Eduardo Jesús Peinado Rodríguez

Expediente 3127/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3127/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Jesús Peinado Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintitrés. Causa estado ejecutoria cumplida. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el proveído, a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el capítulo 7, punto 7.2., del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De igual forma, conforme al manual invocado en párrafos precedentes el cuaderno original del incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, es DEPURABLE. Y conforme al ordinal 20, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Finalmente, se aprecia que la parte quejosa no exhibió documentos originales; no obstante, los exhibidos por la parte quejosa, se dejan a su disposición hasta en tanto transcurra el plazo para la ejecución de la valoración de este asunto. Fundamento: Artículo 3, fracción XVIII1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capítulo 4, punto 4.3.2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio en representación del Presidente de la República, por medio del cual solicita copia de la resolución dictada en el recurso de revisión de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. Ahora en atención a su contenido, remítase la copia que solicita, no obstante, dígase que está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Fundamento: artículo 221 y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita de conformidad con su numeral 2. Por otro lado, téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, remite copia del oficio número CENACE/DJ-SJE-JUACN/624/2021, en el que realizaran las gestiones internas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; asimismo, remite copia de la acta administrativa circunstanciada de cumplimiento del juicio de amparo en que se actúa y remite comprobante de operación de transferencia bancaria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (Anexo 2), por la cantidad de $9,245.68 (nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional), hecha por el CENACE a cargo del banco emisor Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a favor de Eduardo Jesús Peinado Rodríguez, a efecto de devolver las cantidades retenidas por concepto del Impuesto sobre la Renta, en relación a la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; asimismo, exhibe el acuse de recibo correspondiente, por el que la parte quejosa tuvo por recibido dicha cantidad; agréguese a los autos, de cuyo contenido se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora, con la copia del oficio antes mencionado y sus anexos, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto al contenido del oficio de cuenta, en el que se informa el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Lo anterior es así, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, con los datos aportados por la autoridad y con las constancias que obren en el expediente. Fundamento: Artículos 221 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de Conformidad con su artículo 2. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México; doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la resolución pronunciada en sesión ordinaria virtual el catorce de octubre de dos mil veintiuno y terminada de engrosar el veintiocho siguiente, el recurso de revisión 94/2021 de su índice, del cual se desprende que el citado Tribunal Colegiado, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la sentencia recurrida y considerando sexto de esta ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege *******, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos séptimos y octavo de la sentencia recurrida." Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y realícense las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno electrónico. Hágase del conocimiento de las partes lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, se hace de su conocimiento que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Ahora bien, en atención a lo ordenado por el Tribunal y visto el estado procesal se advierte que el diez de marzo de dos mil veinte, se dictó la sentencia relativa a este asunto, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Estudio de fondo. No se transcriben los conceptos de violación porque no existe dispositivo legal que obligue a este órgano jurisdiccional a proceder de esa forma. Sin que tal decisión genere un perjuicio a la parte quejosa, dado que será estudiada la cuestión efectivamente planteada en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Como se señaló, la materia de estudio de fondo que subsiste es la aplicación de la porción normativa contenida en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 6 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos Federales, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (que no sufrió modificación en el decreto publicado el doce de abril de dos mil diecinueve), que establece que las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. Primeramente, se debe señalar que los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo se suplen parcialmente en su deficiencia, habida cuenta que los actos reclamados antes precisados se fundaron en una porción normativa declarada inconstitucional por la Suprema Corte en un precedente de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 105/2007, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO)." En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 6, fracción III (la totalidad de la fracción en sus párrafos primero y segundo), de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con base en las consideraciones siguientes: "El artículo 6 reproducido enumera las bases para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, entre otras, que ningún servidor público puede tener remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: el desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización; que en ningún caso se cubre remuneración con efectos retroactivos salvo resolución jurisdiccional, así como contiene reglas sobre lo que se denomina 'dictamen de compatibilidad'. El diverso 7 ordena que la remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, los cuales contendrán los tabuladores de remuneraciones mensuales, con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, los montos de sueldos, salarios y prestaciones. Así como que el presupuesto de egresos contendrá la remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda; y que la remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fideicomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I del propio artículo. El examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, demuestra que asiste la razón a los promoventes de la acción pues, en efecto, la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja. Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el Poder Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial y otros; a pesar de ello, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización, esto es, reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar esa Cámara al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos. La misma problemática se tiene en el artículo 7 del ordenamiento impugnado, ya que si bien forma parte del Capítulo relativo a la presupuestación de las remuneraciones, también lo es que permite esa discrecionalidad porque solamente establece que las remuneraciones se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como que los tabuladores contendrán esos sueldos de manera mensual, precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales, los montos a sueldos y salarios y los de las prestaciones, lo que confirma que se está ante una regulación que no fija límites a la autoridad, cuando el ejercicio de toda facultad exige que ésta no sea arbitraria, pues por virtud de los principios de legalidad y seguridad jurídica todo acto de autoridad debe estar acotado o encausado conforme a la Constitución y a las leyes que de ésta derivan, sin embargo, en el caso, del examen relacionado a los preceptos cuestionados se acredita que la facultad de la Cámara de Diputados para establecer remuneraciones queda sujeta a los deseos de esa autoridad sin limitación alguna o criterio orientador que impida establecer sueldos que inobserven los principios del artículo 127 constitucional. La conclusión que sustenta este Tribunal Constitucional parte sin duda alguna de los razonamientos expuestos por el Constituyente Permanente en el procedimiento de reforma constitucional que culminó con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, de donde se desprenden los mandatos dirigidos al Congreso de la Unión, quien debía hacer efectivo el contenido del artículo 127 constitucional y de las disposiciones también constitucionales relativas. En ese contexto, se acentúa que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin de establecer las bases uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del servicio público, para lo cual se previó que se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del resto de retribuciones del servicio público. A pesar de ello, en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se introdujeron hipótesis normativas que simplemente aluden a ese referente máximo, pero no existen otras que contengan los elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, cuando el mandato de la Constitución es que el Congreso de la Unión debía desarrollar las bases previstas en el artículo 127 constitucional, a fin darle eficacia al sistema de remuneraciones del servicio público; y si bien el hecho de que los preceptos cuestionados repitan lo que prevé la Constitución no hace a la ley ordinaria inconstitucional, también lo es que las órdenes fijadas en ese precepto constitucional son claras, por cuanto el legislador debía contemplar supuestos normativos que desarrollaran no sólo ese precepto constitucional, sino el resto de disposiciones del mismo rango que impacten en el servicio público. En este apartado se hace hincapié en que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie. Por añadidura, el Constituyente Permanente tuvo como eje a observar, la proporcionalidad que debe existir entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio público, a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones, lo que explica que en el primer párrafo del artículo 127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades. Pese a ello, los preceptos impugnados terminan inobservando esas características que la propia Constitución exige para toda remuneración. Es decir, es indiscutible que la remuneración del Presidente de la República es el referente que irradia en la fijación del resto de remuneraciones, pero con el fin de no distorsionar el sistema de remuneraciones el Poder Reformador exigió proporcionalidad según las funciones y las responsabilidades, pero del examen integral de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten lograr ese mandato constitucional, ya que no contienen los elementos, metodología o procedimientos para respetar la proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá incrementarse proporcionalmente, según se desprende de lo expuesto en el dictamen de la Cámara de origen y discusión correspondiente en el Pleno de ésta, por cuanto se expuso la necesidad de que los sueldos respondan a criterios técnicos que conjuguen por una parte, el nivel de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público, expresión ésta que subraya la importancia de haber introducido el término "proporcional" en el texto del artículo 127 constitucional y, desde luego, la necesidad de que la Ley Reglamentaria desarrollara esa expresión para que las retribuciones sean congruentes con los niveles de responsabilidad. Lo antedicho guarda importante relación con un diverso mandato que permite que existan servidores públicos que puedan obtener una remuneración mayor a la de su superior jerárquico, para lo cual el Poder Reformador introdujo cuatro excepciones en la fracción III del artículo 127 constitucional, a saber, que el excedente de la remuneración: a. Sea consecuencia del desempeño de varios cargos públicos; b. Sea producto de las condiciones generales de trabajo; c. De un trabajo técnico calificado; o d. Por especialización en la función, con la condición de que la suma de esas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y, desde luego, de que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. A pesar de lo palpable de los objetivos buscados con la reforma constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que no desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe. En este considerando se ha hecho énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos. Al respecto, esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos. En este sentido, tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada -entre otras garantías- la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en lo que concerniente a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas. Estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir el ejercicio discrecional de esa facultad, consisten en tomar en cuenta:  Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto;  Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;  Especialización;  Riesgo asociado al desempeño de las funciones;  Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;  Índice inflacionario;  Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;  Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,  La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen. Los anteriores criterios, se aclara, sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera discrecional. Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, además de que no pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, principios que están plasmados en el artículo 127 constitucional, y tienen como finalidad que el servicio público cuente con personal calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas para las funciones a desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de ahí la importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad. En consecuencia, los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de Diputados quede al arbitrio de la autoridad. Cabe aclarar que estas conclusiones no equivalen a desconocer la facultad exclusiva que tiene esa Cámara para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, pues lo que aquí se está acentuando es que esa facultad no se ejerza de manera tal que se traduzca en arbitrariedad, es decir, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, sea aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea excesiva o tan escueta que afecte la eficacia y calidad de la función pública, razones que explican la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, que no sólo violan el artículo 127 constitucional, sino también aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal. De acuerdo con lo razonado ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En la ejecutoria transcrita, la Suprema Corte declaró la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III (la totalidad de la fracción en sus párrafos primero y segundo), IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con base en las razones que enseguida se sintetizan. Señaló que la regulación establecida en la ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización. Refirió que el artículo 6 reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar la Cámara de Diputados al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos. Precisó que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie. Añadió que el Constituyente Permanente tuvo como eje a observar, la proporcionalidad que debe existir entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio público, a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones, lo que explica que en el primer párrafo del artículo 127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades. Pese a ello, los preceptos impugnados terminan inobservando esas características que la propia Constitución exige para toda remuneración. Agregó que a pesar de lo palpable de los objetivos buscados con la reforma constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que no desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe. Puso énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos. Recalcó que la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos. Insistió que tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada -entre otras garantías- la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en lo que concerniente a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas. Concluyó que estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Ahora bien, es importante reiterar que, conforme a lo señalada en la propia ejecutoria de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, la declaratoria de invalidez sobre el artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otros artículos, surtió efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión (veinte de mayo de dos mil diecinueve), es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que se analiza (diecisiete de mayo de dos mil diecinueve). Sin embargo, ello no es obstáculo para obviar el precedente de la Suprema Corte sentado en la acción de inconstitucionalidad referida, puesto que, de acuerdo con el principio de irretroactividad de la jurisprudencia previsto en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, lo que en el caso no acontece; por el contrario, este juzgado adopta el criterio en beneficio suyo. Es aplicable el criterio contenido en la tesis 2a./J. 199/2016 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO." Expuesto lo anterior, se pone de manifiesto que se debe establecer primero, si con motivo de alguna prestación, percepción extraordinaria u otro concepto derecho derivado de las Condiciones Generales de Trabajo o bien, de alguna disposición contractual o laboral, la dependencia pagaba a la autoridad fiscal y en nombre de la quejosa, las contribuciones causadas por concepto de remuneraciones del servicio público. Indudablemente, se requiere precisar si previamente a la emisión del acto tildado de inconstitucional, la parte quejosa tenía o no un derecho reconocido en alguna norma contractual o disposición general de carácter vinculante a percibir, como parte de sus prestaciones laborales, el beneficio de que la dependencia-patrón pagara el impuesto sobre la renta de las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones del servicio público. Para ello, es necesario traer a cuenta el artículo 16 del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, de junio de dos mil dieciocho, que dispone: "Artículo 16.- El Salario es la retribución que el CENACE para al Personal Operativo de Confianza Transferido por su trabajo. El Salario Diario Integrado está constituido por las cantidades expresadas en los tabuladores, más fondo de ahorro, ayuda de renta de casa, compensación por jornada nocturna, cuota diaria de energía eléctrica, prima por trabajo dominical cuando se laboren un mínimo de 27 domingos al año, porcentaje adicional al pago de vacaciones, aguinaldo anual, ayuda de despensa, fondo de previsión, ayuda de transporte, y percepciones que diaria y ordinariamente recibe el colaborador por su trabajo, excepto el incentivo a la constancia y puntualidad. Para el pago de prima legal de antigüedad, indemnizaciones y compensaciones por riesgos de trabajo y no profesionales, gastos de sepelio, pensiones jubilatorias, separaciones por cualquier causa y reajustes, el salario se reintegra por los conceptos expresamente nominados que se mencionan en el primer párrafo de este artículo. En virtud de que es una prestación adicional a las que establece la Ley, la compensación por fidelidad no formará parte del salario diario integrado para los efectos a que este artículos se refiere, ni tendrá repercusión alguna en las prestaciones establecidas en el presente Manual, salvo lo previsto en Capítulo II sobre pensiones jubilatorias. De igual manera, el incentivo por desempeño, prestación adicional a las de Ley, no se integrará al salario diario integrado en ningún otro caso. En los casos de ausencia en el trabajo en que el Personal Operativo de Confianza Transferido tenga derecho al salario, tales como: descansos semanarios, días festivos, vacaciones, permisos, riesgos de trabajo y no profesionales, los trabajadores de turnos continuos recibirán, además de su salario tabulado, el importe de la compensación por jornada nocturna. Para determinar el salario diario integrado, habiéndose fijado por mes, se dividirá entre 30. El pago del Impuesto Sobre la Renta a cargo del CENACE se aplicará conforme a lo establecido en el Anexo 2." [.] Anexo 2 Régimen fiscal de salarios y prestaciones Conceptos gravados AFECTACIÓN CENACE Alimentos X Ayuda para renta de casa X Cambio de residencia X Incentivos, estímulos, bonos o gratificaciones X Pago de aguinaldo a personal activo y jubilado X Pago fondo de ahorro aportado por CENACE X Reconocimiento al mérito laboral X Conforme al último párrafo del artículo transcrito, la dependencia se obligó en tanto institución patronal, a pagar en nombre del personal operativo de confianza el impuesto sobre la renta respecto a los siguientes conceptos: alimentos, ayuda para renta de casa, cambio de residencia, incentivos, estímulos, bonos o gratificaciones, pago de aguinaldo a personal activo y jubilado, pago fondo de ahorro aportado por CENACE y reconocimiento al mérito laboral. Esto es, como bien lo afirmó en su demanda la parte quejosa, la dependencia pagaba en su nombre el impuesto sobre la renta respecto a los conceptos relacionados en el Anexo 2 de dicho ordenamiento que, de acuerdo con lo establecido por su artículo 1°, tiene por objeto el establecimiento de las condiciones laborales específicas, así como de las remuneraciones del personal operativo de confianza transferido, del personal operativo de confianza con plaza vacante transferida y del personal operativo de confianza con contrato por tiempo determinado del CENACE. De acuerdo con lo anterior, se encuentra plenamente acreditado que antes de la emisión del acto tildado de inconstitucional, la parte quejosa había adquirido el derecho a que la dependencia pagara en su nombre el impuesto sobre la renta de los conceptos referidos en el Anexo 2 del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía. Adicionalmente, es oportuno mencionar que en la normativa vigente del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, de junio de dos mil diecinueve, se reiteró el derecho establecido en el artículo 16, último párrafo, en idénticos términos a lo señalado en el manual vigente en dos mil dieciocho, como puede advertirse en la transcripción siguiente: "Artículo 16.- El Salario es la retribución que el CENACE paga al Personal Operativo de Confianza Transferido por su trabajo. [.] El pago del Impuesto Sobre la Renta a cargo del CENACE se aplicará conforme a lo establecido en el Anexo 2." Por su parte, en el Anexo 2 del manual no solamente se dejaron intocados los conceptos gravados cuyo pago del impuesto sobre la renta cubre la dependencia, a saber, los alimentos, la ayuda para renta de casa, el cambio de residencia, los incentivos, estímulos, bonos o gratificaciones, el pago de aguinaldo a personal activo y jubilado, el pago del fondo de ahorro aportado por CENACE y el reconocimiento al mérito laboral, sino que se incluyó uno diverso por el concepto denominado becas. Lo anterior, pone en evidencia que la parte quejosa cuenta con el derecho que defiende en esta contienda constitucional. Además, en su informe justificado, la autoridad responsable del CENACE confesó la aplicación del dispositivo cuestionado. Con las pruebas aportadas y lo señalado por la autoridad responsable en su informe justificado, es factible concluir que también quedó plenamente acreditada la aplicación de la porción legal cuestionada. En razón de lo hasta aquí expuesto, es obligatorio concluir que asiste razón a la parte quejosa en el sentido de que el acto de aplicación de la porción normativa impugnada, es inconstitucional al haberse emitido con fundamento en una disposición que el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano invalidó en un precedente que es de observancia obligatoria para este juzgado de Distrito en términos de lo ordenado por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se declaran esencialmente fundados los agravios planteados en la demanda, suplidos parcialmente en su deficiencia. No constituye obstáculo a la anterior conclusión, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte no haya realizado un estudio específico del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece lo siguiente: "Artículo 6.- En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto." Efectivamente, los motivos por los cuales el Alto Tribunal no realizó pronunciamiento específico sobre ese enunciado, se explican si se tiene en cuenta que los artículos 6 y 7 fueron examinados sistemáticamente -no de manera aislada-, puesto que en ellos se enumeran las bases para la determinación de la remuneración de los servidores públicos y son éstas las que resultaron contrarias al principio de división de poderes establecido por el régimen constitucional democrático mexicano. Además, la ausencia de un pronunciamiento específico se justifica porque el análisis practicado por el Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad se efectuó sobre la base de violaciones globales y no sobre hipótesis normativas concretas. Por ello, se reitera, no se realizó un estudio particular sobre el párrafo segundo de la fracción III del artículo 6 en la ejecutoria reproducida. Tal circunstancia, sin embargo, no puede traducirse en el desconocimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la porción normativa en estudio. Es decir, el hecho de que no se haya emitido pronunciamiento específico sobre dicha disposición no exime a este órgano jurisdiccional de regirse por lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, dado su carácter vinculante en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho en otras palabras, si bien la ausencia de un pronunciamiento específico sobre la porción normativa habilitaría a este órgano jurisdiccional a realizar un nuevo estudio para fijar sus alcances y dar una solución jurídica al cuestionamiento de constitucionalidad bajo el análisis de hipótesis concretas, lo objetivamente cierto es que ese margen no es discrecional sino que está acotado por las razones dadas en la acción de inconstitucionalidad, lo que se traduce en que no se podría llegar al extremo de dictar una resolución contraria a los alcances fijados previamente por el Alto Tribunal, aún bajo el análisis de hipótesis concretas no analizadas por aquél. Por tanto, aunque las razones contenidas en los considerandos que fundan los resolutivos en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, se ocuparon de manera destacada del Poder Judicial de la Federación y de los órganos constitucionales autónomos (conocidos en la literatura especializada como OCA's), no así de los organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, como es el CENACE -entidad sectorizada a la Secretaría de Energía según lo dispuesto por artículo 1 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía- , es claro que sí se dieron diversas razones que vinculan a este juzgado a seguir el precedente de la Suprema Corte. Se sostiene lo anterior, debido a las siguientes razones: Primero, porque el vicio de inconstitucionalidad analizado por el Alto Tribunal en relación con la porción normativa reclamada, irradia sus efectos sobre el ámbito material de aplicación de la disposición aún y cuando las razones dadas sean genéricas y no se refieran específicamente a la porción reclamada. Se explica. La Suprema Corte concluyó a partir de un examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja. Precisó que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin de establecer las bases uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del servicio público, para lo cual se previó que se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del resto de retribuciones del servicio público. Una razón fundamental para declarar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, fue que el legislador soslayó armonizar el principio de división de poderes para establecer criterios objetivos a fin de determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Otra consideración fue que la Cámara de Diputados no debía ejercer de manera arbitraria su facultad exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal; esto es, que a través del Presupuesto de Egresos el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, no podía ser aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración fuera excesiva o tan escueta que afectara la eficacia y calidad de la función pública, dado que ello sería violatorio no solamente del artículo 127 constitucional, sino también de aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal. Conforme a lo anterior, es posible advertir que las razones que fundan la declaratoria de invalidez comprenden a todos los poderes, unidades y órganos propios del servicio público; asimismo, que la arbitrariedad con la que se determina el salario del Presidente de la República impacta a la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos no puede ser aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea excesiva o bien tan precaria que afecte la eficacia y calidad de la función pública. Tales razones son plenamente aplicables en el caso concreto, porque la disminución de las remuneraciones que percibían los quejosos se hizo con apoyo en el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual es violatorio del sistema remuneratorio de los servidores públicos federales previsto en el artículo 127 constitucional, así como de aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal, lo cual se tradujo, en el caso concreto, en una transgresión a las garantías de irreductibilidad del salario y de seguridad jurídica previstas en los artículos 123, Apartado B, fracción IV, primer párrafo, y 16 de dicho ordenamiento; habida cuenta que la disposición fue declarada inconstitucional en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Segundo, las razones del Alto Tribunal vinculan a este juzgado a seguir el precedente, porque la porción normativa impugnada debe necesariamente someterse al análisis constitucional a través de esta vía de amparo, no solamente como una disposición aislada sino sobre todo bajo el contexto de las disposiciones que regulan el sistema remuneratorio de los servidores públicos federales. La razón que justifica ese proceder, es que la porción en estudio no puede desvincularse del sistema establecido en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el que se encuentra integrada, sino que se requiere comprenderla de manera holística y conforme al entorno en el que está inserta. De esa manera, partiendo de la base de que el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en criterio obligatorio para este juzgado, se torna claro el argumento de que todos los actos de aplicación derivados de dicho dispositivo legal deben correr la misma suerte, al ser fruto de un acto viciado de origen. Es ilustrativa la jurisprudencia con el número de registro 252103, de rubro: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE." En esa línea argumentativa, deviene inconstitucional la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se tradujo en que la autoridad administrativa -ejecutora del gasto- retuvo y enteró las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de la parte quejosa en su carácter de servidora pública y no se pagaron por la dependencia en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto; inconstitucionalidad que es extensiva sobre los efectos y consecuencias que hayan derivado de esa aplicación. Por tanto, ha lugar a conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados. OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Subdirector de Administración del CENACE realice lo siguiente:  Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, en relación con su Anexo 2 -vigente al momento de la presentación de la demanda y por el tiempo que duró su vigencia, esto es, hasta junio de dos mil diecinueve en que se publicó el nuevo Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía-.  Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida." Requerimiento de cumplimiento. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable Subdirector de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados y remita copia de las constancias que acrediten su actuación. De igual forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, el Director General del Centro Nacional de Control de Energía, para que en igual término, los conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo o en su caso manifieste impedimento legal alguno, asimismo de resultar no ser el superior jerárquico de la autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, informe a quien sí lo es. Apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de hasta cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia, tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización de ocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Invitación al Juicio en Línea. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: marisol.soto.perez@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como los artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado en representación de las autoridades responsables del Centro Nacional de Control de Energía, a través del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En virtud de lo anterior, se tienen por formuladas sus manifestaciones en vía de alegatos. Fundamento: Artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: marisol.soto.perez@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

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