Eduardo González Trujillo
Expediente 1480/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/12/2017
Partes del expediente
- Eduardo González Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo antes citada, se declara que ha CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales; por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, en razón de haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....III NP
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado mediante la cual hace constar que al constituirse en el Centro de Reinserción Social San José El Alto, Querétaro, para notificar al quejoso el auto de cinco de diciembre del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, al solicitar la presencia de **/** , le hicieron saber que ya se encuentra en libertad, por lo que asienta su imposibilidad de notificarlo; en tal virtud, con fundamento los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al quejoso dicho proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes....iii SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA AORTE QUEJOSA EL AUTO DE 05/12/2017 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta (con anexos), signado por el Director de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, para que obre como corresponda, a través del cual informa que el quejoso obtuvo su libertad el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, a juicio de este juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" En efecto, el acto reclamado consistente en la negativa de expedir documentos y certificaciones médicas y análisis clínicos requeridos por el quejoso, quien se encontraba al momento de la presentación de la demanda de amparo, recluido en el Centro Penitenciario de San José El Alto, Querétaro, aun cuando subsiste el acto, lo cierto es que al haber quedado en libertad la parte quejosa, dejó de existir la materia que lo originaba. Así es, en el caso se actualiza la causa de improcedencia aludida, en virtud de que aun cuando la omisión reclamada subsiste, dicha omisión ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto de la petición, toda vez que al obtener su libertad el quejoso, ya no está a disposición del centro de reclusión y, por ende, éste ya no le puede resolver sobre expedir la documentación necesaria para que se le hicieran los estudios médicos y análisis clínicos que requería el quejoso, ni expedirle una constancia de reclusión -materia de la petición- puesto que ya está en libertad, por lo que tal situación ya no puede tener efecto legal o material práctico por haber dejado de existir el objeto de la petición. De lo antes reseñado, se desprende que a partir de la resolución dictada dentro del Toca Penal 380/2047, formado al recurso de apelación interpuesto por el ahí acusado, aquí quejoso, el treinta de noviembre del presente año, obtuvo su libertad al no encontrarse acreditada su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Robo Calificado y Homicidio Calificado; de lo que se sigue que, aun y cuando formalmente, subsiste el acto reclamado por el quejoso, es decir, la omisión de expedirle la documentación necesaria para que se le hicieran los estudios médicos y análisis clínicos que requería el quejoso, ni expedirle una constancia de reclusión, dicha omisión, como ya se dijo, ya no puede surtir efecto legal alguno, puesto que, no podría ya resolver la autoridad responsable sobre las peticiones hechas al ya gozar de la libertad el quejoso. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquel, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido, es decir, la omisión de expedirle la documentación necesaria para que se le hicieran los estudios médicos y análisis clínicos que requería el quejoso, ni expedirle una constancia de reclusión, con la puesta en libertad del quejoso, la petición realizada no podría ser resuelta por la autoridad responsable; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de amparo, y se concediera la protección constitucional a favor de la quejosa, ello resultaría del todo ocioso en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del Tomo XXIV, diciembre de 2006, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 173858, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, debe decirse que las tesis invocadas resultan aplicables en virtud de que no resultan contrarias a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE
- Principal
...Agréguese a los autos el oficio de cuenta (con anexos), signado por el Director de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, para que obre como corresponda, a través del cual informa que el quejoso obtuvo su libertad el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, a juicio de este juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" En efecto, el acto reclamado consistente en la negativa de expedir documentos y certificaciones médicas y análisis clínicos requeridos por el quejoso, quien se encontraba al momento de la presentación de la demanda de amparo, recluido en el Centro Penitenciario de San José El Alto, Querétaro, aun cuando subsiste el acto, lo cierto es que al haber quedado en libertad la parte quejosa, dejó de existir la materia que lo originaba. Así es, en el caso se actualiza la causa de improcedencia aludida, en virtud de que aun cuando la omisión reclamada subsiste, dicha omisión ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto de la petición, toda vez que al obtener su libertad el quejoso, ya no está a disposición del centro de reclusión y, por ende, éste ya no le puede resolver sobre expedir la documentación necesaria para que se le hicieran los estudios médicos y análisis clínicos que requería el quejoso, ni expedirle una constancia de reclusión -materia de la petición- puesto que ya está en libertad, por lo que tal situación ya no puede tener efecto legal o material práctico por haber dejado de existir el objeto de la petición. De lo antes reseñado, se desprende que a partir de la resolución dictada dentro del Toca Penal 380/2047, formado al recurso de apelación interpuesto por el ahí acusado, aquí quejoso, el treinta de noviembre del presente año, obtuvo su libertad al no encontrarse acreditada su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Robo Calificado y Homicidio Calificado; de lo que se sigue que, aun y cuando formalmente, subsiste el acto reclamado por el quejoso, es decir, la omisión de expedirle la documentación necesaria para que se le hicieran los estudios médicos y análisis clínicos que requería el quejoso, ni expedirle una constancia de reclusión, dicha omisión, como ya se dijo, ya no puede surtir efecto legal alguno, puesto que, no podría ya resolver la autoridad responsable sobre las peticiones hechas al ya gozar de la libertad el quejoso. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquel, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido, es decir, la omisión de expedirle la documentación necesaria para que se le hicieran los estudios médicos y análisis clínicos que requería el quejoso, ni expedirle una constancia de reclusión, con la puesta en libertad del quejoso, la petición realizada no podría ser resuelta por la autoridad responsable; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de amparo, y se concediera la protección constitucional a favor de la quejosa, ello resultaría del todo ocioso en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del Tomo XXIV, diciembre de 2006, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 173858, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, debe decirse que las tesis invocadas resultan aplicables en virtud de que no resultan contrarias a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE...III
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado de cuenta, rendido por el Director del Centro de Reinserción Social de San José el Alto, Querétaro, y con el contenido de éste, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que exhibe la autoridad responsable, mismas que serán tomadas en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional....III NP
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