Eduardo Hernández Gómez
Expediente 1291/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eduardo Hernández Gómez
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de doce de diciembre del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por Eduardo Hernández Gómez, contra actos del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para sustituir a la titular de este Órgano Jurisdiccional durante su período vacacional conforme al oficio CCJ/ST/7984/2016, quien actúa ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Olivia
- Principal
El doce de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con la demanda de amparo promovida por EDUARDO HERNÁNDEZ GÓMEZ, registrada con el número 20512, con cinco copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de garantías promovida por EDUARDO HERNÁNDEZ GÓMEZ, contra actos del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que considera violatorios en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1291/2016-5 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto anterior establece la posibilidad de que la demanda de amparo se deseche cuando exista una causa manifiesta e indudable de sobreseimiento. Este juzgado advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, los invocados artículos disponen: " Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En ese contexto, en términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° citado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas, con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma general. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Página: 3823: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". Luego, no basta que los particulares actúen de manera unilateral en perjuicio de los gobernados, sino que el factor principal para considerar que se trata de un acto de autoridad radica en el hecho de que sus funciones deben estar determinadas por una norma general. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la retención del saldo de la cuenta bancaria 491 566 839 588 9108 realizada el dos de diciembre de dos mil dieciséis. De lo anterior destaca que se señala como autoridad responsable a un particular, pues se trata de una institución bancaria; no obstante, al banco citado no le corresponde el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se le atribuye deriva de la relación contractual que tiene con la amparista, al combatirse su actuar respecto de la cuenta bancaria que tiene ésta en su institución. Lo expuesto conlleva que la relación jurídica entre las partes es de naturaleza mercantil en función del acto jurídico que celebraron para la prestación del servicio financiero relacionado con la cuenta base de la demanda de amparo, es decir, la relación entre las partes es de coordinación y no de supra a subordinación. Ello se corrobora en la medida en que el artículo 75, fracción XIV, del Código de Comercio reputa como actos mercantiles a las operaciones que realizan los bancos, lo que hace evidente que cualquier cuestión que surja respecto de dichos actos es materia de la jurisdicción común. Por tanto, es indudable que el acto reclamado no deriva de lo dispuesto en una norma general, sino de lo pactado por las partes en el contrato que subyace en la relación mercantil destacada. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional. Lo expuesto resulta patente, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión contractual entre las partes, por lo que con independencia de las probanzas que pudieran allegarse, en todo caso, subsistiría el hecho de que el quejoso se encuentra en una relación de coordinación con la autoridad señalada como responsable. Sin que resulte aplicable la jurisprudencia PC.XV.J/12 del Pleno del Decimoquinto Circuito que cita la amparista, ya que el supuesto que dio origen a dicho criterio se concreta en relación al análisis de si se encuentran involucrados intereses patrimoniales de una persona moral pública, respecto de lo que dicho pleno consideró podía ser objeto de prueba durante el juicio y, en consecuencia, debía estudiarse hasta la sentencia; lo que, como se consideró, no acontece en la especie. Máxime que, en términos del segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito únicamente es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de tal circunscripción. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos. Se tiene como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Guadalupe Mojarro Sánchez y Luis Alberto González Hernández, toda vez que cuentan con cédula profesional (3809767 y 4263309 respectivamente) registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Edgar Francisco González Romo y Luis Adrián Rodríguez Piñón; y como domicilio para tal efecto, el ubicado en Andador Cuarzo número 202 (doscientos dos), esquina con calle Plata, Colonia Fovissste, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo.- DOY FE.
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