Eduardo Jael Medina
Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Jael Medina
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Eduardo Jael Medina, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se tuvo por n no presentada la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de donde se advierte que el término de cinco días concedido al quejoso Eduardo Jael Medina, mediante auto de siete de octubre de dos mil veinte, notificado por lista el veintitrés de octubre actual, transcurrió del veintisiete de octubre al tres de noviembre del año en curso, descontando de dicho cómputo los días inhábiles treinta y uno de octubre y uno de noviembre de la presente anualidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como dos de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con la circular 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y habiendo hecho una búsqueda en el libro de correspondencia de este juzgado no se encontró promoción alguna tendente al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional en auto de siete de octubre del año en curso, indicó que para el caso de no desahogar la prevención formulada, se acordaría lo conducente, en consecuencia, toda vez que el impetrante de amparo, no acató el requerimiento formulado; téngase por no presentada la demanda de amparo promovida por Eduardo Jael Medina, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el juzgado. Finalmente, toda vez que mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se reservó a acordar lo conducente, respecto del oficio signado por el Defensor Público Federal Encargado del Despacho, sin realizar mayor pronunciamiento, atento a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, veinte de octubre de dos mil veinte. Te´ngase por recibido el oficio signado por Roberto Pedraza Vela´zquez, Defensor Pu´blico Federal Encargado del Despacho, a trave´s del cual en atencio´n al requerimiento formulado en auto de siete de octubre de dos mil veinte, refiere que la solicitud de asignar un defensor en el presente asunto, corresponde al Instituto de Defensori´a Pu´blica del Estado de Me´xico, por los motivos que expone en su misiva. En ese contexto, se tiene al oficiante dando cumplimiento a lo determinado por este o´rgano jurisdiccional en el provei´do de referencia, se deja sin efectos el apercibimiento al que fue conminado. Atento lo anterior, este juzgado se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto se tenga conocimiento de la diligencia ordenada en provei´do de siete de octubre actual, esto es, la notificacio´n realizada a la parte quejosa. NOTIFI´QUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veinte. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Eduardo Jael Medina, contra actos que reclama del Juez de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 687/2020-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, atendiendo a la lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso Eduardo Jael Medina, no estampo su firma autógrafa; además que el escrito inicial de demanda es una fotocopia, tal como se asentó al recibir su ocurso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en la que se escribió que se recibía en fotocopia y sin firma. Por tanto, dado que la firma del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma autógrafa del inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional. Prevención de la demanda. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De la transcripción anterior se desprende que, el citado numeral no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por el artículo diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al inconforme para que una vez que se constituya el actuario judicial en el centro penitenciario en el que se encuentra recluido, desahogue los siguientes requerimientos: a) En el acto de la notificación y para el caso de que el quejoso cuente con la demanda en original debidamente firmada la deberá entregar al actuario judicial, pues como se dijo la presentada ante este órgano jurisdiccional es una fotocopia y no viene firmada. b) Ahora, para el caso de que no tenga físicamente la demanda en cuestión, dentro del término de cinco días a partir de que se notifique el presente acuerdo, deberá enviarla al juzgado por conducto de una persona de su confianza, o en su caso, manifieste bajo protesta de decir verdad el impedimento que tenga para ello. c) Deberá precisar su nombre correcto y completo. Asimismo, se le hace el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención formulada en la forma y plazo indicados, este juzgado acordará lo conducente. De la notificación al quejoso. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese al quejoso únicamente la notificación de carácter personal en el lugar en que se encuentra recluido. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso Eduardo Jael Medina, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se solicita defensor. En otro orden de ideas, toda vez que el quejoso Eduardo Jael Medina, solicita en su demanda de amparo, se le designe un defensor de oficio; en consecuencia, con sustento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, atento a que el peticionario de garantías gírese oficio al Delegado en el Estado de México, del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, designe un defensor o asesor jurídico que represente en el presente juicio de amparo al indicado quejoso, quien se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, apercibido que de no dar cumplimiento a éste mandato judicial, se le impondrá como medida de apremio, una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización 1, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo 1 En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $86.88 (ochenta seis pesos 88/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), con registro digital 2020495, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 69, agosto de 2019, tomo II, materia constitucional, común, página 1301, que indica: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFÍQUESE.
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