Eduardo Herrera Villanueva
Expediente 464/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 40 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Herrera Villanueva
- Eduardo Herrera Villanueva y Otros.
- Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado Martín Roacho Frías, por medio de edictos, por lo que se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días acudiera a este Juzgado a recoger dichos edictos y dentro de los veinte días siguientes acreditara las gestiones necesarias para su publicación, o bien, manifestara alguna imposibilidad para hacerlo; sin que a la fecha haya comparecido ante este juzgado de distrito a fin de recoger dichos edictos o manifestado la imposibilidad para tal efecto. Lo anterior, evidencia el desinterés de la parte quejosa, en la conclusión de este contradictorio federal, lo cual trae como consecuencia, la falta de emplazamiento del referido tercero interesado, no obstante que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 5°, fracción III, b) y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, por causas atribuibles a la parte quejosa. Ello, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII; 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b) y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, que sustentan la improcedencia del presente juicio de garantías, por su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto; [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad." De estos preceptos se colige que es obligación de la parte quejosa proporcionar el nombre y domicilio de la parte tercero interesado, ello a fin de emplazarla al juicio de amparo y no dejarle en estado de indefensión. Asimismo, que es parte en el juicio de amparo, la que tenga interés contrario al de la quejosa, tratándose de persona extraña al procedimiento, como ocurre en el presente asunto, de conformidad con la última parte del inciso b), fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, del examen minucioso de las constancias de autos, se advierte que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la ley de la materia, se ordenó la investigación del domicilio del tercero interesado Martín Roacho Frías, misma que no arrojó resultados favorables, por lo que en acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó llevar a cabo el emplazamiento del citado tercero por medio de edictos, que se publicarían tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación nacional. Luego, ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante este Juzgado de Distrito a efecto de recoger los edictos y sin que hubiera manifestado la imposibilidad que tuviera, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido notificado por medio de citatorio en el domicilio señalado, según constancias de citatorio y razón del citatorio del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, habiendo surtido efectos la citada notificación, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós; es dable considerar que no se emplazó al citado tercero interesado, en los términos ordenados por el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Por lo que el presente juicio de amparo se ubica en la hipótesis de improcedencia prevista por los numerales trascritos, por causas atribuibles a la parte quejosa; de ahí que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción II, del artículo 63, de la Ley en comento, en razón de que hasta el momento no obra constancia alguna de que la parte quejosa haya publicado los edictos como está ordenado en autos. Máxime que este Juzgado de Distrito realizó todo lo que legalmente estuvo a su alcance para investigar el domicilio del tercero interesado Martín Roacho Frías, a fin de llamarlo a juicio. Por la razón apuntada, se está en el caso de una demanda de amparo irregular, que no satisface la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, concretamente el previsto en la fracción II, en cuanto a que debe precisarse el domicilio del tercero interesado. De donde se sigue que el sobreseimiento se decreta dado lo expuesto en líneas precedentes, pues se acreditó que la parte quejosa no acudió ante este órgano de control constitucional a fin de recoger los edictos y realizar el trámite necesario para su publicación, ni manifestó su imposibilidad para ello, incumplimiento que provoca no llamar a juicio a la contraparte de la quejosa en el juicio de origen. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: La Jurisprudencia que se encuentra en la página 1859, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, que es del siguiente contenido. EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Así como la Jurisprudencia que se encuentra en la página 24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del Pleno, Libro 22 Septiembre de 2015, Tomo I, que reza lo siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." También la Jurisprudencia que se localiza en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, que dice lo siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio amparo dada la falta de emplazamiento del tercero interesado por la no publicación de los edictos, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es por las relatadas circunstancias, que sobreviene la causal de improcedencia a que se hizo referencia; por ende, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, ya que de no ser así se violaría en perjuicio de las partes, la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVIII, Marzo de dos mil tres, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejoso el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, toda vez que se encuentra transcurriendo el término para que la parte quejosa se apersone para la obtención de edictos, consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado de autos del presente sumario constitucional en que se actúa, se advierte que no se encuentra cabalmente integrado, por lo que, provéase como a continuación se indica: Es el caso que mediante determinación judicial de doce de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito juez de Distrito, acorde a lo estipulado en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ordenó realizar la indagación para obtener el domicilio del tercero interesado, Martín Roacho Frías, merced de que, hasta el día de hoy, no ha sido posible llamarlo al sumario constitucional en que se actúa. Bajo esa línea argumentativa, el Titular de este órgano judicial federal, al haber agotado los medios necesarios para lograr el llamamiento a juicio del tercero interesado, Martín Roacho Frías, ordena el emplazamiento de la referida parte procesal por medio de edictos, lo cuales, correrán a costa de la parte quejosa. Para dar cabal cumplimiento a lo indicado en el párrafo que antecede, es imperante los edictos en cuestión, mismos que deberán publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos, de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse ante este juzgado de Distrito en el término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, fijándose además en la puerta de este órgano judicial de amparo, una copia íntegra de esta determinación judicial, durante todo el tiempo del emplazamiento de mérito. Además, se apercibe al tercero interesado, Martín Roacho Frías, que una vez transcurrido el término previamente indicado y de no comparecer a este juzgado de Distrito, las ulteriores notificaciones, se le practicarán por medio de rotulón, el cual, se fijará en las puertas de este Juzgado. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la legislación federal que rige en la materia, y 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en comento. Por consiguiente, se ordena prevenir a la quejosa, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente hábil en que surta efectos la notificación personal correspondiente, comparezca ante órgano jurisdiccional federal, a efecto de que se le haga entrega de los edictos en cuestión, a fin de que proceda a su publicación, en los cuales, se deberá hacer un breve resumen de la demanda de amparo; asimismo, se hace de su conocimiento que dentro de los veinte días siguientes deberá acreditar que realizó las gestiones necesarias para la publicación de los referidos edictos, por así disponerlo el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual, regula el mismo supuesto y que de forma puntual estipula que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme a lo dispuesto en los artículos 63, fracción II, y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Dicha interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. A efecto de sostener las consideraciones expuestas con antelación, es pertinente citar los tres criterios jurisprudenciales siguientes: Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, febrero de dos mil diecisiete, página 1859, que consta del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. ^PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, septiembre de dos mil quince, página 27, que consta del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU Es DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (I) recogerlos, (II) entregarlos para su publicación, y (III) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Jurisprudencia 2a./J. 38/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, mayo de dos mil diecisiete, página 714, que consta del rubro y texto siguientes: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR ^EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos, y en su lugar se indican las OCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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