Eduardo Hernández Ordaz
Expediente 216/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Eduardo Hernández Ordaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
..ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible. ..M-I
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...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: RATIFICA ESCRITO. Vista la comparecencia de cuenta se tiene a Eduardo Hernández Ordaz ratificando la firma que obra al calce del escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo el seis de marzo de dos mil veinte. CUMPLE ACLARACIÓN. En ese sentido, se tiene al accionante dando cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados en juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, siendo: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguiente. PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso, Eduardo Hernández Ordaz promueve juicio de amparo en contra de la resolución de diez de enero de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso dentro de la tercería excluyente de preferencia de crédito planteada por el mismo en el juicio laboral 1201/2016. Ahora de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra la parte quejosa en su demanda y en su escrito aclaratorio se advierte: El veinte febrero de dos mil diecisiete el quejoso Eduardo Hernández Ordaz promovió tercería excluyente de preferencia en el juicio laboral 1201/2016 promovido por Cecilia de Jesús Alvarado Téllez, Jesús Godínez Tovar, Jesús Daniel Carbajal Crisantos, Jorge Clemente Acosta Téllez, Paulino Tovar Ángeles y Juan Luis García Hernández, contra Arnulfo Gómez Valencia, la cual se admitió mediante auto esa misma fecha. Posteriormente, el seis de diciembre de dos mil dieciocho se celebró la audiencia incidental de pruebas y alegatos dentro de la tercería, en la que se asentó la incomparecencia del quejoso Eduardo Hernández Ordaz. El treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución en la que se declaró improcedente la tercería excluyente de preferencia de crédito planteada por el quejoso, misma que fue notificada al accionante el cinco de agosto de dos mil diecinueve. Así, el ocho de agosto de dos mil diecinueve el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones contra los acuerdos emitidos en la tercería excluyente a partir del seis de noviembre de dos mil dieciocho, incluyendo las audiencias celebradas el veintisiete de noviembre, seis y diecisiete de diciembre, todos de dos mil dieciocho. Finalmente, el diez de enero de dos mil veinte, se dictó resolución en el incidente de nulidad, en la que se declaró improcedente. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Sin embargo, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos, como se demostrará a continuación. Conviene aclarar que el incidente de nulidad, previsto en los artículos 761 y 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, tiene como finalidad nulificar el acto de comunicación procesal, en caso de que se estime viciado, a efecto de remediarlo. Ahora bien, como se adelantó, dicha resolución es un acto emitido en la sustanciación de la tercería excluyente de preferencia de crédito planteada por el quejoso en un juicio de naturaleza laboral y el cual, en sí mismo, no afectó sus derechos sustantivos. En efecto, el quejoso reclama la resolución de diez de enero de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso contra las actuaciones emitidas durante la sustanciación de la tercería excluyente a partir del seis de noviembre de dos mil dieciocho, incluyendo las audiencias celebradas el veintisiete de noviembre, seis y diecisiete de diciembre, todos de dos mil dieciocho. Esto es, se trata de actuaciones procesales emitidas dentro del procedimiento de la tercería excluyente de preferencia de crédito promovida por el quejoso, por lo que las mismas debieron ser combatidas, como violación procesal, a través del juicio de amparo directo, contra la sentencia que resolvió tal tercería en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.). Se asevera lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 106/2005-SS determinó que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia de crédito en materia laboral son formalmente juicios y, por ende, las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo. En ese tenor, si en el caso, como se dijo anteriormente, el acto reclamado se trata de una violación meramente procesal, esta debió ser combatida, a través del juicio de amparo directo contra la resolución que puso fin al procedimiento de origen (tercería excluyente de preferencia de crédito). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 126/2005 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 952, registro176797, de rubro y texto siguientes: TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Lo anterior, aunado a que, el quejoso en su escrito inicial de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de las notificaciones y actuaciones impugnadas mediante en el incidente de nulidad reclamado, con la notificación de la resolución emitida en la tercería excluyente, por lo que desde ese momento tuvo oportunidad de impugnarlas en el amparo directo. En efecto, en la demanda de amparo directo, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar resolución en la tercería excluyente de origen, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa contra cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Se insiste, no es óbice que el quejoso haya conocido la violación procesal después de que se resolvió la tercería excluyente de preferencia de crédito, pues la Segunda Sala del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 36/2002, sostuvo que de conocer las violaciones hasta después de emitido el laudo, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo directo. Se cita en apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1993, de epígrafe y contenido siguiente: VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/84, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2403, de contenido siguiente: NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Eduardo Hernández Ordaz. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). ..M-I
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RATIFICA ESCRITO. Vista la comparecencia de cuenta se tiene a Eduardo Hernández Ordaz ratificando la firma que obra al calce del escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo el seis de marzo de dos mil veinte. CUMPLE ACLARACIÓN. En ese sentido, se tiene al accionante dando cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados en juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, siendo: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguiente. PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso, Eduardo Hernández Ordaz promueve juicio de amparo en contra de la resolución de diez de enero de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso dentro de la tercería excluyente de preferencia de crédito planteada por el mismo en el juicio laboral 1201/2016. Ahora de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra la parte quejosa en su demanda y en su escrito aclaratorio se advierte: El veinte febrero de dos mil diecisiete el quejoso Eduardo Hernández Ordaz promovió tercería excluyente de preferencia en el juicio laboral 1201/2016 promovido por Cecilia de Jesús Alvarado Téllez, Jesús Godínez Tovar, Jesús Daniel Carbajal Crisantos, Jorge Clemente Acosta Téllez, Paulino Tovar Ángeles y Juan Luis García Hernández, contra Arnulfo Gómez Valencia, la cual se admitió mediante auto esa misma fecha. Posteriormente, el seis de diciembre de dos mil dieciocho se celebró la audiencia incidental de pruebas y alegatos dentro de la tercería, en la que se asentó la incomparecencia del quejoso Eduardo Hernández Ordaz. El treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución en la que se declaró improcedente la tercería excluyente de preferencia de crédito planteada por el quejoso, misma que fue notificada al accionante el cinco de agosto de dos mil diecinueve. Así, el ocho de agosto de dos mil diecinueve el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones contra los acuerdos emitidos en la tercería excluyente a partir del seis de noviembre de dos mil dieciocho, incluyendo las audiencias celebradas el veintisiete de noviembre, seis y diecisiete de diciembre, todos de dos mil dieciocho. Finalmente, el diez de enero de dos mil veinte, se dictó resolución en el incidente de nulidad, en la que se declaró improcedente. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Sin embargo, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos, como se demostrará a continuación. Conviene aclarar que el incidente de nulidad, previsto en los artículos 761 y 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, tiene como finalidad nulificar el acto de comunicación procesal, en caso de que se estime viciado, a efecto de remediarlo. Ahora bien, como se adelantó, dicha resolución es un acto emitido en la sustanciación de la tercería excluyente de preferencia de crédito planteada por el quejoso en un juicio de naturaleza laboral y el cual, en sí mismo, no afectó sus derechos sustantivos. En efecto, el quejoso reclama la resolución de diez de enero de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso contra las actuaciones emitidas durante la sustanciación de la tercería excluyente a partir del seis de noviembre de dos mil dieciocho, incluyendo las audiencias celebradas el veintisiete de noviembre, seis y diecisiete de diciembre, todos de dos mil dieciocho. Esto es, se trata de actuaciones procesales emitidas dentro del procedimiento de la tercería excluyente de preferencia de crédito promovida por el quejoso, por lo que las mismas debieron ser combatidas, como violación procesal, a través del juicio de amparo directo, contra la sentencia que resolvió tal tercería en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.). Se asevera lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 106/2005-SS determinó que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia de crédito en materia laboral son formalmente juicios y, por ende, las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo. En ese tenor, si en el caso, como se dijo anteriormente, el acto reclamado se trata de una violación meramente procesal, esta debió ser combatida, a través del juicio de amparo directo contra la resolución que puso fin al procedimiento de origen (tercería excluyente de preferencia de crédito). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 126/2005 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 952, registro176797, de rubro y texto siguientes: TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Lo anterior, aunado a que, el quejoso en su escrito inicial de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de las notificaciones y actuaciones impugnadas mediante en el incidente de nulidad reclamado, con la notificación de la resolución emitida en la tercería excluyente, por lo que desde ese momento tuvo oportunidad de impugnarlas en el amparo directo. En efecto, en la demanda de amparo directo, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar resolución en la tercería excluyente de origen, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa contra cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Se insiste, no es óbice que el quejoso haya conocido la violación procesal después de que se resolvió la tercería excluyente de preferencia de crédito, pues la Segunda Sala del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 36/2002, sostuvo que de conocer las violaciones hasta después de emitido el laudo, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo directo. Se cita en apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1993, de epígrafe y contenido siguiente: VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/84, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2403, de contenido siguiente: NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Eduardo Hernández Ordaz. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). ..M-I
- Principal
...RESOLUCIÓN DE QUEJA. Agréguense el oficio y la copia certificada de cuenta. Hágase saber a las partes que, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de queja 92/2020, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, resolvió: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Eduardo Hernández Ordaz, por propio derecho, contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, emitido por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 216/2020-I-B. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acúsese recibo. CITA. Con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se cita al quejoso Eduardo Hernández Ordaz para que acuda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo a las doce horas del veinte de enero de dos mil veintiuno, debidamente identificado, a ratificar el escrito por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención de veintisiete de febrero de dos mil veinte. A fin de que la persona citada pueda acceder a este órgano jurisdiccional, adjúntese a la notificación de este proveído el acuse de confirmación de cita que contiene el código QR respectivo. Lo anterior, con independencia de que, el día de la cita, el código Qr se deje en el acceso principal de la sede judicial en que se ubica este Juzgado de Distrito y se dé aviso a la administración, a fin de que permita el ingreso a la persona citada.M-I
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