Eduardo Hilario Ortega

Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Hilario Ortega
  • EDUARDO HILARIO ORTEGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de del auto en donde se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente, se otorgó la suspensión provisional y por interlocutorias se negó y concedió la medida cautelar definitiva, respectivamente. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar las resoluciones judiciales mediante las cuales se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta por medio de los cuales el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, informa que los quejosos Eduardo Hilario Ortega, Crispina Feliciano Ortega (o Crispina Ortega Feliciano), Georgina Martha Aguilar Rangel y Placido Severiano Silva, en atención a una de las medidas de eficacia fijadas por este Juzgado en el incidente de suspensión derivado de este juicio, comparecieron para la continuación del proceso penal que se les sigue, por lo que en audiencia de diecinueve de septiembre de este año en la causa penal 189/2017, dictó en su contra acto de vinculación a proceso. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Lo resaltado es propio. La interpretación del referido precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, ya sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un diverso acto que trae por resultado un cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación jurídica creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio. El cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En estos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CXI/96, visible en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, en el presente asunto los quejosos en sus escritos de demanda de amparo reclaman en esencia la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en autos de la causa penal 189/2017, la cual se pretendía ejecutar por parte de las autoridades que indicaron como responsables ejecutoras. Por lo que, ante la amenaza de ejecución de una orden de aprehensión la parte quejosa promovió demanda de amparo y con motivo de las medidas de eficacias fijadas por este Juzgado en el incidente de suspensión derivado de este juicio el trece de septiembre de este año, comparecieron ante la autoridad responsable judicial para la continuación del procedimiento. Hecho lo anterior, el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la propia fecha llevó a cabo la audiencia inicial de comunicación de imputación, en la cual los quejosos se acogieron al término constitucional. Motivo por el cual el Juez responsable señaló las nueve horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de término constitucional en la que determinó vincular a proceso a los aquí quejosos Eduardo Hilario Ortega, Crispina Ortega Feliciano, Georgina Martha Aguilar Rangel y Placido Severiano Silva, por el delito de robo especifico en perjuicio patrimonial de Guillermo de Jesús Romero Ramón. Lo cual se corrobora con la transcripción de la relativa audiencia de diecinueve de septiembre pasado, probanza que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su carácter de instrumental de actuaciones. En consecuencia, como se adelantó el suscrito advierte que en efecto en el caso opera la causal de improcedencia que establece el numeral 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, en virtud que existe un cambio de situación jurídica pues la orden de aprehensión reclamada no puede ser analizada porque quedó sin efectos al momento de que los quejosos se pusieron a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, se les comunicó la imputación que pesa en su contra, y con posterioridad se les dictó auto de vinculación a proceso. Lo que motiva que se genere una situación jurídica distinta, pues la parte quejosa ahora se encuentra sometida a diversa determinación jurisdiccional y por ende, resulta improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. De ahí que al iniciarse este juicio de amparo, la situación jurídica de los quejosos se regía por la orden de captura reclamada la cual tenía por objeto sujetarlos al procedimiento penal, situación que cambió a partir de que comparecieron voluntariamente ante el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a efecto que se le comunicara la imputación que pesa en su contra, logrando la vinculación a proceso de los impetrantes, en autos de la causa penal 189/2017, por lo que es claro que la situación anterior ya no puede analizarse, al quedar procesalmente sustituida. En las relatadas consideraciones lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, los agraviados podrían desvirtuar con prueba alguna la causa de sobreseimiento de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, en tanto, el criterio sostenido no se opone a ésta, la tesis XIV 1º 3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". En tal virtud se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

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