Eduardo Gonzalez Romero
Expediente 1262/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Gonzalez Romero
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- requiérase a la Presidenta de dicha Junta, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, devuelva debidamente diligenciado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el exhorto 417/2018-JE3, derivado del expediente laboral **********, o informe el impedimento legal que tenga para hacerlo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que una vez que reciba el exhorto 417/2018-JE3, derivado del expediente laboral 01/807/17, que envió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, remita de manera inmediata las constancias que acrediten en emplazamiento de la parte demandada. Apercibidos **********, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y **************, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se harán acreedores a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) cada uno; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Por otra parte, agréguense únicamente a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, lo anterior, en virtud de que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 297 y 298), fue recibido por este Juzgado vía telegrama y por auto de veinticuatro de agosto del presente año (foja 300) se acordó lo conducente. CSH
- Principal
LISTA.- EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, QUE EN SU SÍNTESIS DICE: Visto lo de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio del quejoso ******; mediante el cual subsana la prevención formulada en proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la jurisprudencia I.13o.A. J/6, con número de registro 180663, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página: 1631 Tesis que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del numeral 112 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: "El auto de vinculación a proceso de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictado por la Juez de Primera Instancia, de Control y Juicios Orales del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la causa penal JCJ/229/2018". En esas condiciones, este órgano de control constitucional, aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento desde el cinco de julio de dos mil dieciocho, del acto reclamado, ello como seguidamente se expondrá. A efecto de evidenciar la causa de improcedencia que se anuncia, se precisa que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." El precepto en comento, tienen relación con el diverso numeral 17 del mismo ordenamiento legal que en la parte que interesa dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del numeral transcrito, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme al numeral anterior, se obtiene que el plazo para promover el juicio de amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Los anteriores supuestos normativos constituyen herramientas para el órgano de control constitucional para determinar si la presentación de la demanda se realizó de manera oportuna. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos que anteceden, se obtiene uno más de los casos de improcedencia del juicio de amparo, cuando la demanda se presenta fuera del término de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del auto o acuerdo que se reclame. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que el plazo de quince días empezó a contar a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de vinculación a proceso, es decir, a partir del nueve de julio de dos mil dieciocho, tal como se advierte del escrito de desahogo de cuenta y del disco compacto anexo, toda vez que la videograbación contenida en el medio de almacenamiento de referencia, se equipara a una prueba documental, de conformidad con la jurisprudencia 1a/J. 43/2013 (10ª.), con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que establece: De tal suerte que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo que nos ocupa transcurrió del nueve al veintisiete de julio de dos mil dieciocho, sin contar los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de julio del año en curso, por ser inhábiles, lo anterior al tratarse de Juzgados. Ahora bien, toda vez que el plazo para promover la demanda inició el nueve de julio de dos mil dieciocho y concluyó el veintisiete siguiente, y el quejoso promovió su demanda ante este órgano jurisdiccional hasta el seis de agosto de dos mil dieciocho, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio, pues se insiste, éste feneció el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, por tanto, se concluye que la misma fue presentada de manera extemporánea. Así, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aun cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay por qué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. Asimismo, apoya la anterior determinación por analogía y no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, tomo XI, junio de 1993, Octava Época, registro 216152, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Tesis y jurisprudencias que conservan su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación de los artículos 21, 73, 114 y 145 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al de los numerales 17, 61, 107 y 112 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, ante la notoria e indudable causa de improcedencia, en términos del precepto 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida Eduardo González Romero.
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