Eduardo Gutiérrez Cruz
Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Gutiérrez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase a la juez Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, los dos tomos de prueba relativos a copias certificadas de la causa penal 137/2014 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 369/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. El seis de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población (fojas 9 -19), se recibió la demanda de amparo promovida por EDUARDO GUTIÉRREZ CRUZ, contra actos del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) A la autoridad señalada como responsable en su doble carácter le reclamo la resolución consistente en el ilegal e infundado AUTO DE FORMAL PRISIÓN que fue dictada en mi contra el día uno de febrero del año dos mil dieciocho, dentro de la causa penal número 137/2014 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca." Acto que estimó transgrede los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión e incompetencia por razón de turno. Por razón de turno, la demanda de amparo se turnó al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien la registró con el número 207/2019 y por acuerdo de siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 20 - 25), la admitió a trámite, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó emplazar a los terceros interesados, a saber: Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, Ofelia Guzmán Martínez u Ofelia Guzmán de Guzmán y Ezequías Guzmán Montes, por conducto de su apoderado legal Anselmo Guzmán Martínez; finalmente, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representación Social Federal. En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 86 - 89), al considerar actualizado el supuesto de relación previsto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, en relación con la fracción IV, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, declinó competencia por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito. TERCERO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 91 - 93), por compartir el criterio adoptado por el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, este juzgado admitió la competencia declinada, se avocó al conocimiento del asunto, lo radicó bajo el número de expediente 369/2019, convalidó las actuaciones realizadas por el similar declinante, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; toda vez que se trata de un asunto en materia penal, cuya ejecución tiene verificativo en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: El auto de formal prisión de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 137/2014, del índice del Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, por así haberlo externado en su informe justificado (foja 40), razón por la cual, al haber admitido la existencia del acto que de su autoridad se reclama, debe tenerse como plenamente probado. Tiene aplicación, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se analizará la litis constitucional toda vez que respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 137/2014, del índice del Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, pues no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días; lo que da lugar a decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Del citado precepto legal se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Al respecto, resulta pertinente citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que indica lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los normativos transcrito se desprende, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos que no se promueven dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Por otra parte, el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ley aplicable al acto reclamado, dispone: "Artículo 159.- Todos los términos que señala este Código son improrrogables, y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. ..." Dicho precepto prevé que, los términos son improrrogables y se computarán a partir del día siguiente en que se practicó la notificación. De donde se sigue, el término para promover oportunamente la demanda de amparo, empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en que se practicó la notificación del auto de formal prisión reclamado, al defensor del procesado, aquí quejoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Lo anterior, ya que de las copias certificadas que conforman el tomo II, de la causa penal 137/2014 del Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, así como las constancias agregadas en la audiencia constitucional que antecede, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte: El auto de formal prisión reclamado de uno de febrero de dos mil dieciocho, decretado por el juez Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, en la causa penal 137/2014, de su índice, en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en agravio de Ofelia Guzmán Martínez u Ofelia Guzmán de Guzmán y Ezequías Guzmán Montes, se notificó a su defensor particular el tres de febrero de dos mil dieciocho, y al propio quejoso EDUARDO GUTIÉRREZ CRUZ, el uno de febrero de ese mismo año. Así, con la finalidad de maximizar la protección de la parte quejosa, en caso de que al notificación del auto de formal prisión, se haya verificado en diversas fechas al inculpado y a su defensor, debe tomarse en consideración para realizar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, aquella notificación que le genera mayor beneficio; esto es, la practicada al último, que en el caso, es la que se realizó a su defensor particular el tres de febrero de dos mil dieciocho, Así lo puntualiza la jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA." Por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo, inició a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación realizada al defensor particular del quejoso; esto es, inició el seis de febrero de dos mil dieciocho y concluyó el veintiséis de febrero del mismo año, con excepción de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles. En tal virtud, si la demanda de amparo promovida por el quejoso EDUARDO GUTIÉRREZ CRUZ, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población el seis de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recepción (foja 9), resulta improcedente, al haber sido instaurado el juicio constitucional fuera del plazo previsto en el ordinal 17 de la ley de la materia -quince días-. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por lo anterior, no resultan aplicables las tesis aisladas que cita en la demanda de amparo, con el siguiente rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUJETAR A PLAZO SU PRESENTACIÓN INFRINGE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y DE PROGRESIVIDAD, POR TANTO, SOBRESEER EN EL JUICIO, SO PRETEXTO DE ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN SU ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA (ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE), ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS" y "AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. BAJO EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y LOS PRINCIPIOS PRO PERSONAE Y DE PROGRESIVIDAD, LA DEMANDA PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", ya que existe la jurisprudencia mencionada en el párrafo que antecede. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En apoyo a la presente sentencia, se cita el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página: 364, Tomo: IX, Junio de 1992, Materia(s): Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la parte quejoso no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 369/2019, promovido por EDUARDO GUTIÉRREZ CRUZ, en términos del penúltimo considerando de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el telegrama remitido por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, téngasele apersonando al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado, acusando recibo de la copia de la demanda de amparo, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de Anselmo Guzmán Martínez, apoderado legal de los terceros interesados Ofelia Guzmán Martínez u Ofelia Guzmán de Guzmán y Ezequías Guzmán Montes, por el que informa la imposibilidad que le asiste para acusar recibo del oficio 7649/2019 dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; ahora bien, se hace de su conocimiento que el requerimiento contenido en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, fue formulado a dicho representante social, por tanto, será éste último quien tendrá que dar cumplimiento al mismo, y no los terceros interesados Ofelia Guzmán Martínez u Ofelia Guzmán de Guzmán y Ezequías Guzmán Montes. NOTIFÍQUESE.
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