Eduardo Juárez Ponce
Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Eduardo Juárez Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental respectivo y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 20, fracción III del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó la suspensión definitiva. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que la demanda origen del presente juicio de amparo indirecto fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la que ********************, en esencia señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del proceso legislativo llevado a cabo respecto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos de marzo de la presente anualidad, que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. De igual forma, el quejoso señaló que era empleado de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral y precisó que con la publicación el día dos de marzo de la presente anualidad en el Diario Oficial, del Decretó que derogó entre otros el párrafo cuarto, del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desapareció la rama administrativa del Instituto Electoral señalado y, por ende, su puesto de trabajo. Ahora bien, se precisa que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para este juzgado federal que en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, determinó declarar en su totalidad la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, de la ley general de partidos políticos, de la ley orgánica del poder judicial de la federación, y se expide la ley general de los medios de impugnación en materia electoral", publicado en el diario oficial de la federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, ello en virtud de que se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Votos/HojasVotacion/2023/1189e783-7814-ee11-802d-0050569e6624.pdf). Resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Ahora, los efectos propuestos por el Ministro ponente, fueron: "SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, Ministra Presidenta. En los efectos, donde se propone la declaratoria de invalidez, toda vez que en el apartado de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez, por lo que se declara la invalidez del decreto impugnado en su totalidad. A fin de preservar el principio de certeza, como lo hicimos ya en el engrose del Ministro Alberto Pérez Dayán, del precedente inmediato a éstos, el proyecto propone precisar que las normas vinculadas por el recuperan su vigencia con el texto que tenían el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, previo a la entrada en vigor, toda vez que ha sido declarado inválido en su totalidad, incluyendo sus artículos transitorios, que abrogaban lo que se opusiera. Lógicamente, queda vigente y viva la legislación previa. Además, el proyecto precisa que, de conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución, la legislación electoral que recupera la vigencia ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal, en términos del artículo 225, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que iniciará a partir de la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés." De igual forma, se advierte que los puntos resolutivos, fueron los siguientes: "PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DELA FEDERACIÓN Y SU GACETA." Como se aprecia, con posterioridad a la presentación de la demanda, se determinó la invalidez total del Decreto combatido, incluyendo sus artículos transitorios, regresando a la vida jurídica las normas que se vinculaban en ese Decreto, incluso, aclarando que quedan vigentes la legislación anterior. En ese tenor, a criterio de esta juzgadora, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho precepto prevé que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para demostrar la causa de improcedencia invocada, resulta conveniente citar el artículo 43 de referida legislación: "ARTÍCULO 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La Suprema Corte no estará obligada a seguir sus propios precedentes. Sin embargo, para que pueda apartarse de ellos deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. La Suprema Corte estará vinculada por sus precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración de Ministras y Ministros distinta." Del citado precepto se advierte, que el legislador estableció que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Con lo anterior es claro entonces que, pueden ser invocadas las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o, como en el caso, la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. De ese modo, el decreto cuya norma reclamó la parte quejosa, jurídicamente dejó de subsistir, entonces la causa de improcedencia invocada se actualiza al existir un pronunciamiento irrevocable sobre la invalidez del decreto impugnado. Por tanto, si la normativa aquí impugnada fue removida jurídicamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, al declarar su invalidez; se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior, ya que para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales. 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución. Elementos que se encuentran plenamente satisfechos en tanto a que en este juicio de amparo se reclaman la citada norma declarada inválida en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a lo anterior, la norma aquí impugnada se reclamó con el carácter de autoaplicativa, por lo que, con independencia de la conclusión anterior, no pasa inadvertido para la suscrita que la parte quejosa no demostró una afectación a su esfera jurídica, ya que reclama la norma en su carácter de autoaplicativa, además, de un pretendido acto de aplicación, sin que se haya acreditado la existencia del mismo. Por lo cual, no se advierte una afectación a la esfera jurídica de la parte promovente, ya que, por una parte, fueron removidas las normas impugnadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, al declarar su invalidez, y por otra, no se demostró la existencia de algún acto de aplicación que haya afectado la esfera jurídica de la parte quejosa. En las relatadas consideraciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que la demanda origen del presente juicio de amparo indirecto fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la que ********************, en esencia señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del proceso legislativo llevado a cabo respecto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos de marzo de la presente anualidad, que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. De igual forma, el quejoso señaló que era empleado de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral y precisó que con la publicación el día dos de marzo de la presente anualidad en el Diario Oficial, del Decretó que derogó entre otros el párrafo cuarto, del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desapareció la rama administrativa del Instituto Electoral señalado y, por ende, su puesto de trabajo. Ahora bien, se precisa que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para este juzgado federal que en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, determinó declarar en su totalidad la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, de la ley general de partidos políticos, de la ley orgánica del poder judicial de la federación, y se expide la ley general de los medios de impugnación en materia electoral", publicado en el diario oficial de la federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, ello en virtud de que se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Votos/HojasVotacion/2023/1189e783-7814-ee11-802d-0050569e6624.pdf). Resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Ahora, los efectos propuestos por el Ministro ponente, fueron: "SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, Ministra Presidenta. En los efectos, donde se propone la declaratoria de invalidez, toda vez que en el apartado de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez, por lo que se declara la invalidez del decreto impugnado en su totalidad. A fin de preservar el principio de certeza, como lo hicimos ya en el engrose del Ministro Alberto Pérez Dayán, del precedente inmediato a éstos, el proyecto propone precisar que las normas vinculadas por el recuperan su vigencia con el texto que tenían el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, previo a la entrada en vigor, toda vez que ha sido declarado inválido en su totalidad, incluyendo sus artículos transitorios, que abrogaban lo que se opusiera. Lógicamente, queda vigente y viva la legislación previa. Además, el proyecto precisa que, de conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución, la legislación electoral que recupera la vigencia ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal, en términos del artículo 225, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que iniciará a partir de la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés." De igual forma, se advierte que los puntos resolutivos, fueron los siguientes: "PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DELA FEDERACIÓN Y SU GACETA." Como se aprecia, con posterioridad a la presentación de la demanda, se determinó la invalidez total del Decreto combatido, incluyendo sus artículos transitorios, regresando a la vida jurídica las normas que se vinculaban en ese Decreto, incluso, aclarando que quedan vigentes la legislación anterior. En ese tenor, a criterio de esta juzgadora, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho precepto prevé que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para demostrar la causa de improcedencia invocada, resulta conveniente citar el artículo 43 de referida legislación: "ARTÍCULO 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La Suprema Corte no estará obligada a seguir sus propios precedentes. Sin embargo, para que pueda apartarse de ellos deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. La Suprema Corte estará vinculada por sus precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración de Ministras y Ministros distinta." Del citado precepto se advierte, que el legislador estableció que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Con lo anterior es claro entonces que, pueden ser invocadas las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o, como en el caso, la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. De ese modo, el decreto cuya norma reclamó la parte quejosa, jurídicamente dejó de subsistir, entonces la causa de improcedencia invocada se actualiza al existir un pronunciamiento irrevocable sobre la invalidez del decreto impugnado. Por tanto, si la normativa aquí impugnada fue removida jurídicamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, al declarar su invalidez; se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior, ya que para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales. 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución. Elementos que se encuentran plenamente satisfechos en tanto a que en este juicio de amparo se reclaman la citada norma declarada inválida en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a lo anterior, la norma aquí impugnada se reclamó con el carácter de autoaplicativa, por lo que, con independencia de la conclusión anterior, no pasa inadvertido para la suscrita que la parte quejosa no demostró una afectación a su esfera jurídica, ya que reclama la norma en su carácter de autoaplicativa, además, de un pretendido acto de aplicación, sin que se haya acreditado la existencia del mismo. Por lo cual, no se advierte una afectación a la esfera jurídica de la parte promovente, ya que, por una parte, fueron removidas las normas impugnadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, al declarar su invalidez, y por otra, no se demostró la existencia de algún acto de aplicación que haya afectado la esfera jurídica de la parte quejosa. En las relatadas consideraciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentran pendientes por resolver los recursos de queja interpuestos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a la resolución de los recursos de mérito, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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