Eduardo Hernandez Antunez

Expediente 107/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
107/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Hernandez Antunez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Eduardo Hernández Antunez, mediante el cual, por los motivos y fundamentos que expone promueve incidente de incumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio; agréguese para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procede desechar de plano el incidente que promueve, en razón de que, en proveído de nueve de marzo del año en curso se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, asimismo, en proveído de trece de abril del año que transcurre, se ordenó el archivo del presente asunto en razón de estar totalmente concluido. Teniendo en considerando que el quejoso Eduardo Hernández Antunez, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, se encomienda a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, notificar el presente proveído, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación del citado quejoso; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos de los que se advierte que por acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado el presente auto sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que por resolución doce de julio de dos mil diecisiete se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de garantías, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído de diecisiete febrero de dos mil diecisiete en el que se concedió la suspensión provisional, respecto de los actos reclamados, asimismo la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete que concedió la suspensión definitiva, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III del apartado vigésimo del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el quince de febrero de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veinte de febrero del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en ese acuerdo, relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, debe decirse que el amparo se concedió para lo siguiente: "1. Deberán elaborar por escrito el dictamen en el Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa, a que se refiere el artículo 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, con base en los estudios y consultas médicas que se le practiquen, especificando si la prótesis que ya le fue donada al quejoso, y que existe en el área de resguardo de ese centro penitenciario, resulta todavía funcional y en su caso, se perfeccione o adecúe a las necesidades del quejoso de mérito; una vez lo anterior, con la debida coadyuvancia o anuencia de dicho quejoso, se le fije en el área bucal que corresponda. 2. Provean sobre una dieta alimenticia que esté acorde al padecimiento odontológico diagnosticado al quejoso. Lo cual, deberán justificar cabalmente con las constancias pertinentes.". Lo que ya aconteció, tal y como quedó acreditado, con los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/536/2018 y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS8/536/2018, suscritos por el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente" con sede en Guasave, Sinaloa, a los que nota de evolución odontológica, autorización de tratamiento esmatológico prescripción de dieta terapéutica, certificación de renuncia por parte del quejoso respecto a la dieta terapéutica que le había sido indicada por el especialista, así como dictamen médico, signado por el Jefe del Departamento de Servicios Médicos de dicho Centro, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, respecto de las manifestaciones formuladas por el quejoso Eduardo Hernández Antunez por escrito recibido en este juzgado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete y en diligencia de veinticuatro de noviembre del mismo año, dígasele que deberá estarse a lo acordado precedentemente. Teniendo en considerando que el quejoso Eduardo Hernández Antunez se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, se encomienda notificarle el presente acuerdo, la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación del citado quejoso; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, con el que comunica el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria y anexa documentales; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista a la licenciada María Magdalena Guzmán Mexia, Defensora Pública Federal adscrita a este juzgado, con tal carácter del quejoso Eduardo Hernández Antúnez, así como a éste último, con el oficio que se agrega, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Teniendo en considerando que dicho quejoso Eduardo Hernández Antúnez se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, se encomienda a la Actuaria adscrita a este juzgado de Distrito, notificarle el presente acuerdo en los términos indicados, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación del citado quejoso; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

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