Eduardo González Trujillo

Expediente 989/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
989/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Eduardo González Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, atendido a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, remítase copia certificada del presente acuerdo. En consecuencia se comisiona al Actuario de la adscripción de hacer entrega de la copia certificada descrita, y asiente lo conducente en el acta respectiva. Notifíquese personalmente de manera inmediata al quejoso en su lugar de reclusión.

  2. Principal

    Santiago de Queretaro Queretaro veintidos de noviembre de dos mil dieciseis Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso XXX, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y manifiesta que el único acto reclamado en su demanda de amparo es la falta de contestación a sus solicitudes elevadas a las autoridades señaladas como responsables; atento a ello, se tiene por desahogada la prevención de que fue objeto y se provee en cuanto a su demanda de amparo, en los términos siguientes: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: La falta de contestación a diversos escritos presentados ante las autoridades responsables, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, en el caso, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con 6°, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. La fracción XII, del artículo 61 de la ley de la materia vigente, interpretado a contrario sensu, en relación con el numeral 6°, del mismo ordenamiento legal, refieren que solo estarán en aptitud de promover el juicio de amparo, los quejosos a los que se les afecte directamente su interés jurídico. De los preceptos anteriores, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en la foja 77, que dice: PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Como se precisó con antelación, el acto reclamado se hace consistir en: La falta de contestación a diversos escritos presentados ante las autoridades responsables, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere el dispositivo antes invocado en cuanto al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Por lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó sus peticiones ante las autoridades, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis; en tanto que, la demanda de amparo fue recibida el quince de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, esto es, al día siguiente desde su presentación; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un término breve a afecto de que las autoridades responsables estén en aptitud de dar contestación a las peticiones del quejoso, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no le causa perjuicio alguno, pues se reitera no ha transcurrido un término considerable a efecto de que las autoridades responsables puedan estudiar y acordar las peticiones del quejoso presentadas el catorce del mes y año en curso y hacerle del conocimiento el acuerdo recaído a las mismas. Tiene aplicación a lo anterior por identidad de razones, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Finalmente, atendido a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, remítase copia certificada del presente acuerdo. En consecuencia se comisiona al Actuario de la adscripción de hacer entrega de la copia certificada descrita, y asiente lo conducente en el acta respectiva. Notifíquese personalmente de manera inmediata al quejoso en su lugar de reclusión.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxx, por derecho propio, contra actos de: 1. Director Cereso Varonil de San José el Alto, Querétaro; 2. Directora del Centro de Reinserción Social Varonil, San José El Alto, Querétaro; y, 3. Director General de Reinserción Social en el Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 989/2016-I-B. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Manifieste si únicamente reclama la falta de contestación a sus diversas peticiones elevadas ante las autoridades responsables el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, o bien, si señala también como acto reclamado la resolución de Consejo con referencia 3188/2016, celebrada en sesión ordinaria 378/2016l, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, la cual le fue notificada el once del mes y año en curso, y de ser así, señale la autoridad a quien se la atribuye. Lo anterior, en virtud que de los anexos que acompañó a su demanda de amparo, específicamente del escrito constante de cuatro fojas presentado ante el Director General de Reinserción Social en el Estado de Querétaro, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 18 a 21), de su contenido se advierte que el quejoso se inconforma de la resolución a la que se ha hecho referencia en párrafos que anteceden y respecto de la cual no se le ha dado contestación. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se proveerá respecto a la tramitación de la demanda en los términos en que fue planteada inicialmente, esto es, se tendrá como único acto reclamado la falta de contestación a sus peticiones. DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en el xxxxxxxxxxx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Finalmente, atendido a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, remítase copia certificada del presente acuerdo. En consecuencia se comisiona al Actuario de la adscripción de hacer entrega de la copia certificada descrita, y asiente lo conducente en el acta respectiva. Notifíquese personalmente de manera inmediata al quejoso en su lugar de reclusión.

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