Eduardo Islas Barrios

Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 44 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
356/2022
Año
2022
Actuaciones
44
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Islas Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 20, fracciones I y III, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar definitiva. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberán destruirse los expedientes y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Por otra parte, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, toda vez que en el sumario obra un documento en copia certificada de la parte quejosa; de conformidad con el segundo párrafo del artículo 20 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obran las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el día de hoy se encuentra fijada la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, toda vez que el suscrito secretario se encuentra encargado del despacho, estando autorizado únicamente para practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, no es posible celebrarla, por lo que se difiere y como nueva fecha se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo de la licencia académica concedida a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial y autorizada en términos del artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, comunicada mediante oficio CCJ/ST/617/2023, ante la persona secretaria Bruno Aníbal Rivera García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Tuxpan, Veracruz; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo de la licencia académica concedida a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial y autorizada en términos del artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, comunicada mediante oficio CCJ/ST/617/2023, ante la persona secretaria Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Fiscal Especializada en Combate al Secuestro con residencia en Tuxpan, Veracruz, no ha rendido sus informes justificados respecto de las ampliaciones de demanda promovidas por la quejosa, ni en autos obra constancia alguna que acredite que haya sido notificada del oficio 3813/2023, mediante el cual se le solicitaron. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído. En el entendido que el informe con justificación que rinda deberá hacerlo únicamente en relación a los escritos de ampliación de demanda. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe en relación con la ampliación de la demanda; con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En virtud de lo expuesto, y a fin de dar margen a que la aludida autoridad responsable cumpla con lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere y como nueva fecha para que tenga verificativo se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese.

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