Eduardo Herrera Alta

Expediente 1650/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1650/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Herrera Alta
  • Juan Ezequiel Castro Castillo, promoviendo en su carácter de apoderado legal de Eduardo Herrera Alta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que las partes omitieron recurrir la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, párrafo segundo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese lo anterior a las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber acatado la sentencia dictada en el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, segundo párrafo, y 258 de la Ley de Amparo Es decir, se apercibe a cada uno de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, Presidente ********************, representante de los trabajadores ********************y representante de los patrones ********************, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, con una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Multa que se cuantificará atendiendo a la gravedad de la conducta incurrida, además de que se solicitará al Presidente de la Junta los datos necesarios para su imposición, como lo son: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, etcétera. Asimismo, se les hace del conocimiento a los integrantes de dicha Junta, que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, lo titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, además de que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. De igual forma, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia protectora, este expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, como lo establece la última parte del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, las medidas que adopte deberán estar destinadas a cumplir efectivamente con el fallo protector, evitando incurrir en procedimientos ilegales, evasivas, actos intrascendentes o secundarios que impidan que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales, en términos del párrafo segundo del citado precepto legal. Ahora bien, ya que en el caso la junta responsable no tiene superior jerárquico no ha lugar a formular el requerimiento señalado en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Por lo antes expuesto y fundamento, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **, para los efectos señalados en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el que el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de ejecutoria pronunciada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión **, de su índice; por tanto, dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión e infórmeseles que la superioridad resolvió modificar la sentencia recurrida sobreseer y conceder el amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, acúsese recibo del expediente y testimonio mencionados, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en el juzgado y anótese lo procedente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables en el ámbito de su competencia Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión y Encargado del Despacho de la Dirección de Comercio Exterior en la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber acatado la sentencia dictada en el presente juicio, para lo cual se les remite copia certificada del testimonio que se recibe... Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, segundo párrafo, y 258 de la Ley de Amparo, que establecen... Es decir, se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Multa que se cuantificará atendiendo a la gravedad de la conducta incurrida, además de que se solicitará a la Presidenta de la Junta los datos necesarios para su imposición, como lo son: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, etcétera... De igual forma, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia protectora, este expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, como lo establece la última parte del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, las medidas que adopte deberán estar destinadas a cumplir efectivamente con el fallo protector, evitando incurrir en procedimientos ilegales, evasivas, actos intrascendentes o secundarios que impidan que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales, en términos del párrafo segundo del citado precepto legal.

  4. Principal

    Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés se admitió la prueba de inspección judicial y que a la fecha ha fenecido el plazo de tres días, concedido a las partes a efecto de que adicionaran el cuestionario respecto de los puntos al tenor de los cuales versará el desahogo de la probanza en comento; lo cual omitieron hacerlo, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de seis de septiembre actual y se ordena desahogar la misma únicamente respecto del mencionado cuestionario. Asimismo, se reitera que la inspección judicial se desahogara únicamente por lo que respecta a los puntos marcados del 1 a 4 del cuestionario que adjuntó la parte quejosa a su escrito con número de registro **; pues la finalidad de la inspección es que el funcionario actuante dé fe de lo que tiene a la vista y pueda percibir a través de los sentidos; es decir, en el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuál es, sus características, señales o vestigios, esto es, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la realidad. Por lo que los puntos materia de tal probanza de ninguna manera pueden contener afirmaciones implícitas, o manifestaciones de las partes; pues el resultado de tal medio probatorio será valorado al momento de emitir la sentencia respectiva... Por tanto, para su desahogo se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, por lo que infórmese a las partes para que, si es su deseo, acudan a la inspección judicial ordenada. En la inteligencia que el actuario de la adscripción, que se encomiende para tal efecto, deberá asentar en el acta respetiva los pormenores del desarrollo de la diligencia en comento, así como los puntos para llevar a cabo su desahogo señalados en el escrito que se acuerda. Pues se reitera, la naturaleza de la inspección judicial es que el funcionario que la practique, perciba por medio de sus sentidos alguna situación fáctica sobre lugares, personas u objetos relacionados con el presente asunto; es decir, tal medio probatorio sólo es apto para demostrar las características físicas de algún objeto o bien inmueble al momento de realizar la diligencia perceptible a través de los sentidos, y en su caso, dar fe de los hechos o actividades que se puedan percibir en ese instante; por lo que, sólo se debe limitar a asentar todo aquello que se pueda percibir por los sentidos. Por otra parte, toda vez que la prueba se llevara a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, específicamente en el área de nóminas y recursos humanos, se requiere al Fiscal General del Estado, para que ordene a quien corresponda para que otorgue las facilidades al personal actuante a efecto de desahogar la diligencia encomendada, al tratarse de un mandato judicial. Apercibida que de omitir cumplir con este mandato judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo en vigor; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se le impondrá una multa por el importe de cincuenta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que tiene el salario mínimo general vigente diario para todo el país. Por último dado que la audiencia de este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, está señalada para las diez horas del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente dejándose sin efectos, y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CONCUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tenga verificativo la audiencia respectiva establecida en las fracciones II y III del citado numeral 208 de la Ley de Amparo.

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