Eduardo Gutiérrez Encinas

Expediente 160/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
160/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Gutiérrez Encinas
  • Eloisa López Castro
  • José Gilberto Valverde Cáñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 17483/2022, recibido a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado del Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 3705, con el que este tribunal le remitió tanto la copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto, como los autos originales y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Amparo en revisión

    REVOCA, SOBRESEE Y AMPARA PARA EFECTOS

  3. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el escrito signado por el recurrente *****, mediante el cual hace una serie de manifestaciones en relación al dictamen con que se le dio vista, las que serán tomadas en cuenta en su oportunidad; en consecuencia, considérese el presente asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B", a cargo del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.

  4. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que emite el magistrado Arturo Castañeda Bonfil, titular de la ponencia "B", de este órgano jurisdiccional, en el que expone lo siguiente: "Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y remitido el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, *****, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene el carácter de responsable:" "a) C. (sic) Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en el Edificio del Poder Judicial del Estado en la esquina de las calles Tehuantepec y Comonfort, Col. Las Palmas de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, como autoridad ordenadora por sus actos en autos del juicio ejecutivo mercantil ***** promovido por la tercero interesada Sra. ***** en contra de la empresa ****, y el suscrito solo como socio de dicha moral, solo para efectos del artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles." "En el juicio ***** se reclama de la moral demandada, no aun del suscrito, la cantidad de $*****pesos, más intereses usurarios que no dan acción ni excepción conforme al artículo 77 del Código de Comercio, de un 8% mensual." "b) C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en el Edificio del Poder Judicial del Estado en la esquina de las calles Tehuantepec y Comonfort, Col. Las Palmas de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, como autoridad ordenadora por sus actos en autos del juicio ejecutivo mercantil ***** promovido por la tercero interesada *****, S.A. DE C.V., en contra de la empresa *****, S.A. DE C.V., y el suscrito solo como socio de dicha moral, solo para efectos de artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles." "En el juicio ***** se reclama de la moral demandada, no aun del suscrito, la cantidad de $***** pesos, más intereses usurarios que no dan acción ni excepción conforme al artículo 77 del Código de Comercio, de un 8% mensual." "c) Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con domicilio en Nuevo León entre Matamoros y Juárez de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, como autoridad ejecutora." "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RCLAMA:" "De la anterior autoridad se reclaman los autos que a continuación se precisan:" "La violación tanto adjetiva como subjetiva de las responsables, derechos procesales y derechos fundamentales al haber ordenado respectivamente dentro de los autos de los juicios ***** y ***** el embargo de bienes de mi propiedad, aun y cuando el suscrito fui llamado exclusivamente en mi calidad de socio de la moral demanda a efectos de que me parara perjuicio la sentencia que se dictara; sin que el suscrito sea obligado cambiario dentro de los documentos base de la acción en ninguno de los procedimientos que adelante detallaré; sin embargo, los jueces responsables ordenaron embargos sobre bienes de mi propiedad, aun y cuando no soy obligado cambiario y ya existe jurisprudencia obligatoria resuelta en contradicción por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que establece que EMBARGO EN BIENES DEL SOCIO COMO MEDIDA PRECUATORIA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN SU CONTRA EN EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA ENTABLADA POR OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD (INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES)." "Lo anterior es una clara e irreparable violación a los derechos del suscrito respecto de mis derechos fundamentales al debido proceso, estricto derecho, legalidad y seguridad jurídica, sin dejar por un lado el de confianza legítima, lo cual viola los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 constitucionales." Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, el secretario en funciones de juez de Distrito, registró la demanda con el número 240/2020 y requirió al promovente, para que dentro del plazo de cinco días aclarara su demanda, bajo protesta decir verdad, señalara con precisión el acto reclamado. El quejoso, hoy recurrente, por escrito presentado tres de marzo de dos mil veinte, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, precisó el ocurso inicial en los siguientes términos: "1. Las normas que se consideran violadas en mi perjuicio, son los artículos 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 1391 del Código de Comercio, así como los artículos 14 y 16 Constitucionales." "2. Se reclama la pretensión de las autoridades responsables de embargar y/o desposeer al suscrito de mis bienes, a pesar de que, en los procedimientos instaurados ante las autoridades responsables, solo fui llamado en mi calidad de socio y NO DE OBLIGADO CAMBIARIO, por lo tanto solamente me podría parar perjuicio la sentencia que se dicte, pero no el auto de exequendo, resultando ilegal y violatorio al artículo 24 antes citado la pretensión de embargarme y desposeerme de bienes de mi propiedad." "3. Para los efectos de la aclaración respecto de la suspensión solicitada en autos, vengo, se aclara y se vuelve a solicitar ésta, en los términos siguientes:." Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Distrito, admitió la demanda de amparo. Seguido el juicio por sus demás trámites, el diez de noviembre de dos mil veinte se desahogó la audiencia constitucional en la que se dictó sentencia firmada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "Primero. Se niega al quejoso ***** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita contra los actos que reclama de los Jueces Segundo y Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, y del Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia." "Segundo. Hágase la publicación de la presente sentencia, acorde a las razones plasmadas en el último considerando." "Notifíquese." Inconforme con dicha sentencia, el quejoso -*****-, a través de su apoderado legal *****, interpuso recurso de revisión recibido en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, el once de marzo de dos mil veintiuno, enviado a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito el veinticinco de agosto del propio año y turnado a este órgano jurisdiccional el siguiente día, donde se admitió por auto de presidencia de treinta del citados mes y año y fue registrado con el número 160/2021. Por auto de veintidós de septiembre de la citada anualidad, se turnó el expediente al magistrado Arturo Castañeda Bonfil para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Luego, el ocho de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se fijó lista en los estrados, donde se señaló para audiencia de este asunto el diecinueve de los citados mes y año, en la que se discutió la propuesta de revocar la sentencia recurrida y sobreseer respecto de uno de los actos reclamados, consistente en la orden de embargo decretada en el juicio ejecutivo mercantil 2020/2011 del índice administrativo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, que -a juicio del quejoso- pretende embargarle y desposeerle de bienes de su propiedad. En efecto, en el proyecto respectivo, se proyecta que la juez mercantil responsable, al rendir su informe, aunque en principio, manifestó "ES CIERTO el acto reclamado, sosteniéndose la constitucionalidad de este. Lo anterior es así, en virtud de que se trata de una demanda presentada el día VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, a juicio ejecutivo mercantil, número *****, promovido por ***** S.A. DE C.V. en contra de ***** S.A. DE C.V., misma que se emplazó a la parte quejosa mediante diligencia de diez de febrero de dos mil veinte.", posterior a tal afirmación, precisó ".se le informa que al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil desde el auto de radicación de fecha diecisiete de enero de dos mil doce en relación al diverso de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, efectivamente se ordenó el embargo de bienes propiedad de la parte demandada suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, debiéndose otorgar el primer derecho para señalarlos. Sin embargo, a la fecha no se ha llevado a cabo medida alguna de aseguramiento de bienes de la parte quejosa.". Luego, de las constancias que integran la copia certificada del citado expediente *****, remitido por la diversa juez responsable junto con su informe de autoridad, se advierte que posterior al auto de veintiocho de septiembre de dos mil doce y el respectivo emplazamiento de diez de febrero de dos mil veinte entendido con ***** -donde éste no señaló bienes para embargo y la actora "se reserva el derecho para señalar bienes para embargo propiedad del demandado con posterioridad"-, no existe orden de embargo a ejecutar en contra del quejoso. Incluso, se advierte promoción fechada el diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la que ***** "CON CARÁCTER URGENTE SE SOLICITA LEVANTAMIENTO O CANCELACIÓN DE ORDEN DE EMBARGO", a lo que recayó acuerdo de veintisiete de los citados mes y año, en el que la juez luego de tener por contestada la demanda mercantil por el referido demandado, así como representante de la empresa reo, respecto a la solicitud de levantar cualquier orden de embargo, literalmente, proveyó: ".dígasele que resulta innecesaria su petición, toda vez que de autos no se advierte que exista orden de embargo, de conformidad con el artículo 1077, del Código de Comercio." Entonces, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 119, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la orden de embargo a ejecutar reclamada en el diverso juicio ejecutivo mercantil *****, dirigida en contra de *****, lo que procedería es revocar la sentencia recurrida en cuanto a la negativa del amparo por lo que hace al referido acto reclamado, en términos del numeral invocado en primer término, y sobreseer en el juicio. En otras palabras, ante la inexistencia de la orden de embargo dentro del expediente ***** del inventario de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, resulta inconcuso que dicho mandato no puede ser ejecutado por la autoridad señalada como responsable ejecutora -Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de esta ciudad-. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así mismo, la tesis aislada de la de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." Consecuentemente, en términos de los artículos 63, fracción IV, 117 y 119, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la orden de embargo a ejecutar reclamada en el diverso juicio ejecutivo mercantil ***** del índice administrativo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, dirigida en contra de ***** , lo que procedería es revocar la sentencia recurrida en cuanto a la negativa del amparo por lo que hace al referido acto reclamado, en términos del numeral invocado en primer término, y sobreseer en el juicio. Entonces, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de resolver el presente recurso de revisión, corresponde se dé vista al quejoso, hoy recurrente, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación a la posible actualización de la causal de improcedencia invocada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, OBLIGA AL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN AMPARO INDIRECTO, A DAR VISTA AL QUEJOSO CON SU ACTUALIZACIÓN, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CUANDO NO SE HUBIESE SOBRESEÍDO EN PRIMERA INSTANCIA POR ESA CAUSAL. Resulta compatible con el derecho fundamental de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, que su artículo 64, párrafo segundo, deba interpretarse en el sentido de que el tribunal que conozca del recurso de revisión, en amparo indirecto, otorgue vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando en primera instancia no se hubiese sobreseído por inexistencia de actos y aquél considere, oficiosamente, la actualización de dicha causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción IV, del ordenamiento legal indicado, pues ese sobreseimiento le producirá el mismo resultado adverso que el consecuente a la actualización de una causal de improcedencia, esto es, el no pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad alegada en la demanda de amparo que conlleve ordenar la restitución o reparación del respeto y disfrute del derecho humano que estime transgredido. Ello, derivado de un aspecto que no formó parte de la litis originalmente configurada, ya que, de oficio, el sobreseimiento es introducido por un órgano eminentemente terminal, cuya decisión al respecto ya no podrá ser cuestionada en una instancia ulterior." En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a los quejosos con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si el quejoso puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.

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