Eduardo Javier Llanos Luis

Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Javier Llanos Luis

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve ***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 704/2021-II-D. PRECISÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, es pertinente destacar que en la especie la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público Regional Toluca Mesa Seis: Inactividad de investigar. Negativa de formular Imputación. Negativa de Proporcionarle copias y acceso a la carpeta de investigación *** Del Coordinador de mesas de la Fiscalía Regional de Toluca: Inactividad y omisión de actuar. De la Visitaduría general, Órgano de Inspección del Estado de México: La inactividad y omisión respecto a la queja presentada mediante correo electrónico. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Establecido lo anterior, en cuanto al acto reclamado a la Visitaduría General, Órgano de Inspección del Estado de México: Inactividad y omisión a la queja enviada mediante correo electrónico. Este Juzgado estima que en el presente caso resulta procedente la separación de juicios a que alude el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, como a continuación se demuestra. En principio es menester precisar que la figura jurídica denominada separación de juicios, si bien no se encuentra específicamente regulada en la Ley de Amparo ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, fue establecida en las jurisprudencias P/J.76/97, P.J.77/97 y P.J.78/97, pronunciados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 6/96, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, localizables en las páginas 117, 118 y 119, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; "SEPARACIÓN DE JUICIO. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". Por su parte, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establece: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." En tales condiciones, si los supuestos a que se refiere el numeral 72 del citado código no se actualizan, debe decretarse la separación de juicios, pues al existir diversos procedimientos desvinculados entre sí, no existe motivo justificado para que éstos sean analizados en un mismo juicio de amparo; circunstancia que acontece en la especie, en virtud de que en este asunto se reclaman diversos actos. Por lo tanto, mediante oficio dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remítase una copia de traslado de la demanda de amparo, a efecto de turnarla al órgano que corresponda. En consecuencia, este órgano jurisdiccional conocerá únicamente de los actos precisados en los incisos a) y b). DESECHAMIENTO. Por otra parte, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por cuanto hace los actos reclamados precisados en los incisos a) y b). Lo anterior, por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Y de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la víctima y el ofendido tienen reconocido el derecho fundamental de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, etcétera, el citado numeral señala: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. ." En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando previo a éste no se agotó el principio de definitividad. Luego, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a esta vía constitucional, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ahora bien, es necesario señalar que los artículos 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los artículos anteriores se advierte lo siguiente: El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Los artículos 219 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y la negativa de dar acceso a la carpeta correspondiente y el otorgamiento de copias de la misma. En esas condiciones, se considera que el quejoso debió impugnar las abstenciones y negligencias en las que aduce ha incurrido del Agente del Ministerio Público responsable, en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente; y, sería entonces la resolución de dicha autoridad judicial la que decida en definitiva sobre la conducta atribuida al Fiscal responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. En ese tenor, la posibilidad de impugnar, prevista por la propia Carta Magna, constituye un instrumento de control jurisdiccional, a través del cual, la víctima u ofendido, en el caso, la quejosa, puede combatir las distintas determinaciones en la investigación dictadas por el Ministerio Público, dado que a través del medio de defensa innominado contenido en el referido precepto legal se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Asimismo, debe decirse que el legislador, al referirse a las determinaciones que pueden ser impugnadas ante el juez de control, se refiere en general a todas las omisiones del ministerio público que tengan por efecto paralizar una investigación derivado de su facultad investigadora . Se afirma lo anterior, debido a que si bien la omisión de investigar atribuida al ministerio público, no se encuentra contemplada literalmente en el numeral referido, dicha conducta se encuentra relacionada con el desempeño de su labor investigadora. En ese sentido, debe estimarse que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto de impugnabilidad, prevista en tanto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como en los derechos de la víctima que contempla el Código de Procedimientos Penales en el Estado de México aplicable, pues en el caso, lo que se combate es la omisión de integrar la carpeta de investigación y de ejercitar acción penal, así como la negativa de otorgar copias y el acceso correspondiente, por consiguiente, se trata de actos omisivos y negativos de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Además, de que el referido medio de defensa tiene por finalidad que el juez de control, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a la partes, establezca de manera ágil y eficaz si la omisión atribuida al encargado de la investigación fue legal o no, y en su caso, conminarlo a que lleve la investigación, y practicando todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado (omisión de ejercer acción penal) debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, existe un medio ordinario para impugnar las resoluciones u omisiones del ministerio público en la investigación; lo cual lleva implícita la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente el acto que aduce la quejosa por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; es decir, contra los que no proceda medio de defensa ordinario alguno. Por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente, como ya se mencionó. No estimarlo así, contravendría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la divergencia de criterios 233/2017, estableció que de la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se concluye que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial para revisar la legalidad de las mismas. De la citada contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con registro electrónico 2017641, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, materia penal, página 945, que indica: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa 1a./J. 28/2018 (10a.), con registro electrónico 2017640, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, materias común y penal, página 943, que indica: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así las cosas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley federal invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías que se analiza. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otro lado, por cuanto hace a su solicitud de tenerle como diverso domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporcionó no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) En diverso aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 5/2021. CORREO ELECTRÓNICO COMO MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN En esas condiciones, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico que proporcionó, para efectos del sumario en que se actúa. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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