Eduardo Jeremias Moo Cordova
Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Eduardo Jeremias Moo Cordova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido la determinación de tres mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dictado por este Juzgado; por tanto, con fundamento en el citado numeral, en relación con el diverso 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que ha causado estado; practíquense los apuntes respectivos en el libro de gobierno. En términos del numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Téngase por recibidos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en representación de la Junta y del Actuario de su adscripción, residente en Ciudad del Carmen, Campeche; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de abril del año en curso, remitiendo copias certificadas del proveído dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral *** de su índice; con apoyo en el numeral 119 de la citada ley, se tienen por enunciadas las documentales que anexó la autoridad oficiante. Ahora bien, de las constancias que acompañaron las responsables a sus informes de ley, se aprecia que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el juicio al rubro identificado, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, misma que en modo alguno se podría desvirtuar con algún elemento de prueba que pudiera ofrecer la parte quejosa. En atención a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y atendiendo a la naturaleza y fines del juicio de amparo, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: ".la omisión de dictar acuerdo donde señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la omisión de acordar la promoción de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, presentada el veintitrés del citado mes y año, en el expediente laboral **.." En esa tesitura, respecto del acto que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Lo anterior es así, debido a que de las constancias que anexó la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de abril del esta anualidad, remite copias certificadas de la audiencia de conciliación demanda y excepciones de veinticuatro de enero de dos mil veintidós y las cedulas de notificación realizadas y del proveído dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en respuesta a la promoción presentada el veintitrés del citado mes y año, en el expediente laboral *** Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. *** En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: la omisión de dictar acuerdo donde señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y de acordar la promoción de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, presentada el veintitrés del citado mes y año, en el expediente laboral *** De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. **** Entonces, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación, tienen una existencia justificada, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, no lesionando el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades a observarse para avalar el acceso a las mismas. El Tribunal Supranacional ha sostenido, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben sentar supuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. De la misma manera ha expuesto, si bien esos medios de impugnación deben estar disponibles para el interesado, resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre, en cualquier caso, los tribunales están constreñidos a pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular medio de defensa intentado. A la luz de estas premisas, válidamente se puede afirmar que las causales de improcedencia constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional programada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese; personalmente tanto a la parte quejosa como al Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de distrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo que acompaña, signado por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado -en representación de la Junta y del Actuario de su adscripción-, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de marzo del año en curso, remite copias certificada de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dictada en el juicio laboral *****, de su índice; con el contenido del mismo dese vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la citada ley, se tiene por enunciada la documental que anexó la autoridad oficiante, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, atendiendo a los actos reclamado en el presente juicio, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio que al efecto se gira, remita copia certificada y legible del acuerdo que le recayó a la promoción presentada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte ante dicha junta, en los autos del juicio laboral citado... Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, ...
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existe una posible causa de improcedencia, toda vez que de la constancia remitida por el Presidente en funciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche- rindiendo por sí, en representación de la Junta -, residente en esta ciudad, se desprende que en audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, suspende la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ordena notificar a los demandados y señala el veinticuatro de enero de esta anualidad, para su celebración; lo anterior, emitido en el juicio laboral 257/2020; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio que al efecto se gira, informe a este juzgado de distrito, si y realizó el emplazamiento de los demandados y sí llevó a cabo dicha audiencia, de ser así, remita copia certificada y legibles de las constancias con las que lo acredite. Lo anterior, en apego a las facultades del suscrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para este día y, en su lugar, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós para que tenga verificativo. Notifíquese.
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