Eduardo Guerra Arballo
Expediente 801/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Eduardo Guerra Arballo
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de la Unidad Municipal de Transporte del XXIII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley en cita, a las personas que refiere, sin que sea el caso tenerle por señalado el domicilio procesal que indica, en atención a que las notificaciones a las autoridades responsables deben hacerse de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II, inciso a), en relación con el diverso 28 fracción II, de la Ley de Amparo.
- Incidental
se: R E S U E L V E Único. Se niega la suspensión definitiva que solicita **, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Director de la Unidad Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa para que ratificara el contenido y firma del escrito registrado con el folio 10413, mediante el cual pretendió subsanar la prevención de doce de noviembre de dos mil diecinueve, sin que lo hubiera realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de noviembre del presente año, y se tiene por no presentado el ocurso en comento. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención de doce de noviembre del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por interpuesta la demanda promovida por Eduardo Guerra Arballo, únicamente por la autoridad responsable Director de la Unidad Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y en los términos de su escrito inicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo. Tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del dos de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, su informe justificado al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes a partir de aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase del conocimiento de la citada autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un plazo menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causa de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria.
- Incidental
Ensenada, Baja California, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista las copias simples de la demanda de amparo promovido por Eduardo Guerra Arballo, contra actos del Director de la Unidad Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 801/2019-I. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedoras en lo particular, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "[.] La no autorización o negación por parte de la Autoridad Responsable, en no permitirme trabajar de forma plena con mis calandrias, siendo solo dos, mismas que utilizo como trasporte recreativo y turístico, ya que, no se me permite estacionar dichas calandrias que se componen cada una de un caballo y una carreta, en alguno de los espacios cuya ubicación expondré en el capítulo de antecedentes del presente escrito de amparo, mismas que habían sido indicadas como opción para poder ser utilizadas por el suscrito quejoso, no obstante de haber cumplido con todos los requisitos ante la Autoridad Responsable y pagado lo correspondiente ante la tesorería de este Municipio de Ensenada, Baja California. b).- La imposición de multas por parte de la Autoridad Responsable, por conducto de sus inspectores, por estacionar mis calandrias en los espacios que la Autoridad Responsable me había manifestado como opción para poder hacerlo, los cuales, precisare en el capítulo de antecedentes del presente escrito de amparo, y que posteriormente se negaron a autorizarme alguno de estos, no obstante de que, el suscrito quejoso, ya he cumplido con todos los requisitos, así también con todos los pagos correspondientes, siendo los requisitos ante la autoridad responsable y pagos ante la tesorería de esta Municipalidad de Ensenada, Baja California, para poder realizar la actividad de transporte recreativo o turístico con las calandrias de mi propiedad." Asimismo, la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos siguientes: "[.] solicito la SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS tanto la provisional como definitiva, en tanto se resuelve el presente juicio de amparo, para el efecto de que se me permita estacionar mis calandrias, de manera provisional en tanto se resuelve el presente juicio de amparo, en uno de los espacios que se nos habían indicado por parte de la Autoridad Responsable nos sería designado, asimismo se suspenda la imposición de multas por parte de los inspectores que son parte de la Autoridad Responsable, multas que son impuestas por estar estacionadas mis calandrias en uno de los espacios que la misma autoridad responsable nos había dado como opción para poder hacerlo [.]". Por tanto, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, se procede al pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, previo al pronunciamiento de la medida cautelar solicitada, resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés suspensional) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto al orden jurídico, para que la sentencia que se dicte solo lo proteja a él, en cumplimiento del principio de relatividad. Asentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa al solicitar la suspensión para el efecto de que se le permita estacionar sus calandrias compuestas cada una por una carreta y un caballo, que utiliza para transporte recreativo y turístico en esta ciudad; asimismo se suspenda la imposición de multas por estar estacionadas las calandrias en uno de los espacios que la autoridad responsable les había otorgado para poder hacerlo, resulta necesario que la parte quejosa acredite la afectación directa a sus derechos subjetivos; por lo que al no exhibir medios de convicción con los cuales justifique lo anterior, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Por tanto se tiene que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, los documentos siguientes: .. Sin embargo, con ellas no acredita ni aun de manera indiciaria su interés suspensional, en virtud de que de que, en primer término, las documentales relacionadas en los numerales 1 a 5, únicamente constan en copia fotostática simple sin certificar, que carecen por sí solas de valor probatorio pleno y por ende, resultan insuficientes para acreditar el interés suspensional de la parte quejosa, ya que la copia fotostática es una simple reproducción fotográfica de documentos, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 33, materia común, con número de registro 185215, cuyo rubro y texto dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Ahora, respecto de las documentales relacionadas en los puntos 6 y 7 únicamente se desprende que se realizaron dos pagos por concepto de multa por la infracción de estacionarse en lugar no autorizado, de cinco y seis de noviembre del presente año, a nombre de Adrián Gómez Guzmán. Por tanto, los recibos de pago de multas exhibidos, son insuficientes para acreditar que el quejoso que cuenta con algún permiso o licencia para estacionar en la vía pública dos calandrias compuestas cada una por una carreta y un caballo, que utiliza para transporte recreativo y turístico en esta ciudad; así como tampoco, que su emisión le causa alguna afectación a su esfera jurídica, pues fueron impuestas a una persona diversa; de ahí que no resulta procedente conceder la medida cautelar solicitada. Por otra parte, las impresiones fotográficas, exhibidas como anexo a la demanda, de diversas vialidades públicas, carecen de eficacia probatoria, toda vez que no contienen la certificación del lugar y circunstancias en que fueron tomadas, en términos del segundo párrafo del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 216975, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 284, tomo XI, marzo de 1993, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FOTOGRAFIAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." En consecuencia, como se mencionó anteriormente, las documentales de mérito resultan insuficientes para conceder la medida cautelar, ya que con las mismas, no acredita ni aun de manera indiciaria que a la fecha de presentación de la demanda de amparo exista un perjuicio directo o indirecto a su esfera jurídica. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que exhibe, mismas que se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. En otro tenor, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se atiende y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Darío Guadalupe Santoyo Ibarra y Daniel Torres Uribe, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto.
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