Eduardo Jaimes Santana

Expediente 20/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
20/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Jaimes Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el ocho de marzo del presente año, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio, de la cual procede la aclaración oficiosa, en términos del artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de corregir un error cometido en la misma. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 94/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página seis, del Tomo VI, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente literalidad:.......Ante ello, es menester destacar el error cometido en la sentencia dictada amerita corrección oficiosa, a fin de aclarar la resolución en concordancia con las consideraciones apuntadas en el cuerpo de la misma; por lo que se hace necesario, transcribir los puntos resolutivos de la sentencia a aclarar, que quedó como sigue: "PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 20/2017, promovido por Eduardo Jaimes Santana, por conducto de su apoderado legal Arturo Cornejo Ortíz, respecto de los actos y autoridad indicados en el resultando primero de esta resolución por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a Eduardo Jaimes Santana, contra el acto identificado en el considerando segundo de esta sentencia con el inciso 2), del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo." De la transcripción que antecede, es de concluirse que se incurrió en un error humano, al momento de la elaboración de la aludida sentencia, en específico en el resolutivo segundo de la misma, pues del considerando "quinto" de la misma se aprecia que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 62 de la Ley de Amparo vigente, este juzgado procedió a analizar de manera oficiosa la actualización de alguna causa de improcedencia, respecto al acto reclamado identificado en el considerando "segundo" consistente en la omisión de la autoridad responsable en acordar los escritos de uno, dieciséis y veinticuatro de agosto, dos y trece de septiembre, todos de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 207/2009; como se puede apreciar del cuerpo de la aludida sentencia, y que se copia a continuación para corroborar lo expuesto: " . QUINTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Ahora, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de la autoridad responsable en acordar los escritos de uno, dieciséis y veinticuatro de agosto, dos y trece de septiembre, todos de dos mil dieciséis,, dentro del juicio laboral 207/2009, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, lo cual obliga a sobreseer en el juicio, dispositivos que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, opera la causa de sobreseimiento citada, toda vez que, para que así suceda, se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida a los actos reclamados de tal forma que destruya todos los efectos de los mismos, como si se restituyera a la quejosa en el goce de sus garantías violadas. Numeral descrito, que establece la hipótesis de que cuando los efectos de los actos que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: ....... En ese orden y dado que la parte quejosa medularmente se duele que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ha sido omiso en acordar los escritos de uno, dieciséis y veinticuatro de agosto, dos y trece de septiembre, todos de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 207/2009, en los que la parte quejosa por conducto de su apoderado legal, solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado a la demandada -aquí tercero interesado- en auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, así como que requiriera de nueva cuenta y apercibiera con multa de 200 a 500 días, en términos del artículo 95 de la Ley 51, Estatuto de los trabajadores, reformada, dentro del expediente laboral de origen. Es así, de constancias enviadas por la autoridad responsable y que fueron anexas a su informe justificado (fojas 46 a la 70), se aprecia que el tribunal obrero, en acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete (foja 69), tuvo por recibidos los escritos fechados en uno, dieciséis y veinticuatro de agosto, dos y trece de septiembre, todos de dos mil dieciséis, y en lo que interesa acordó: ".Chilpancingo, Guerrero, a dos de febrero de dos mil dieciséis. Por recibidos seis escritos ante este Tribunal los días veintinueve de marzo, uno, dieciséis y veinticuatro de agosto, dos y trece de septiembre, todos de dos mil dieciséis, signado el primero por la C. María Bethzabe López Jiménez, apoderada legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero; parte demandada en el expediente laboral número 207/2009, y los restantes escritos por el C. Arturo Cornejo Ortiz, apoderado legal del actor; . Por cuanto hace al primero de los escritos, se le tiene a la apoderada legal de la demandada por desahogando el requerimiento mediante auto de fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, y por informando a este tribunal gestiones que se encuentra realizando para realizar cabal cumplimiento al pago requerido, exhibiendo al efecto el oficio número SG/1214/2016 de fecha cuatro de enero del año dos mil dieciséis, mediante el cual se solicita el incremento del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, para tal efecto y se le tiene a la demandada informando las gestiones que realiza para dar cabal cumplimiento al pago de la condena, para lo cual se ordena dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles manifesté lo que en su derecho convenga, con el apercibimiento de no hacerlo así se le tendrá por perdido su derecho para hacer cualquier manifestaciones con posterioridad. Por otra parte, se le requiere de nueva cuenta a la demandada para que dentro del término de tres días hábiles exhiba el pago al actor de la cantidad de $119,956.53 (CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.) o acredite ante este tribunal de las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la condena, en el entendido que se deberá acreditar las subsecuentes acciones que se encuentre realizando o de la respuesta dada a su oficio ya que desde la fecha en que lo presentó ante la Secretaria Particular del Gobernador, once de enero del año pasado, a la fecha ha transcurrido más de un año.Por cuanto hace a todos y cada uno de los escritos presentados por el apoderado legal de la parte actora en los cuales solicita lo mismo, que se aplique a la demandada la medida de apremio de fecha uno de marzo del año pasado, al efecto dígasele que no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado, esto en razón de que la demandada informa las gestiones que se realizan para dar cumplimiento al pago, por lo que se debe estar a lo ordenado en la presente; asimismo, solicita que se aplique como medida de apremio a la demandada en caso de incumplimiento de pago el artículo 95 de la Ley 51 del Estado, reformado el veinticinco de agosto del año en curso, consistente en la multa de doscientos a quinientos días de salarios mínimo vigente en el Estado, al efecto dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado esto en razón de que Artículo 14 de la Constitución Federal, establece que: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo tanto no es procedente la aplicación del precepto legal a que hace referencia, por lo que una vez hecho lo anterior o transcurrido el término se acordará lo que en derecho corresponda." En esas condiciones, debe decirse que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable tuvo por recibidos los escritos presentados por la parte actora -aquí quejosa- y emitió pronunciamiento respecto a dichos ocursos, dando respuesta a las peticiones hechas por la parte promovente. Lo que se evidencia, con lo acordado por el tribunal responsable en acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, que obra en autos, pues en primer término, tuvo a la demandada informado las gestiones que está realizando para dar cumplimiento al pago a que fue condenada, motivo por el cual acordó no ha lugar hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, como lo solicitó la parte actora; de igual, requirió de nueva cuenta a la demandada para que de cumplimiento al pago requerido y la apercibió en caso de incumplimiento con multa de mil pesos; por último acordó no favorable apercibir en términos del artículo 95 de la Ley 51 del Estado, reformado, por las razones allí expuestas. Lo anterior, sin que esta juzgadora pueda estudiar la legalidad o ilegalidad de ese auto pues no forma parte de la litis en este juicio; por lo que resulta evidente que le restituyó en el goce del derecho fundamental violado, lo que conlleva a la conclusión de que en el presente caso se surte de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional, es decir, como si los actos no hubieren invadido su esfera jurídica, pues con fecha posterior a la demanda la autoridad responsable emitió pronunciamiento dentro del expediente laboral 207/2009, en el que tuvo por recibidos los escritos de uno, dieciséis y veinticuatro de agosto, dos y trece de septiembre, todos de dos mil dieciséis, presentados por la parte actora, y se pronunció respecto a lo solicitado por la referida parte procesal; por tanto, resulta ocioso el estudio del acto reclamado de referencia pues ya no está surtiendo efectos. Cobra aplicación al presente caso el criterio de jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala, visible en la página doscientos diez, tomo VII, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del aludido Semanario, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por las razones anotadas, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 62, 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de garantías respecto de los actos en comento, tal como lo establece la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. (.) " Entonces, es de explorado derecho que los puntos resolutivos no son otra cosa más que la conclusión o resultado concreto del juicio, pues previo a ello, en los considerandos debe determinarse si se concede, niega o sobresee, reflejando la conclusión en los puntos resolutivos de la sentencia que se pronuncie. Es así, pues que se incurrió en un error al realizar el engrose de la sentencia que nos ocupa, toda vez que se quedó asentado en el punto resolutivo "segundo" que: "La justicia de la unión ampara y protege a Eduardo Jaimes Santana, contra el acto identificado en el considerando segundo de esta sentencia con el inciso 2), del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo", cuando en el cuerpo de la misma se determinó el sobreseimiento por haberse actualizado la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En narradas consideraciones, se impone aclarar la sentencia del amparo, respecto del resolutivo segundo, debiendo quedar de la siguiente forma: SEGUNDO. Se Sobresee el presente juicio promovido por Eduardo Jaimes Santana, contra el acto identificado en el considerando segundo de esta sentencia con el inciso 2), del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. Apoya lo anterior, la Tesis VII/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página once del Tomo XXVII, del mes de febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen:..... Por tanto, la sentencia que nos ocupa queda con la salvedad realizada y en los términos señalados en la misma. Por otra parte, atendiendo al contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el telegrama de cuenta enviado por la Síndica Procuradora y Representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de marzo del presente año, y al respecto informa que el oficio número 6768, por el que se le notificó la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, fue recepcionado en ese Ayuntamiento, el trece de marzo del presente año; por tanto, téngase a la referida autoridad dando contestación al requerimiento hecho por este juzgado, así como legalmente notificada de la sentencia definitiva dictada.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no ha sido devuelto el acuse de recibo relativo al oficio mediante el cual se ordenó notificar al Ayuntamiento Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerreo, la sentencia definitiva dictada en este asunto. En consecuencia, a fin de que este Juzgado Federal, esté en aptitud de declarar ejecutoriada la sentencia aludida, requiérase vía telegráfica a la citada autoridad, para que en el término de tres días siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente auto, informe por la misma vía (telegráfica) si recibió el oficio número 6768/2017, y de ser así, haga del conocimiento la fecha de su recepción. Con el apercibimiento que de no acatar lo aquí indicado se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 20/2017, promovido por Eduardo Jaimes Santana, por conducto de su apoderado legal Arturo Cornejo Ortiz, respecto de los actos y autoridad indicados en el resultado primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Eduardo Jaimes Santana, contra el acto identificado en el considerando segundo de esta sentencia con el inciso 2), del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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