Eduardo Humberto Álvarez Cervera

Expediente 1870/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1870/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Humberto Álvarez Cervera
  • EDUARDO HUMBERTO ÁLVAREZ CERVERA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, formándose el toca A.R. ********************/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por ****** autorizado de la parte quejosa, contra de la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito: El original del expediente 1870/2023. El escrito de expresión de agravios. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Un anexo. Un disco en formato DVD. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. CÚMPLASE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ******************** autorizado de la parte quejosa, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del referido escrito del recurso de mérito, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE y personalmente a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que se encuentra pendiente de acordar las promociones con registró 14375 y 14680; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el auto de admisión, el informe con justificación rendido por las responsables; además, se emplazó a *******, a quien se le reconoció el carácter de tercera interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Asimismo, se da cuenta con la promoción pendiente de acordar. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito presentado por *****, en su carácter de administrador único de ******, a través del cual solicita se autorice la consulta electrónica del expediente a los usuarios señalados en su escrito. En atención a lo anterior, con fundamento en el en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a los usuarios ****, **** y ******. Consecuentemente, hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Asimismo, glósese a los autos la promoción presentada por el apoderad de la persona moral tercera interesada, mediante los cuales formula alegatos. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental que anexó el quejoso a la demanda, consistente copia certificada de la escritura pública ciento setenta, pasadas ante la fe de la Notario Público setenta y tres del Estado de Yucatán. Igualmente, la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, envió los autos originales del toca mercantil *****, al cual anexó un disco de almacenamiento digital, con los cuales se formaron el ANEXO I y LEGAJO I. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que sólo el apoderado de la tercera interesada los formuló y el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte tercera interesada realizando manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán valorados en la emisión de la sentencia. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1870/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *****Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador único *******, contra actos de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por Distribuidora de Innovación y Tecnología Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador único Eduardo Humberto Álvarez Cervera, contra el acto reclamado a la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en la resolución que declaró improcedente la excepción de incompetencia interpuesta dentro de un juicio oral mercantil. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se formó expediente 1870/2023, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, y a **** tercero interesado en términos del artículo 3, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación. Finalmente con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman un acto de un tribunal en materia civil ejecutable dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Mérida, Yucatán La resolución dictada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca ****, de su índice, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte quejosa, dentro del juicio ejecutivo mercantil oral ******, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, aceptó la existencia del acto reclamado. Afirmación que se corrobora con los autos originales del toca mercantil, documental que tiene pleno valor probatorio por disposición de los artículos 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo El juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dado que se reclama una resolución en la que la Sala responsable declaró improcedente una excepción de competencia. De ahí que se estime procedente el juicio de amparo, en virtud que mientras no se analice su constitucionalidad, la autoridad judicial que tramita el juicio ejecutivo mercantil oral continuará conociendo del asunto, lo cual genera que la resolución reclamada se torne en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. Es exactamente aplicable al caso la tesis con registro 2009912 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO". Además, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En este asunto, no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario estudiar cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Efectuada la precisión anterior, el acto reclamado en este juicio de amparo es la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la primera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto. Acorde a las constancias del juicio ejecutivo mercantil oral, la resolución reclamada se notificó el uno de agosto de dos mil veintitrés mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; por tanto, en términos del artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio, esa notificación surtió efectos al día siguiente. En relación con el tema, se cita en forma ilustrativa la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10ª.) del Alto Tribunal de rubro: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA." Así, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del tres al veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el entendido que deben descontarse los sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la demanda de amparo se presentó el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por lo que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo legal. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado A fin de contextualizar el origen del acto reclamado, enseguida se destacan las atracones relevantes del juicio de origen: Demanda. El trece de octubre de dos mil veintiuno, ********** demandó a *****, y ********a, en la vía ejecutiva mercantil oral, el pago de la suma de dinero derivada de la contratación de un crédito simple. Radicación. El veintisiete de octubre siguiente, la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la radicó como el juicio ejecutivo mercantil oral número ****** y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Contestación. Previo emplazamiento, ******* contestó la demanda, y entre otras excepciones, opuso de incompetencia, porque en términos de la fracción II del artículo 1114 del Código de Comercio en vigor, debe conocer del juicio un Juzgador del orden federal Se tiene por opuesta la excepción. En cinco de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la demandada contestando en tiempo y forma y oponiendo las excepciones, en lo que interesa, respecto de la incompetencia por declinatoria, sin suspender el procedimiento, se ordenó su remisión al Tribunal de Alzada para su substanciación. Se admite a trámite la excepción. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintitrés, la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán responsable ordenó formar el toca ***, de su índice. Resolución que declara improcedente la excepción de incompetencia. Seguidos los trámites legales, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la Sala responsable declaró improcedente la excepción de competencia por declinatoria, por las siguientes razones: I) El artículo 104, fracción II, constitucional autoriza al actor a elegir a qué fuero le compete conocer del negocio, porque dicho precepto establece la concurrencia de jurisdicción entre Jueces y Tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. En el entendido que sí es aplicable la competencia del fuero común porque en el asunto sólo se dilucidan intereses particulares, sin injerencia del Estado. Ello, sin perjuicio de que los contratos base de la acción estén regidos por el Código de Comercio, porque ello por sí mismo es insuficiente para fincarle la competencia al fuero federal, en seguimiento a lo determinado en la contradicción de tesis 296/2009 resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que los contratos base de la acción se firmaron en esta ciudad, y por ende, si la parte actora presentó su demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo tanto eligió a la autoridad del orden común, para dirimir su controversia. La facultad de elegir al órgano que deba conocer del asunto, es exclusiva de la parte actora y no de la parte demandada del juicio de origen, tal como expresa la norma constitucional ya referida. Lo anterior, con base en a la jurisprudencia con registro 164576 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN». II) A mayor abundamiento, estableció que conforme al artículo 1093 del Código de Comercio, las partes pactaron expresamente de conformidad con la cláusula vigésimo séptima someterse voluntariamente a la competencia de los tribunales en la Ciudad de México, o bien, del lugar de la suscripción de los contratos, a elección de la parte actora, por lo que la parte actora sí podía elegir la jurisdicción que considere entre las señaladas en la sumisión expresa. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado El análisis de los conceptos de violación será en un orden diverso al escrito que los contiene, pero sin dejar de abordar la cuestión planteada en ellos, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, el estudio de los conceptos de violación se realizará bajo la óptica del estricto derecho, al no actualizarse alguna de las hipótesis de excepción descritas en el artículo 79 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, en el primer concepto de violación, la parte quejosa argumenta que la Sala responsable incurrió en una indebida fundamentación y motivación, porque al haberse celebrado los contratos base de la acción con una institución bancaria, no se puede considerar la existencia de cláusulas de sumisión expresa. Lo anterior, al considerar que resulta aplicable al caso lo resuelto en la contradicción de tesis 192/2018, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no era viable aplicar cláusulas de competencia por sumisión expresa, en contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias. Dicho argumento es inoperante, por lo siguiente. Tal como ya quedó destacado en los antecedentes de la resolución reclamada, se advierte que la Sala responsable sí fundó y motivó su determinación que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por dos razones: La primera, porque conforme el artículo 104, fracción II, constitucional, la elección de la jurisdicción es una facultad que está a cargo de la parte actora, de modo que sí pueden conocer los tribunales del fuero común, porque en el caso, sólo se dilucidan intereses particulares. Y, la segunda -realizada a mayor abundamiento-, dado que así se reconoció expresamente en la cláusula vigesimoséptima de los contratos base de la acción, al haberse sometido expresamente las partes a la jurisdicción ahí prevista, a elección de la parte actora. En ese sentido, lo inoperante del argumento deriva de que la Sala responsable basó su decisión de manera toral en que conforme el artículo 104, fracción II, constitucional, la elección de la jurisdicción es una facultad que está a cargo de la parte actora. Y a pesar de que esa fue la razón principal, con su argumentación propuesta no se controvierte frontalmente esa parte de la decisión reclamada, dado que sólo se limita a controvertir que en el caso no opera la competencia por sumisión expresa, esto es, sólo se impugna la argumentación realizada a mayor abundamiento. Inclusive, de estimarse que con tal forma de impugnar es suficiente para analizar la constitucionalidad de ambas razones, en todo caso, no le asiste la razón a la parte quejosa, porque en la citada contradicción de tesis 192/2018, la Primera Sala no determinó que le corresponda a la parte demandada fijar el fuero del tribunal competente, sino que al analizar el contenido del artículo 1093 del Código de Comercio, consideró que la limitación aludida del pacto de sumisión expresa se actualiza en el supuesto en el que el usuario del servicio financiero, por las cláusulas estipuladas en el formato del contrato de adhesión que se le impusieron, se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Ello, dado que esa circunstancia conlleva forzosamente la necesidad de trasladarse a una ciudad distinta para efectuar la defensa de sus pretensiones, lo que sin duda generaría un detrimento económico considerable que pudiera traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para el acreditado, máxime si se toma en consideración que la institución financiera tuvo presencia en el lugar donde se promovieron las controversias o se contrajeron las obligaciones. Aspectos de hecho que en el caso no se actualizan, porque la parte actora (aquí tercera interesada) eligió el lugar de la celebración de los contratos que es esta ciudad, lo que incluso coincide con el lugar en donde la parte demandada, aquí quejosa, tiene su domicilio social y fiscal, tal como se advierte de la cláusula tercera del acta constitutiva que fue exhibida al contestar la demanda en el juicio natural y que hacen prueba plena de ello, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo anterior, tampoco se podría concluir que la fundamentación y motivación de la Sala responsable sea indebida, porque por las razones ya explicadas, no basta con que la parte actora sea una institución de crédito para que en automático desaparezcan las reglas constitucionales de competencia que, en casos de competencia concurrente, le permiten elegir el fuero, ni para que, en todos los casos, sea la parte demandada quien deba fijar el fuero del tribunal que dirimirá la controversia. Todo lo anterior, tal como se determinó en la contradicción 192/2018 ya citada, en los siguientes términos: "En ese sentido, la limitación aludida del pacto de sumisión expresa se actualiza en el supuesto en el que el usuario del servicio financiero, por las cláusulas estipuladas en el formato del contrato de adhesión que se le impusieron, se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, dado que esa circunstancia conlleva forzosamente la necesidad de trasladarse a una ciudad distinta para efectuar la defensa de sus pretensiones, lo que sin duda generará un detrimento económico considerable que pudiera traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para el acreditado, máxime si toma en consideración que la institución financiera tuvo presencia en el lugar donde se promovieron las controversias o de donde se contrajeron las obligaciones. [.] Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que en tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia" (Lo resaltado es propio) Por otra parte, en el segundo concepto de violación, en el que se argumenta que si se hace a un lado el tema de la competencia por sumisión expresa, la Sala responsable debió analizar cuál era el tribunal competente, y que al no hacerlo se vulneró el artículo 17 constitucional. Dicho concepto de violación es infundado. Se afirma lo anterior, porque contrario a ello, la Sala responsable además de justificar las razones por las que la parte actora era quien válidamente podía elegir el fuero del tribunal competente -por tratarse de una jurisdicción concurrente-, también expuso las razones y fundamentos por los que concluyó que el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, sí es competente en razón de territorio y materia. Ello, pues la Sala argumentó que conforme a los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, tiene competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán, para conocer de los juicios orales mercantiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 Ter y 1390 Ter 1 del Código de Comercio, y en términos del Acuerdo General Número EX23-181121-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. De lo anterior, se extrae que contrario a lo afirmado por la quejosa, la Sala responsable no se limitó a resolver la excepción con base en la competencia por sumisión expresa, sino que esa fue una razón adicional a la principal, relativa a que el Juzgado de origen sí resultó competente por fuero, territorio y materia por las razones ya transcritas; de ahí lo infundado del argumento. En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara ni Protege a *******Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador único ******* contra el actor reclamado la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en la resolución que declaró improcedente la excepción de incompetencia interpuesta dentro de un juicio oral mercantil, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano