Eduardo Gutiérrez Narcio
Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 53 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Gutiérrez Narcio
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de julio dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, en la caja de valores de este órgano jurisdiccional, obra el cheque ****, exhibido por la autoridad responsable a favor de la parte quejosa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya comparecido a recogerlo, pese a los múltiples requerimientos realizados para tal efecto. En consecuencia, y toda vez que ya transcurrió el término de seis meses, a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, desde la expedición de dicho cheque, resulta innecesario que este órgano jurisdiccional lo siga conservando; por tanto, devuélvase a la Delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de trece de abril del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección mencionada para su depósito. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de abril de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guarda el presente sumario y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintidós de marzo del presente año, para que recogiera el cheque número 0003733 de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $13,874.60 (trece mil ochocientos setenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), expedido a su favor por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho, pese a habérsele requerido para tal efecto en tres ocasiones; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido acuerdo, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. En ese sentido, debe precisarse que la parte quejosa solicitó el amparo contra actos de las autoridades responsables señaladas en autos, de quienes reclamó: la expedición, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente el artículo 9, así como del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que sirvieron de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la determinación, incremento y aplicación de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 085-033-001-0025, y que originó la emisión de la factura con folio 2100288720. En ese orden, en la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] la autoridad recaudadora Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, calcule nuevamente el impuesto pagado en relación con el bien inmueble identificado con la cuenta catastral 085-033-001- 0025, para lo cual deberá aplicar los montos de menor cuantía. En la inteligencia, que una vez que dicha autoridad exactora realice lo propio, y de resultar una diferencia a favor de la parte quejosa con motivo de ese nuevo cálculo, efectúe su devolución. Ello es así, puesto que no se ha declarado la inconstitucionalidad del pago del impuesto predial por vicios en alguno de los elementos del tributo, sino únicamente se determinó que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, es decir, la incertidumbre en una de las variantes de los elementos del tributo, con lo cual se considera que la inconstitucionalidad de referencia no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros, lo que de sí no puede traer la exención, sino únicamente ubicarlos en la carga impositiva básica del impuesto de referencia, de ahí que en tratándose de vicios insertos en las tablas de valores unitarios relativas al impuesto predial, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar a la parte quejosa en la cuantía mínima impositiva, más no liberarla en su pago. (.) No está de más añadir, que si bien, los efectos antes ordenados no se dirigen a las autoridades legislativas responsables, lo que implica que no se les conmine a ninguna acción tendente a acatar la presente resolución; lo cierto es que ello obedece a la técnica que rige en el juicio de amparo contra normas, en cuyos efectos no puede incorporarse una declaración de inconstitucionalidad de la ley reclamada o bien, una imposición a las autoridades legislativas para que la modifiquen, sino sólo constreñir a la autoridad que intervino en la aplicación del precepto, que en la especie lo fue la autoridad hacendaria, para que libere dicha disposición que resultó inconstitucional, de la esfera jurídica de la parte quejosa, tal y como se precisó en los párrafos que anteceden." En cumplimiento a esa sentencia, mediante oficio DC/JUR/3625/2022, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, remitió el acuerdo de esa misma fecha, en el que determinó la nueva base gravable respecto al inmueble controlado con la cuenta catastral 085- 033-001-0025. Por otro lado, mediante oficio DJUP-03/924/2023, recibido el dos de febrero del año en curso, la Delegada de las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, señaladas como responsables, remitió el cheque 0003733, de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $13,874.60 (trece mil ochocientos setenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), por lo que se requirió a la parte quejosa para que compareciera a recoger dicho título de crédito, sin que lo haya hecho. En virtud de lo expuesto, si la autoridad responsable procedió en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos vulnerados y por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. No pasa inadvertido lo infructuoso de las diligencias llevadas a cabo por este órgano jurisdiccional a fin de materializar la entrega del cheque 0003733, a la parte quejosa, pues pese a habérsele apercibido en el sentido de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por las autoridades responsables y las constancias que obran en este sumario, teniéndolo por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria y por restituido a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión; la impetrante ha mostrado desinterés para ser restituida de la cantidad señalada en párrafos que anteceden. Y si bien es cierto es obligación de este juzgado de distrito velar por que se cumpla el fallo protector, también lo es, que en casos como el que nos ocupa en el que se ha mostrado desinterés de la parte quejosa, resulta incuestionable que el presente asunto no puede permanecer abandonado en forma indefinida, en contravención al espíritu del artículo 17 de la Constitución que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Por ello, resulta inconcuso que la autoridad responsable ha expedido un cheque para restituir a la parte quejosa la cantidad susceptible a devolver conforme a los alcances del fallo protector, y si en el caso particular, la impetrante ha omitido comparecer a recoger el cheque relativo, ello obedece a su propia renuencia; por ende, tal situación resulta ajena a la intención de la responsable de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Esto en atención a que si bien el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, ello no exime a la parte quejosa en mostrar interés en lo conducente, ya que finalmente dicha parte procesal es la directamente beneficiada de la protección constitucional. Con independencia de ello, con apoyo en los artículos 196 y 211 de la Ley de Amparo, se conmina por última ocasión a la quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger el título de crédito 0003733, exhibido por la autoridad responsable, apercibido que de no hacerlo, una vez que fenezca el término de seis meses, a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, este órgano jurisdiccional ordenará su devolución a la autoridad emisora. En ese tenor, se toma como fecha de inicio para el cómputo de los seis meses, el día veinticinco de enero de dos mil veintitrés, data en la que fue expedido el cheque que nos ocupa; por tanto, se hace de su conocimiento que dicho término fenecerá el veinticinco de julio de dos mil veintitrés; lo anterior, con independencia de la notificación personal ordenada en este auto. Hágase saber a las partes que con independencia de la eventual devolución del cheque 0003733 exhibido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa en relación al saldo a favor que exista con motivo de los alcances del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 46/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 421, del rubro siguiente: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS." En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera, y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe. "Rúbricas".
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de abril de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guarda el presente sumario y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintidós de marzo del presente año, para que recogiera el cheque número 0003733 de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $13,874.60 (trece mil ochocientos setenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), expedido a su favor por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho, pese a habérsele requerido para tal efecto en tres ocasiones; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido acuerdo, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. En ese sentido, debe precisarse que la parte quejosa solicitó el amparo contra actos de las autoridades responsables señaladas en autos, de quienes reclamó: la expedición, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente el artículo 9, así como del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que sirvieron de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la determinación, incremento y aplicación de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 085-033-001-0025, y que originó la emisión de la factura con folio 2100288720. En ese orden, en la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] la autoridad recaudadora Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, calcule nuevamente el impuesto pagado en relación con el bien inmueble identificado con la cuenta catastral 085-033-001- 0025, para lo cual deberá aplicar los montos de menor cuantía. En la inteligencia, que una vez que dicha autoridad exactora realice lo propio, y de resultar una diferencia a favor de la parte quejosa con motivo de ese nuevo cálculo, efectúe su devolución. Ello es así, puesto que no se ha declarado la inconstitucionalidad del pago del impuesto predial por vicios en alguno de los elementos del tributo, sino únicamente se determinó que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, es decir, la incertidumbre en una de las variantes de los elementos del tributo, con lo cual se considera que la inconstitucionalidad de referencia no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros, lo que de sí no puede traer la exención, sino únicamente ubicarlos en la carga impositiva básica del impuesto de referencia, de ahí que en tratándose de vicios insertos en las tablas de valores unitarios relativas al impuesto predial, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar a la parte quejosa en la cuantía mínima impositiva, más no liberarla en su pago. (.) No está de más añadir, que si bien, los efectos antes ordenados no se dirigen a las autoridades legislativas responsables, lo que implica que no se les conmine a ninguna acción tendente a acatar la presente resolución; lo cierto es que ello obedece a la técnica que rige en el juicio de amparo contra normas, en cuyos efectos no puede incorporarse una declaración de inconstitucionalidad de la ley reclamada o bien, una imposición a las autoridades legislativas para que la modifiquen, sino sólo constreñir a la autoridad que intervino en la aplicación del precepto, que en la especie lo fue la autoridad hacendaria, para que libere dicha disposición que resultó inconstitucional, de la esfera jurídica de la parte quejosa, tal y como se precisó en los párrafos que anteceden." En cumplimiento a esa sentencia, mediante oficio DC/JUR/3625/2022, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, remitió el acuerdo de esa misma fecha, en el que determinó la nueva base gravable respecto al inmueble controlado con la cuenta catastral 085- 033-001-0025. Por otro lado, mediante oficio DJUP-03/924/2023, recibido el dos de febrero del año en curso, la Delegada de las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, señaladas como responsables, remitió el cheque 0003733, de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $13,874.60 (trece mil ochocientos setenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), por lo que se requirió a la parte quejosa para que compareciera a recoger dicho título de crédito, sin que lo haya hecho. En virtud de lo expuesto, si la autoridad responsable procedió en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos vulnerados y por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. No pasa inadvertido lo infructuoso de las diligencias llevadas a cabo por este órgano jurisdiccional a fin de materializar la entrega del cheque 0003733, a la parte quejosa, pues pese a habérsele apercibido en el sentido de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por las autoridades responsables y las constancias que obran en este sumario, teniéndolo por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria y por restituido a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión; la impetrante ha mostrado desinterés para ser restituida de la cantidad señalada en párrafos que anteceden. Y si bien es cierto es obligación de este juzgado de distrito velar por que se cumpla el fallo protector, también lo es, que en casos como el que nos ocupa en el que se ha mostrado desinterés de la parte quejosa, resulta incuestionable que el presente asunto no puede permanecer abandonado en forma indefinida, en contravención al espíritu del artículo 17 de la Constitución que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Por ello, resulta inconcuso que la autoridad responsable ha expedido un cheque para restituir a la parte quejosa la cantidad susceptible a devolver conforme a los alcances del fallo protector, y si en el caso particular, la impetrante ha omitido comparecer a recoger el cheque relativo, ello obedece a su propia renuencia; por ende, tal situación resulta ajena a la intención de la responsable de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Esto en atención a que si bien el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, ello no exime a la parte quejosa en mostrar interés en lo conducente, ya que finalmente dicha parte procesal es la directamente beneficiada de la protección constitucional. Con independencia de ello, con apoyo en los artículos 196 y 211 de la Ley de Amparo, se conmina por última ocasión a la quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger el título de crédito 0003733, exhibido por la autoridad responsable, apercibido que de no hacerlo, una vez que fenezca el término de seis meses, a que se refiere el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, este órgano jurisdiccional ordenará su devolución a la autoridad emisora. En ese tenor, se toma como fecha de inicio para el cómputo de los seis meses, el día veinticinco de enero de dos mil veintitrés, data en la que fue expedido el cheque que nos ocupa; por tanto, se hace de su conocimiento que dicho término fenecerá el veinticinco de julio de dos mil veintitrés; lo anterior, con independencia de la notificación personal ordenada en este auto. Hágase saber a las partes que con independencia de la eventual devolución del cheque 0003733 exhibido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa en relación al saldo a favor que exista con motivo de los alcances del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 46/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 421, del rubro siguiente: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS." En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera, y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe. "Rúbricas"."
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