Eduardo Hernández Díaz

Expediente 1661/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1661/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Hernández Díaz
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la misiva signada por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y en atención al mismo, mediante atento oficio que al efecto se gire, adjúntense las copias certificadas que solicita; asimismo, infórmese a la autoridad oficiante que por auto de veintiuno de junio del año en curso, se tuvo por interpuesto recurso de revisión hecho valer por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa en contra de la sentencia emitida en autos (por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa), terminada de engrosar el veinticinco de mayo del citado año, misma que por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, quien registró bajo el número 571/2018, de su índice y, actualmente aún se encuentra pendiente de la emisión del fallo respectivo. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por la Delegada de las autoridades responsables denominadas Tesorero y Síndico, ambos del Ayuntamiento de Tepic, con sede en esta ciudad (fojas 156 y 157), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiocho de septiembre del año que transcurre (foja 167), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 59 a 84), la cual fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 836/2017, se advierte que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para el efecto de: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le devuelva a la parte peticionaria de garantías, la cantidad de ********************, que pago por concepto de refrendo, expedición de la licencia de funcionamiento en tiempo extraordinario, tarjeta de identificación de giro denominado "minisúper/abarrotes con venta de bebidas alcohólicas" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en los preceptos normativos señalados como acto reclamado, es inválido el pago efectuado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la parte solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Devolver al peticionario del amparo, la cantidad de ********************, que pago por concepto de refrendo, expedición de la licencia de funcionamiento en tiempo extraordinario, tarjeta de identificación de giro denominado "minisúper/abarrotes con venta de bebidas alcohólicas" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual debía estar debidamente actualizada. Luego, mediante auto de diecinueve de julio de la presente anualidad (fojas 120 a 148), causó ejecutoria dicha determinación y, por ende, se requirió su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio y anexos recibidos el veinte de agosto de la presente anualidad en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signados por ********************, informó que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, es decir devolvió por medio de cheque número 121701 la cantidad de $2,995.21 (dos mil novecientos noventa y cinco pesos 21/100 moneda nacional). Al respecto, es oportuno destacar que con la anterior respuesta, se dio vista a la quejosa mediante proveído de veintiuno de agosto del presente año, la cual le fue notificada por lista el veintisiete de agosto siguiente, por lo que es evidente que tuvo pleno conocimiento de la respuesta dada por la autoridad responsable. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $2,822.40 (dos mil ochocientos veintidós pesos 40/100, moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de marzo y catorce de agosto de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante cheque número 121701 a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecisiete a julio del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio del presente año entre el índice para el mes de febrero de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue 125.318; y para el mes de julio de dos mil dieciocho 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas:1.06122. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $2,995.18 (dos mil novecientos noventa y cinco pesos 18/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $172.78 (ciento setenta y dos pesos 78/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $2,995.21 (dos mil novecientos noventa y cinco pesos 21/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  3. Principal

    R E S U E L V E : ÚNICO. Se declara infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión tanto provisional como definitiva decretadas, la primera en auto de uno de agosto y la segunda, en interlocutoria del ocho de agosto, ambos de dos mil dieciocho, promovido por Eduardo Hernández Díaz, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1661/2018; lo anterior, por los motivos que se exponen en el considerando quinto de la presente resolución.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito en línea, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por *, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa "*", *, así como la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo por las autoridades responsables; por lo tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que aduce, en la inteligencia de que las mismas se analizarán al momento de resolver sobre el cumplimiento aludido.

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