Eduardo Gutiérrez Ramírez

Expediente 484/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
484/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Gutiérrez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que en veinte de septiembre de dos mil diecisiete (foja 38), se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se hizo el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Sin embargo, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece como fecha para su destrucción a partir del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que se le tiene informando que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********. Por tanto, se hace el acotamiento que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, a partir del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por otra parte, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental, ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitió vía electrónica la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, así como, evidencia criptográfica, con el cual se le tiene devolviendo debidamente diligenciada la comunicación oficial 150/2017-II con número de orden 309/2017-II de su índice, relativa a la 211/2017 con número de orden 263 derivada del presente juicio constitucional; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 15559.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por *************, mediante el cual dice promover juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 484/2017-5. Del análisis integral de la demanda en cuestión, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de proveer sobre la libertad por compurgación de la sentencia definitiva dictada en su contra por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Tijuana, Baja California. Asimismo, se desprende que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social el Hongo, en virtud de dicha sentencia. Tales circunstancias conducen a determinar, que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente incompetente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer inciso transcrito, toda vez que el quejoso reclama la omisión de proveer sobre la libertad por compurgación de la sentencia definitiva dictada en su contra por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Tijuana, Baja California, acto que tendrá ejecución en el Centro de Reinserción Social el Hongo, el cual se encuentra ubicado en Carretera Federal Mexicali-Tecate Kilómetro 94, ya que del escrito de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifiesta que se encuentra privado de su libertad en virtud de la citada sentencia condenatoria. De ahí que, si se toma en cuenta que el quejoso está privado de su libertad y el acto reclamado lo hace consistir en la omisión de proveer sobre su libertad por compurgación de la sentencia dictada en su contra, continuará privado de ella; por lo que, es indudable que conforme a la primera regla citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde el promovente del amparo está recluido, por lo cual, la competencia territorial se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el indicado centro de reclusión. Por las razones que se expresan, si en el particular, el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social el Hongo, ubicado en Carretera Federal Mexicali-Tecate Kilómetro 94, el acto reclamado va tener ejecución en la ciudad de Tecate, Baja California. Lugar en el que, conforme a lo establecido en el acuerdo general 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde la competencia para actuar dentro del territorio del municipio de Tecate, a los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California. Apoya lo expresado, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J.54/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 58 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Asimismo, por las razones que la conforman, la tesis que obra en la página 97, del Informe 1972, Parte II, Materia Común, Informes, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 03/2013, modificado por el diverso 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo pues considera que le corresponde conocer al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Tijuana; por tanto infórmese de dicha determinación al citado Juez, para que, en términos del precepto legal mencionado en primer lugar, tenga a bien comunicar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada en su favor, en la inteligencia que deberá enviarse el original de la demanda interpuesta y copias de traslado, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a efecto de que se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues no encuadra en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Amparo. - Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social El Hongo Número 1, con domicilio en Tecate Baja California, en el que el quejoso se encuentra recluido el quejoso. Ahora bien, a fin de hacer del conocimiento la presente determinación al solicitante de amparo *************, mismo que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social El Hongo Número 1, con domicilio en Tecate Baja California, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado, en términos del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atenta comunicación oficial electrónica (exhorto) al Juez de Distrito Especializado en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en la ciudad de Tijuana, para que en auxilio y por comisión de este juzgado, se sirva notificar el presente proveído, en el centro de reclusión aludido y una vez diligenciada la remita a la brevedad posible. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 15146.

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