base en lo hasta aquí expuesto, se concluye que el presente asunto pertenece a la materia del trabajo, ya que, se insiste, el principal motivo de reclamo en el juicio de amparo, radica en la afectación del quejoso a su estabilidad en el empleo con motivo del cese de su nombramiento, que tiene su fundamento en diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. De esa manera, se determina que el suscrito carece de competencia legal por razón de materia para resolver el presente asunto y se considera que quien debe conocer del juicio de amparo indirecto, es un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, pues los actos que se reclaman en esta vía, son eminentemente laborales, ya que derivan de una relación laboral que guarda con la institución para la cual labora, actos que deben ser analizados por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la ley Orgánica del poder Judicial de la Federación antes transcrito. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO." Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este órgano jurisdiccional sostiene su incompetencia por razón de materia para conocer de este asunto, razón por la cual, con fundamento en el artículo 48, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase vía interconexión el proveído de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que tenga a bien dirimir el conflicto competencial que se suscita entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Trabajo en la Ciudad de México y este juzgado. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento, le serán remitidas de inmediato. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Arturo López Gutiérrez, en el domicilio ubicado en calle Varsovia número cuarenta y cuatro (44), quinto piso (5°), despacho quinientos cuatro (504), colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, código postal seis mil seiscientos (06600), en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa Fabiola Flores Téllez, a través del cual, solicita se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y al efecto señala el usuario "Andresaduanero", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que se advierte que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el usuario "Andresaduanero"; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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