Eduardo Guzmán Regalado

Expediente 533/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
533/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
19/07/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Guzmán Regalado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto de cuatro de julio del año en curso (fojas 15 a 22), que desechó la demanda de amparo promovida por, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Este juzgado considera que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se formó el incidente de suspensión respectivo, ni sobre la devolución de documentos originales por haberse remitido al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, merced a la incompetencia declinada a su favor. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EDUARDO GUZMAN REGALADO, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO: ? Cumplimiento a la prevención. Visto el escrito del quejoso Eduardo Guzmán Regalado, del que se advierte que cumplió la prevención formulada en proveído de veintiséis de junio del año en curso , pues precisó bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la audiencia en que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva reclamada en este asunto al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad. ? Consideraciones previas. La parte promovente señala como actos autoridades responsables y reclamado los siguientes: 1. Al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, la resolución de fecha doce de mayo del presente año, en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal federal 362/2018, seguida en contra del quejoso Eduardo Guzmán Regalado, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. 2. Al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, la determinación de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, dictada por en el toca penal 151/2018-IV, por la que confirmó la determinación que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso de fecha doce de mayo del presente año, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad. ? Desechamiento. Ahora, por cuanto hace al acto atribuido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de fecha doce de mayo del presente año, en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal federal 362/2018, seguida en contra del quejoso Eduardo Guzmán Regalado, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, al haber sido dicha determinación sustituida procesalmente por la emitida por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal 151/2018-IV, se provee al respecto en relación el primero de los actos citados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el caso, este juzgado federal advierte, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto atribuido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso de fecha doce de mayo del presente año, dentro de la causa penal federal 362/2018, seguido en contra Eduardo Guzmán Regalado, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, en este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: A. Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso -en cambio- se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis -que es la que nos ocupa-, los efectos del acto reclamado cesan, por ejemplo, cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que sustituye procesalmente al acto reclamado anterior, ya que será esta nueva determinación, y no el acto recurrido en primer término, la que en su caso, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues es obvio que ambos no pueden coexistir, virtud a que el segundo resolvió y superó lo expresado en el primero; por tanto, como se adelantó respecto del acto atribuido al Juez de Distrito se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la ley en la materia. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.92 K , del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Así como, diversa tesis I.3o.C.769 C , del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Se estima lo anterior, toda vez que los efectos del acto reclamado cesaron virtud de que contra la resolución de doce de mayo del presente año, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal federal 362/2018, seguido en contra del aquí quejoso Eduardo Guzmán Regalado, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, se interpuso el recurso de apelación, el cual culminó en la sentencia de segunda instancia de uno de junio del año en curso. En las relatadas condiciones, resulta inconcuso que la determinación adoptada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el uno de junio de la presente anualidad, al resolver el recurso de apelación promovido por el peticionario de amparo sustituyó procesalmente al acto reclamado atribuido al Juez de Distrito, consistente en la determinación del doce de mayo del presente año, en la que impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Por tanto, dicha resolución dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso y no podría legalmente analizarse ésta sin afectarse la nueva determinación judicial, ya que esta última es la que rige la situación jurídica del solicitante del amparo respecto a la apelación que planteó ante el Magistrado. Ello es así, pues con independencia del sentido en que fue resuelto el recurso apelación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió, el cual como se indicó en líneas precedentes sustituyó procesalmente al acto reclamado al juez de distrito. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, únicamente por los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad. ? Incompetencia. Por otra parte, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de jerarquía y grado, para conocer de la demanda en cuestión por cuanto hace al acto atribuido al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, consistente en la determinación de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, dictada por en el toca penal 151/2018-IV, por la que confirmó la diversa determinación que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso de fecha doce de mayo del presente año, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, con fundamento en los artículos 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establecen: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VII." "Artículo 36.- Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." "ARTICULO 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado;" De las transcripciones que anteceden, se aprecia que la competencia para conocer de las resoluciones dictadas por un tribunal unitario de circuito, corresponde al tribunal unitario de circuito más próximo a la residencia de aquél de la misma jerarquía que emitió el acto reclamado. Así las cosas, si del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama, entre otros, la resolución de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 151/2018-IV, por la que se confirmó la determinación que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso de fecha doce de mayo del presente año, pronunciada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal federal 362/2018, sustituyendo procesalmente a la primera; por tanto, dado que la resolución reclamada fue emitida por un tribunal unitario de circuito, es decir, por un tribunal de mayor jerarquía a este órgano jurisdiccional, se considera que en la especie opera la regla de competencia prevista en la fracción XII del artículo 107 constitucional ya antes transcrita, de ahí que la competencia para resolver el este asunto corresponda a otro tribunal unitario de circuito, con fundamento en la fracción I, del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número P./J. 25/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo VII, abril de 1998, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama". Atento a lo anterior, se estima que este juicio de amparo por cuanto hace al acto atribuido al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, consistente en la determinación de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, dictada por en el toca penal 151/2018-IV, por la que confirmó la determinación que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso de fecha doce de mayo del presente año, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, es de la competencia del Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, toda vez que en términos del punto segundo, fracción XI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el Décimo Primer Circuito se comprende, entre otros, de dos tribunales unitarios con sede en esta capital, de lo que se sigue que si la autoridad responsable ordenadora es el Primer Tribunal Unitario de este Circuito, el competente para conocer del presente asunto, es el segundo de los tribunales antes mencionados. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 1a./J. 14/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, libro VI, marzo de 2012, tomo 1, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, únicamente respecto del acto que se reclama al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, consistente en la determinación de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, dictada por en el toca penal 151/2018-IV, por la que confirmó la determinación que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en el auto de vinculación a proceso de fecha doce de mayo del presente año, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, previo testimonio que se deje en este juzgado, remítanse los autos originales al Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, para los efectos legales correspondientes, solicitándose respetuosamente el acuse de recibo respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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