Eduardo Israel Rojas Campos

Expediente 911/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
911/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Israel Rojas Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Archívese el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la diligencia de notificación de ocho de octubre de dos mil diecinueve, practicada al quejoso Eduardo Israel Rojas Campos, se advierte que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, asentó: ".PRIMERO: El acto que le reclama al Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer con sede en Tlaxcala, es la posible orden que giró para su traslado del Penal de Tlaxcala al CEFERESO 5 Oriente. SEGUNDO: En relación a los antecedentes del acto reclamado refiere bajo protesta de decir verdad que son los que narró en su demanda de amparo y que como dato adicional que sabe que lo movieron a otro penal por una supuesta mala conducta de su parte (ese fue el motivo); la fecha exacta del acto reclamado la desconoce y tuvo conocimiento del mismo cuando llegó al Penal de Villa Aldama, señalando además que no interpuso ningún medio de impugnación en contra del acto reclamado. TERCERO: Refiere que en contra del traslado que se duele hasta el momento no ha promovido diverso recurso legal ordinario a extraordinario; estando pendiente únicamente la apelación que promovió en contra de la sentencia que se le dictó". Por lo tanto, tomando en consideración que lo asentado por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, fue manifestado por el quejoso de mérito, se tiene por cumplida la prevención de siete de octubre de la anualidad que cursa, y al respecto se acuerda: En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar íntegramente la demanda, así como las manifestaciones que en cumplimiento a la prevención de autos externó el quejoso al actuario judicial, se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: El traslado del quejoso, del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, ordenado por las autoridades penitenciarias, sin que se hiciera de su conocimiento si existe orden de la autoridad judicial. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro:"PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado precisado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." Precisado lo anterior, se destaca que los artículos 57, primer párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. [.]" "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y". Disposiciones de las que se advierte que, como en el caso, ante las órdenes de traslado el quejoso podrá acudir ante el Juez de ejecución para que resuelva lo conducente; sin que ello pueda considerarse potestativo, tal y como se sigue del criterio jurisprudencial número 1a./J.148/2007, sustentado por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que se cita a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo 'podrá', ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito.". En ese sentido, es claro que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, el interno debió agotar el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, máxime que esa legislación contempla la suspensión del acto impugnado en el artículo 122, que dispone: "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." Más aún, porque la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once del mencionado precepto 18 y 21 Constitucional, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas, lo cual genera un control judicial el sistema penitenciario. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, tiene dentro de su ámbito de aplicación el internamiento por prisión preventiva, así como la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos de competencia de los Tribunales del Fuero Federal y Local. En este marco normativo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, el interno debe agotar el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal cuando reclame la orden de traslado. Sirve de apoyo por la idea jurídica que contiene la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Asimismo, resulta aplicable al presente caso, por sus consideraciones, la tesis aislada III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." De igual manera, no está por demás destacar que el interno también tiene a su alcance el recurso de apelación previsto en los artículos 131, 132, fracción VII, 133, 134 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el accionante del amparo debía seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, por virtud de la ejecución del traslado a un centro de reclusión distinto al lugar en que se encontraba, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Aunado a que, no debe perderse de vista que, si bien el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, lo cierto es que, solamente está para cuando no existe alguna autoridad con facultades constitucionales para remediar dichas violaciones a esos derechos humanos, como en el caso, que el legislador mexicano decidió otorgar la facultad de garante como Juez Natural de esos derechos fundamentales previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al Juez de Ejecución. Además de que, dicha herramienta prevista en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Máxime que, el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previó una mayor protección de derechos humanos que la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en el amparo únicamente la protección es relativa, esto es, solo para quien promueve el juicio de amparo; sin embargo, el legislador en el artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó al Juez de Ejecución, la herramienta de protección erga omnes a través de realizar una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, es decir, con efectos no solo para el quejoso o quien promueve la petición administrativa o el recurso, sino también para otros que no promovieron el medio de defensa. En el caso, el quejoso Eduardo Israel Rojas Campos, no instó el medio ordinario de defensa previsto en los numerales 57, primer párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues él mismo, al desahogar la prevención de siete de los cursantes, manifestó al fedatario judicial que en contra del traslado realizado por las autoridades penitenciarias, no interpuso ningún medio de impugnación. En tal sentido, como ya se precisó, el quejoso previo a instar esta vía constitucional, debió acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que por reserva de ley, no se actualiza el caso de excepción previsto por el segundo párrafo de la fracción XX del numeral citado. A más de que, conforme a lo ordenado en el artículo 1° Constitucional, de privilegiarse el mayor beneficio de la persona, que se consigue aplicando, en este caso específico, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Similar criterio al que se adopta en esta determinación, ha sustentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el recurso de revisión 536/2018, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve y el recurso de queja 52/2019, de dieciséis de mayo del año en curso; así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver los recursos de revisión 21/2019 y 111/2019, de veinte de junio y veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente y el recurso de queja 38/2019, de veinte de junio de la presente anualidad; los cuales, se invocan como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones". Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso. Finalmente, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y notifique al quejoso el presente acuerdo, haciéndole entrega de copia simple del mismo, en términos del artículo 27, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo, debiendo asentar tal circunstancia en la razón que para tal efecto realice. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Israel Rojas Campos contra actos reclamados al Director de Prevención y Reinserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 911/2019-3-A. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracciones IV y V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" (.) Como se advierte del último de los dispositivos mencionados, es obligación del gobernado señalar el acto que reclame de cada autoridad que señale como responsable, así como indicar de manera completa y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral 108 de la ley de la materia, y cuando el juzgador advierta la omisión de estos requisitos, deberá prevenir al quejoso para que subsane dichas deficiencias. En el caso, el quejoso señala como autoridades responsables a: Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala. Director de Prevención y Reinserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México. Coordinador General de Centros Federales dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. Asimismo, señala como acto reclamado el siguiente: ".Les reclamo a las autoridades señaladas como responsables el trasladarme del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, ubicado en calle 8 s/n colonia Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala, c. p. 90062 al Centro Federal de Reinserción Social No. 5 Oriente." Luego, al narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen los antecedentes de su acto reclamado, manifiesta: ".el 15 de junio de 2019, me encontraba en mi celda cuando fui llevado esposado al área médica, donde supuestamente fui valorado y sin manifestarme absolutamente nada sin presentarme ninguna orden del Juez correspondiente para ser trasladado, sin tener la oportunidad de defenderme.." Circunstancias que crean incertidumbre en el suscrito, puesto que por una parte el quejoso señala como autoridad responsable al Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala, y por otra refiere que el día que las autoridades carcelarias lo trasladaron no le mostraron orden del juez respectivo; por tanto, resulta necesario que esos datos sean aclarados por el promovente del amparo. PREVENCIÓN. En este contexto, a fin de proveer acerca de la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Eduardo Israel Rojas Campos, para que en el acto de la notificación del presente acuerdo o dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, cumpla con lo siguiente: PRIMERO: Especifique cuál es el acto que reclama al Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con sede en Tlaxcala. SEGUNDO: Una vez hecho lo anterior, deberá narrar bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyan los antecedentes del acto que reclame de dicho juez, es decir, si sabe el motivo que originó el acto que le reclame, la fecha en que se emitió, cuándo fue notificado o tuvo conocimiento de ello, si interpuso algún medio de impugnación en su contra, si este ya fue resuelto, en qué sentido y cuándo se le notificó. TERCERO.- Si en contra del traslado del que se duele, ha promovido diverso recurso legal sea en la vía ordinaria o extraordinaria, esto es, si promovió la controversia judicial ante el juez de control o el juez de ejecución, si expresó su inconformidad por alguna vía ante el juez que conoce de la causa penal a la que se encuentra sujeto o si promovió diverso juicio de amparo para reclamar el traslado que fue ejecutado en su persona. APERCIBIMIENTO. En ese tenor, en caso de no cumplir cabalmente con lo requerido en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. LAS NOTIFICACIONES AL QUEJOSO, con motivo de que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Estado de Veracruz, deben llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto de la designación de defensor que solicita el quejoso, acuérdese lo conducente una vez que cumpla cabalmente la prevención decretada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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