Eduardo José Ruiz de Velasco Zenteno

Expediente 1033/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1033/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Eduardo José Ruiz de Velasco Zenteno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 103 a 108). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Por último, toda vez que no es necesario seguir conservando el plano del predio rústico, así como el avalúo comercial emitido por el perito ********************, que el quejoso ********************anexó a su escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 42 a 64); por tanto, notifíquesele personalmente, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificado ante este órgano jurisdiccional a recoger dichas documentales, previo acuse de recibo que se deje en autos, apercibido que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados las constancias referidas serán destruidas. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    . Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Consultor Jurídico en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, residente en la Ciudad de México, por el cual devuelve el oficio 26391/2019, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Energía, por los motivos que expone. En consecuencia, a fin de integrar debidamente el presente expediente, se ordena al Actuario Judicial adscrito para que de inmediato reenvíe por la vía rápida de mensajería denominada "Estafeta", el oficio 26391/2019, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Energía, para los efectos legales que ahí se contienen. En el entendido que el fedatario judicial de la adscripción deberá cerciorarse y remitir correctamente el oficio 26391/2019, a la residencia oficial de la citada autoridad responsable.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta presentado por Claudio Modesto Mojica, autorizado de la parte quejosa (foja 28); atento a su contenido, se le tiene por desahogada la vista ordenada en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 98), y por hechas sus manifestaciones que al efecto vierte. Ahora, en atención al estado de los autos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Eduardo José Ruiz de Velasco Zenteno, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de las siguientes autoridades: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Energía. Director General de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad. Subdirector de Transmisión de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad. V. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables se reclama: El acto confiscatorio consistente en la apropiación material y jurídica de aproximadamente 8,800 MI. x 40.00 MI. = 35.20 Ha (Ocho mil ochocientos metros lineales por cuarenta metros lineales igual a treinta y cinco hectáreas con veinte metros), del predio propiedad del suscrito quejoso. La indebida afectación, por parte de las responsables, sin concederme la correspondiente garantía de audiencia, de la parte proporcional del predio del quejoso, mediante la instalación de una línea de conducción de energía eléctrica, dentro de dicha propiedad. La omisión del pago de indemnización por concepto del acto expropiatorio y / apropiación indebida y contraria a derecho ocupación y apropiación de los referidos 8,800 MI. x 40.00 MI. = 35.20 Ha (Ocho mil ochocientos metros lineales por cuarenta metros lineales igual a treinta y cinco hectáreas con veinte metros), de mi propiedad. La omisión consistente en dejar de otorgarme los derechos humanos de audiencia, legalidad y debido proceso,." En ese orden de ideas, se advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Tales razones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro X, julio de 2012, tomo 1, materia común, página 729 y registro: 2001155, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No pasa por inadvertido que dicho criterio, interpreta artículos de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, se estiman aplicables pues el contenido de los artículos 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de dicha ley abrogada, esencialmente coinciden con el contenido de los artículos 61, fracción XVIII, y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, son válidamente aplicables al presente caso, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, del decreto por el que se promulgó la Ley de Amparo, publicado en el Diario oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, los actos que reclama el quejoso derivan de la afectación que dice se produjo en la superficie de 8,800 MI. x 40.00 MI. = 35.20 Ha (Ocho mil ochocientos metros lineales por cuarenta metros lineales igual a treinta y cinco hectáreas con veinte metros), de un predio de su propiedad, por la instalación de una línea de conducción de energía eléctrica, dentro de por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sin juicio previo. Entonces, el reclamo del quejoso deriva de una servidumbre legal de paso. Es así, dado que, de conformidad con los artículos 1097, 1099, 1105, 1106, 1107 y 1108 del Código Civil Federal, se deprende que la servidumbre legal de paso obedece a la situación natural de los predios, de la cual surge la necesidad de que el dueño del sirviente proporcione acceso a la vía pública o, en su caso, tolere el paso para la recolección de frutos, la conducción del ganado a un abrevadero, la colocación de andamios u otros objetos con el propósito de construir o reparar un edificio, o la instalación de postes y cables para el establecimiento de comunicaciones telefónicas o la conducción de energía eléctrica, que incluye el tránsito de personas y el traslado de materiales para la construcción y vigilancia de la línea, como aquí lo señala el promovente. Tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 29/2008, sustentada, que dice: "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL. De los artículos 1097, 1099, 1105, 1106, 1107 y 1108 del Código Civil Federal, se desprende que la servidumbre legal de paso obedece a la situación natural de los predios, de la cual surge la necesidad de que el dueño del sirviente proporcione acceso a la vía pública o, en su caso, tolere el paso para la recolección de frutos, la conducción del ganado a un abrevadero, la colocación de andamios u otros objetos con el propósito de construir o reparar un edificio, o la instalación de postes y cables para el establecimiento de comunicaciones telefónicas o la conducción de energía eléctrica, que incluye el tránsito de personas y el traslado de materiales para la construcción y vigilancia de la línea. En ese sentido, una vez que surge la necesidad apuntada, por disposición expresa de los preceptos citados, el propietario del predio dominante adquiere el derecho a exigir el acceso y, en forma correlativa, el dueño del sirviente queda obligado a soportar esa afectación a su propiedad, obteniendo únicamente el derecho a reclamar la indemnización por el perjuicio que se le ocasione y a señalar el lugar en que habrá de ubicarse el acceso; por tanto, en cuanto se establezca físicamente el paso o se instalen los materiales necesarios, como son postes y cables en el caso de comunicaciones telefónicas o de conducción de energía eléctrica, surge el gravamen legal referido y comienza a computarse el plazo de la prescripción negativa de la acción indemnizatoria, en términos del artículo 1098 del ordenamiento sustantivo citado, sin que el establecimiento de la servidumbre deba ordenarse por autoridad jurisdiccional, pues sólo cuando exista discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso, o cuando haya diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo, en función del menor perjuicio que deba causarse, el dueño del predio dominante puede ejercer la acción relativa, para que el órgano jurisdiccional disponga, en términos de los artículos 1099, 1100, 1101 y 1102 del Código Civil Federal, cuál es el predio obligado o, en su caso, establezca el sitio y las medidas adecuadas para la ubicación del paso o para la colocación de los materiales correspondientes." Ahora, los artículos 1,099, 1,100, 1,101, 1,102 y 1,108 del Código Civil Federal, prevén: "ARTÍCULO 1,099.- El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en donde haya de constituirse la servidumbre de paso. ARTÍCULO 1,100.- Si el juez califica el lugar señalado de impracticable o de muy gravoso al predio dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro. ARTÍCULO 1,101.- Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el que crea más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. ARTÍCULO 1,102.- Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso a la vía pública, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia, siempre que no resulte muy incómodo y costoso el paso por ese lugar. Si la distancia fuere igual, el juez designará cuál de los dos predios ha de dar el paso. ARTICULO 1,108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea." De las normas trascritas, se desprende el derecho que tiene el dueño de un predio de solicitar la intervención de la autoridad jurisdiccional, cuando exista discrepancia en relación a la servidumbre legal de paso, para que califique el lugar señalado por el predio sirviente, como impracticable u oneroso, caso en el cual se debe conceder al titular del predio sirviente, nuevamente la prerrogativa de señalar el lugar para el paso correspondiente, más accesible, comunicativo y menos gravoso; en defecto de ello, el Juez, a través de un juicio civil federal, es quien señalará el lugar que considere más apropiado, conciliando los intereses de ambos predios. Luego, si bien el propietario del predio dominante tiene derecho a exigir el paso correspondiente y, en forma correlativa, el dueño del predio sirviente está obligado a tolerar ese paso, también lo es tiene derecho al pago de una indemnización que surge cuando se instalan los materiales necesarios, como son postes y cables de conducción de energía eléctrica, mediante la intervención de la autoridad jurisdiccional, cuando existe disputa por la afectación. Consecuentemente, es patente que la mera actualización fáctica de tales presupuestos con la consecuente entrega de la indemnización, hacen nacer el derecho a exigir el paso y la obligación de concederlo; de tal manera que en cuanto se establezca el acceso o se instalen los materiales necesarios, surge la servidumbre legal de paso, sin necesidad de que intervenga autoridad jurisdiccional. Es decir, la actualización de esos supuestos fácticos y el establecimiento material de la servidumbre generan automáticamente a favor del dueño del predio sirviente, el derecho a exigir la indemnización por los perjuicios que se le ocasionen y el lugar de su establecimiento, en consecuencia, a falta de esas exigencias, el dueño del predio sirviente se encuentra legitimado para ejercer la acción tendente a exigir judicialmente tal indemnización. Por tanto, la servidumbre legal de paso para la instalación de conductores eléctricos a fin de tolerar el paso de cables de energía que permitan su conducción, cuya constitución obligue a colocar postes y tender cables en terrenos de una finca ajena, el dueño tiene la obligación de permitirlo mediante la indemnización respectiva, debiendo atenderse a la necesidad de que se proporcione el servicio de energía eléctrica a la finca dominante. Entonces, el quejoso no cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo por no haber agotado el juicio civil correspondiente, previamente al juicio constitucional, habida cuenta que, con tal procedimiento, pudo ser revocado, modificado o nulificado el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el juez civil, revise la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Por las razones jurídicas que contiene, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 159/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO, PORQUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALIZA ESTE TIPO DE ACTOS. La servidumbre legal de paso, cuya finalidad es la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, se constituye cuando se colocan los materiales necesarios y se entrega al propietario del predio gravado la indemnización correspondiente, sin que su establecimiento deba ordenarse previamente por autoridad jurisdiccional, pues ésta sólo se pronuncia en caso de discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso; cuando haya diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo en función del menor perjuicio que deba causarse o cuando no hubiere existido una indemnización previa al dueño de la finca gravada, supuestos en los cuales el propietario del terreno puede ejercer la acción relativa para que, en términos de los artículos 1099 a 1102 del Código Civil Federal, dicha autoridad determine lo que en derecho proceda. Por consiguiente, la constitución de la servidumbre legal de paso por la instalación de las líneas y postes de conducción de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no es impugnable mediante juicio de amparo, en virtud de que ésta no tiene el carácter de autoridad responsable, porque dicha constitución requiere de la voluntad del dueño de la finca sirviente, particularidad que indefectiblemente conduce a determinar que no se trata de un acto unilateral a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica que afecta la esfera legal de aquél, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado." Además, el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, para estar en aptitud de promover la demanda de amparo, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Lo anterior, al advertirse que tiene a salvo su derecho de presentarse ante el juez civil correspondiente a demandar la servidumbre legal de paso en los supuestos a que se refieren los artículos 1,099 a 1,102 del Código Civil Federal. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con cincuenta minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve (foja 76). Por tanto, en relación a la reserva establecida en el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, no es procedente admitir las pruebas que ofreció el quejoso con base en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dado que, el sobreseimiento decretado impide examinar el fondo del presente asunto, conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vistos los oficios de cuenta signados respectivamente por la Secretaria de Energía en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y la Directora General Adjunta de lo Contencioso adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, en representación de la titular de esa dependencia, residentes en la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar; asimismo, se les tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican para tal efecto y en términos del diverso numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se les tiene como sus delegados a los que mencionan. Por otra parte, vistos los escritos de cuenta signados por el quejoso Eduardo José Ruiz de Velasco Zenteno; atento a su contenido, se le tiene por hechas las manifestaciones que al efecto vierte con motivo de la vista dada en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve (foja 76); lo que será tomado en consideración en su momento procesal oportuno. Asimismo, se le tiene como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a Radai Enoch Bustamante Vargas, Oscar Valdueza Trujillo y Alejandra Guillermina Ramírez Pérez, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por último, como lo solicitan, se autoriza el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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