Eduardo Josué Ortiz Arellano
Expediente 2035/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2035/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eduardo Josué Ortiz Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el número 10049 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión laboral número 13/2016 y los autos del juicio de amparo indirecto 2035/2015-5, acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Por tanto, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución dictada por este Juzgado en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados, se determina que en el presente juicio de amparo no existen documentos por desincorporar como lo establece el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, tomando en consideración que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el expediente laboral 546/2016, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. EMVG
- Principal
En trece de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un oficio con registro 613.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el licenciado Enrique Javier Ortiz Olmos, en su carácter de autorizado del quejoso Eduardo Josué Ortiz Arellano, en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Distrito, en el juicio de amparo indirecto 2035/2015, quedando registrado como amparo en revisión laboral 13/2016. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN CINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "Zacatecas, Zacatecas, a cinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado Enrique Javier Ortiz Olmos, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; y adjunta el escrito de expresión de agravios correspondiente; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88, todos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de cuenta, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Órgano Colegiado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por su Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES."
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2035/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. En escrito presentado el cinco de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, EDUARDO JOSUÉ ORTIZ ARELLANO, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: III. Autoridades responsables: H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito del Gato, Edificio "F", Planta Baja de Ciudad Administrativa en Zacatecas, Zacatecas. IV.- Acto u omisión Reclamada: Incongruente, infundada, inmotivada e ilegal resolución dictada el 09 de octubre del dos en curso, de la que tuve conocimiento el día 19 del mes de octubre del presente año. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La resolución de nueve de octubre de dos mil quince, dictada en el Juicio Laboral 546/2010, en la cual, la autoridad responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud, y se tuvo a la parte demandada dando cumplimiento total al laudo dictado el seis de diciembre de dos mil trece, en virtud de que exhibió la copia del documento que ampara la retención de impuestos, de la que dijo, se desprende la cantidad retenida por dicho concepto y depositó el resto dando cumplimiento a su única obligación que lo es cubrir a la parte que obtuvo la cantidad a la que fue condenada y exhibir las constancias de retención del impuesto, acto que la responsable consideró realizó conforme a derecho no siendo su obligación exhibir el original del documento en mención como lo pretende la parte actora. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto que se reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado (foja 16). Además, la certeza del acto impugnado se corrobora con el original del expediente laboral 546/2010, que remitió la autoridad responsable; documental pública a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualice alguna. IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa en el capítulo conceptos de violación expresó lo siguiente: a). Que la resolución combatida le depara perjuicio toda vez que no se encuentra debidamente fundada ni motivada. b) Que le causa perjuicio que la autoridad responsable libere a la patronal de exhibir en juicio los documentos originales y tenga por cumplido cabalmente el segundo laudo. Asimismo, señala que la autoridad responsable no cumplió con lo dispuesto por los artículos 791, 798, 801 y 804 que obliga a las partes a exhibir los documentos privados en original y de no ser posible ello señalar las causas bajo protesta de decir verdad y ofrecer los medios de perfeccionamiento de las mismas. c) Que le causa perjuicio el acto reclamado toda vez que en los puntos resolutivos del segundo laudo no existe mandamiento alguno en el sentido de que se le descuente cantidad alguna por algún concepto, además de que quien dio origen al procedimiento lo fue la patronal al despedirlo injustificadamente y por ello debe ser ésta quien asuma todas las consecuencias de ello entre ellas el pago de impuestos. IV.2. Transcripción del acto reclamado. La determinación reclamada, la cual se contiene en el documento que obra en la foja 337 del expediente laboral 546/2010, es del contenido literal siguiente: "ZACATECAS, ZACATECAS, a NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. VISTA la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito dentro del juicio de amparo laboral número 1143/2015, en el cual la Justicia de la Unión Ampara y Protege a ENRIQUE JAVIER ORTIZ OLMOS, en su carácter de apoderado de EDUARDO JOSUE ORTIZ ARELLANO, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por las consideraciones y para los efectos precisados en el considerando IV de esta sentencia. Consistiendo los efectos de la ejecutoria de cuenta en que se deje insubsistente el auto de dieciocho de mayo de 2015 y con plenitud de jurisdicción se emita otra determinación en la que atienda la petición del impetrante, sin más limitación que la de satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación legal que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República; por lo que en cumplimiento a la misma; la Junta ACUERDA: se deja sin efectos el auto de fecha 18 de mayo de 2015, y en cumplimiento a la ejecutoria de cuenta se tienen por recibido el escrito presentado por el C. LIC. ENRIQUE JAVIER ORTIZ OLMOS en su carácter de apoderado jurídico de la parte actora, en el expediente laboral que al rubro se indica, mediante el cual señala que los anexos en copia simple que exhibe los apoderados legales de la persona moral precitada, pretendiendo con ello, el acreditar el haber retenido y enterado la cantidad que no le fue entregada a mi representado para que se diera cabal cumplimiento al laudo pasado por la autoridad de cosa juzgada dictado en el presente juicio. Se objetan todas y cada una de las fotocopias simples que fueron exhibidas, el patrón tiene la obligación de exhibirlos en original, por contar con ellas ya que suponiendo sin conceder el personal de la demandada realizó y enteró al Servicio de Administración Tributaria la cantidad retenida a mi representado. Resultando obvio que es la demandada la que cuenta con la original de la documentación exhibida en fotocopia simple, razón por la que los anexos exhibidos son fotocopia simple carecen de todo valor probatorio y por ende la demandada ahora condenada, debe de dar cumplimiento cabal al laudo dictado en el presente juicio exhibiendo la cantidad que se le retuvo a mi representado más los salarios caídos que se sigan devengando a partir de la retención, más los que se sigan devengando hasta que se dé cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, ya que se tiene a la parte demandada dando cumplimiento total al laudo dictado por la misma en fecha 06 de diciembre de 2013, en virtud de que exhibió la copia del documento que ampara la retención de impuestos de la cual se desprende la cantidad retenida por dicho concepto y deposita el resto dando cumplimiento a su única obligación que lo es cubrir a la parte que obtuvo la cantidad a la que fue condenada y exhibir las constancias de retención del impuesto, acto que esta Autoridad considera realizó conforme a derecho no siendo su obligación exhibir el original del documento en mención como lo pretende la parte actora, siendo aplicable las siguientes jurisprudencias: CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL. De los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos, 26 del Código Fiscal de la Federación y 110, párrafo primero; 113, párrafos primero y tercero; 116, primer párrafo; 117, primer párrafo, fracción II; y, 118, fracciones I a III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta derivado de una relación laboral y tienen la obligación de retener el causado, por lo que el monto del tributo deben enterarlo ante la autoridad hacendaria; bajo ese tenor, es evidente que las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuentan con la facultad para resolver sobre la entrega de constancias de retención del pago de impuestos por parte del patrón en el juicio laboral, al tratarse únicamente de las constancias que demuestran que dicho patrón enteró a la autoridad hacendaria la retención de aquellos que realizó al trabajador por cuestión de impuesto sobre producto del trabajo y, por ende, está obligado a entregarlas al trabajador en los términos precisados en el referido artículo 118, puesto que la solicitud de su exigencia está justificada por la necesidad de conocer las retenciones efectuadas en el año, para pedir, en su caso, la devolución, lo cual, de ser procedente, deberá tramitarse ante la autoridad correspondiente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 957/2011. Beatriz Adriana Carrillo Ugalde. 18 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretaria: María Guadalupe León Burguete. y LAUDO. PARA QUE SE TENGA POR CUMPLIDO CUANDO EXISTEN DEDUCCIONES EFECTUADAS POR EL PATRÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, ÉSTE DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO QUE LO JUSTIFIQUE. Para tener por cumplido un laudo no basta que la parte patronal deposite las cantidades a que fue condenada a pagar al trabajador, deduciendo la relativa a los impuestos generados por esas prestaciones salariales, sino que es necesario que exhiba el documento que justifique esa deducción por concepto de impuestos, de lo contrario el presidente del tribunal laboral debe exigirlo, por ser él quien debe cuidar el cumplimiento del laudo hasta la total entrega de las prestaciones de que se trate. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 4/2005. T.F.M., S.A. de C.V. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala." Por lo que se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido y finiquitado.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- así lo acordaron y firmaron los CC. Representantes que integran esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con la asistencia de la C. Secretaria de la misma que actúa.- DOY FE".- V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Es infundado el conceptos de violación sintetizado en el inciso a), en que el quejoso aduce que con el acto reclamado se vulneran en su perjuicio las garantías que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que el acuerdo de nueve de octubre de dos mil quince, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, carece de la debida fundamentación y motivación legal a que están obligadas en todo acto que emitan. El invocado numeral 16, en su primer párrafo, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Del precepto transcrito se infiere que todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera jurídica de los gobernados, debe estar debidamente fundado y motivado por la autoridad competente, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por lo segundo, que también deben señalarse con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Pues bien, al analizar el contenido de la determinación reclamada, se advierte que, contrariamente a lo que sostiene el impetrante en los motivos de inconformidad que hace valer, el acto reclamado no adolece de la debida fundamentación y motivación legal que debe revestir todo acto de autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional; toda vez que la citada responsable invocó como fundamentos legales que justificaron su decisión de tener por cumplido el laudo con las copias simples de los documentos que amparan la retención de impuestos, sin que fuera exigible el documento original, citó la tesis "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL."; asimismo, expuso los razonamientos que motivaron su determinación, con lo cual cumplió con esos imperativos legales, por lo que no se actualiza la violación reclamada por el quejoso. Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos de violación identificados con los incisos b) y c), en los cuales señala: b) Que le causa perjuicio que la autoridad responsable libere a la patronal de exhibir en juicio los documentos originales y tenga por cumplido cabalmente el segundo laudo; Asimismo, que la autoridad responsable no cumplió con lo dispuesto por los artículos 791, 798, 801 y 804 que obliga a las partes a exhibir los documentos privados en original y de no ser posible ello señalar las causas bajo protesta de decir verdad y ofrecer los medios de perfeccionamiento de las mismas. c) Que le causa perjuicio el acto reclamado toda vez que en los puntos resolutivos del segundo laudo no existe mandamiento alguno en el sentido de que se le descuente cantidad alguna por algún concepto, además de que quien dio origen al procedimiento lo fue la patronal al despedirlo injustificadamente y por ello debe ser ésta quien asuma todas las consecuencias de ello entre ellas el pago de impuestos. Son infundados los conceptos de violación citados, toda vez que el acto reclamado cuya legalidad se impugna por esta vía se encuentra dictado conforme a derecho, toda vez que para tener por cumplido el laudo no es necesario que la patronal exhiba el original del documento con el cual se demuestre la deducción de los impuestos. En concordancia con esa premisa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 136/2007, sostuvo que en un juicio de naturaleza laboral, la autoridad para tener por cumplido el laudo, solo debe examinar que en el recibo de liquidación aparezcan los conceptos y cantidades materia de la condena y de las demás que el demandado manifieste retener por impuestos a esos conceptos. Lo anterior, precisó el Alto Tribunal, una vez analizados los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones I y II, los cuales establecen: De la Ley del Impuesto sobre la Renta. "Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: "... "X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. ..." "Artículo 110. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: ..." "Artículo 112. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas: "I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este título, el impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II de este artículo. "II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. "La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 177 de esta ley; el cociente así obtenido se multiplica por cien y el producto se expresa en por ciento." (Reformado primer párrafo, D.O.F. 26 de diciembre de 2005) "Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ..." Del Código Fiscal de la Federación: "Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes: "I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. "II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. ..." Agregó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que del análisis armónico de los numerales transcritos, y del criterio emitido por la entonces Cuarta Sala en la tesis de Jurisprudencia con número de registro 915393 de la voz y texto: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA, OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA.", advirtió que salvo los casos de excepción que se consignan en la ley, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta derivado de una relación laboral y tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos derivados de la condena impuesta en el laudo en cantidad líquida, por lo que al momento de efectuar el pago correspondiente, por concepto de indemnizaciones, prima de antigüedad y otros conceptos, son considerados como responsables solidarios de aquéllos, hasta por el monto del tributo y deben enterarlo ante la autoridad hacendaria, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración pública (federal o local) en la recaudación de impuestos. Finalmente dijo la Segunda Sala, que acorde con lo anterior, una vez que se ha decretado en el laudo el importe líquido de una condena, en la etapa de ejecución del laudo, la autoridad laboral tiene la ineludible obligación de vigilar su cumplimiento. En dicha etapa de ejecución es cuando el patrón debe realizar el pago de las cantidades líquidas a las cuales resultó condenado en el laudo, y si al momento de exhibir su liquidación manifiesta retener el impuesto correspondiente a los conceptos de indemnización, salarios caídos y prima de antigüedad a los que resultó condenado, para efecto de que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar que el laudo quede debidamente cumplido, bastará con observar que la parte patronal exhiba el recibo de liquidación en el que aparezca con claridad el desglose de los conceptos y coincidencia de las cantidades a las que resultó condenada, así como de aquellas retenidas por concepto de impuesto a dichos conceptos, sin que resulte necesario que la autoridad laboral examine el exacto cálculo de la cantidad a enterar, pues tal determinación corresponde a la autoridad fiscal. Que además, la autoridad para tener por cumplido el laudo sólo debe examinar que en el recibo de liquidación aparezcan los conceptos y cantidades materia de la condena y de las diversas que el demandado manifieste retener por impuestos a esos conceptos, sin necesidad de revisar si el cálculo del entero fue o no correcto, con la exhibición del documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto deducido o la exhibición de la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo, pues en caso de que el cálculo resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria, la devolución de las cantidades que le haya retenido el patrón en forma indebida. Que por tanto, para que se tenga por cumplido el laudo no es necesario que la parte patronal exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la exhibición de la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador por dicho impuesto. De tal suerte que, como se desprende de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrariamente a lo alegado por el quejoso, para que la junta responsable tenga por cumplido el laudo no es necesario que la parte demandada, esto es, la patronal, exhiba el original de los documentos de que enteró la cantidad que retuvo por dicho impuesto. Aunado a lo anterior, de la constancia que en copia simple obra a fojas 343 del original del expediente laboral que fue remitido por la responsable como justificación del acto reclamado; relativo a la constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo (incluye ingresos por acciones), a nombre de Eduardo Josue Ortiz Arellano, se desprende que el impuesto retenido al contribuyente, aquí quejoso, en el periodo correspondiente al dos mil catorce, lo fue por la cantidad de $52,943.00 (cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), con lo cual se cumple con el criterio de referencia. Asimismo es importante señalar, que si bien es verdad que en los resolutivos del laudo cuyo cumplimiento afirma el quejoso no está cumplido, no se desprende que se haya ordenado la retención del impuesto del producto del trabajo, sin embargo, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta derivado de una relación laboral y tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos derivados de la condena impuesta en el laudo en cantidad líquida, de ahí que, al momento de efectuar el pago correspondiente, se le considera como responsable solidario de aquellos por el monto del tributo y deben enterarlo a la autoridad hacendaria, por lo que, el hecho de que en los puntos resolutivos del laudo no se diga nada al respecto, no es ello un impedimento para que el patrón haga la retención del impuesto sobre el salario. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo." Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que el acto reclamado viole en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ni queja deficiente que suplir en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, procede NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a EDUARDO JOSUÉ ORTIZ ARELLANO, respecto del acto reclamado, emitido dentro del juicio laboral número 546/II/2010, tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a EDUARDO JOSUÉ ORTZ ARELLANO, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por las consideraciones y para los efectos precisados en el considerando V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza hasta el día de hoy dieciséis de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. DOY FE. RAZÓN.- ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DE LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2035/20015.- CONSTE.
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