Eduardo González Rábago
Expediente 132/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Eduardo González Rábago
Actuaciones
- Principal
Se notifica por este medio de lista al tercero interesado MARÍA TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ RABAGO, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienesa de María Teresa de Jesús Rabago Martín del Campo, el auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, el cual dice: Se DESECHA la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO. POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO QUE DICE: En doce de febrero de dos mil dieciocho, Nathali Cisneros Mendoza, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, doy cuenta al juez de un oficio número 445 suscrito por la secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, registrado en la oficialía de partes de este juzgado bajo el consecutivo 2028 al que se anexa el oficio 1780/2017, por el que el juez responsable rindió informe justificado, y los autos originales del juicio sucesorio 531/2015, asimismo, se encuentra agregado el escrito de presentación de demanda y demanda con firma original y una certificación. Conste. La secretaria. Zapopan, Jalisco, doce de febrero de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibido el oficio 445 de la secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el cual remite la demanda de amparo promovida por Eduardo González Rabago, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los anexos descritos; porque mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo directo 40/2018 de su índice, dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del acto que se reclama, por considerar que no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que hubiera puesto fin al proceso. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. Con las constancias originales del expediente de origen, fórmense cuaderno de pruebas en un tomo, el cual se ordena guardar en la secretaria de este juzgado para su debida seguridad y custodia. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 132/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Cesación de efectos. Por lo que respecta al auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete dictado por el juez responsable, por el cual fijó fecha para el desahogo de la audiencia en la que realizaría el sorteo entre los herederos a fin de que se determine quien de ellos será el adquirente de la finca materia del juicio sucesorio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho, y con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, la parte quejosa se duele del auto por el cual la autoridad responsable fijó fecha para la audiencia de sorteo entre los herederos, a fin de que se determine quien de ellos será el adquirente de la finca marcada con el número 29 veintinueve de la calle González Hermosillo de la Ciudad de Jalostotitlan, Jalisco. Cabe precisar que en contra de dicho auto promovió recurso de revocación el cual fue resuelto por auto de tres de noviembre de dos mil diecisiete, (el cual también señaló como acto destacado.) Por lo cual debe decirse que el acto reclamado cesó sus efectos, pues fue sustituido procesalmente por el auto de tres de noviembre de dos mil diecisiete en el que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el aludido de dieciocho de septiembre de ese mismo año. Por tanto, el amparo es improcedente en contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, pues ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el diverso que vino a sustituirla procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" b) Desechamiento por extemporáneo. Ahora bien, respecto del acto consistente en el auto de tres de noviembre de dos mil diecisiete, del examen de la demanda de garantías y de las demás constancias se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." De los citados numerales relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por las razones que a continuación se exponen: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.)" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, por analogía la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado" . De las constancias remitidas por la autoridad y de las que obran en el juicio de amparo 1279/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, lo cual se invoca como hecho notorio, se advierte que el aquí quejoso anteriormente promovió juicio de amparo directo contra el acto consistente en la emisión del auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 531/2015, por el cual el juez responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por el promovente contra el diverso de treinta y uno de agosto del referido año, en el que se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia en la que debían comparecer los herederos a fin de que manifestaran si era su deseo ejercer el derecho al tanto, sobre el bien inmueble perteneciente a la autora de la sucesión; además en el citado auto reclamado se le desechó de plano el incidente de objeción de avaluó del referido bien; en dicho juicio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo, radicado con el número 875/2016, se declaró incompetente, al considerar que el acto reclamado en ese amparo, se ubicaba en la hipótesis de procedencia de juicio de amparo indirecto, toda vez que no se consideraba acto para efectos de amparo directo; y al efecto ordenó la remisión del referido juicio a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado. Ahora, del amparo indirecto que nos ocupa, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, tambien se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por la quejosa, en contra del acto de la misma naturaleza del diverso precisado en el párrafo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este amparo, se ubica en la hipótesis de procedencia de juicio de amparo indirecto. Por tanto, el quejoso no puede eludir el conocimiento que ya tenía, respecto de cuál son los únicos actos en un juicio contra los que procede amparo directo, siendo evidente que lo aquí reclamado no encuadra en ninguno de esos supuestos; por ende, no es posible estimar que se trata de un error o de desconocimiento del impetrante del amparo, respecto del órgano ante el que debía presentar su demanda, por lo que debe entenderse que no actuó de buena fe. En ese sentido, el quejoso tiene conocimiento pleno de que la vía procedente es la de amparo indirecto, merced a que, con antelación ya había presentado diversa demanda uniistancial contra actos de igual naturaleza jurídica (que no constituyen sentencia definitiva o resolución que pone final al juicio) por lo que, si vuelve a promover en la vía directa, es obvio que ya no se encuentra en el dilema de saber qué tipo de amparo procede, por lo que debe entenderse que no actuó de buena fe, y siendo así, la presentación de la demanda no interrumpe el plazo para la promoción del juicio de amparo. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. Así como la jurisprudencia de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA". De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Luego, si de la certificación realizada por la autoridad responsable y de los autos originales se desprende que a la quejosa se le notificó el acto reclamado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, y la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se advierte que entre ambas fechas transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda. El plazo de quince días a que se hace alusión, transcurrió del ocho al veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, descontando los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco, y veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para mayor claridad se ilustra el siguiente esquema: (TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA) ENERO 2017. LU MA MI JU VI SA DO 1 2 3 4 DÍA INHABIL 5 DÍA INHABIL 6 NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7 SURTE EFECTOS 8 PRIMER DÍA 9 SEGUNDO DÍA 10 TERCER DÍA 11 DÍA INHABIL 12 DÍA INHABIL 13 CUARTO DÍA 14 QUINTO DÍA 15 SEXTO DÍA 16 SÉPTIMO DÍA 17 OCTAVO DÍA 18 DÍA INHABIL 19 DÍA INHABIL 20 NOVENO DÍA 21 DÉCIMO DÍA 22 DÉCIMO PRIMER DÍA 23 DÉCIMO SEGUNDO DÍA 24 DÉCIMO TERCER DÍA 25 DÍA INHABIL 26 DÍA INHABIL 27 DÉCIMO CUARTO DÍA. 28 DÉCIMO QUINTO DÍA, ÚTLIMO DÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 29 30 DÍA INHABIL DÍA INHABIL DÍA INHABIL DÍA INHABIL En consecuencia, si la demanda de garantías fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el nueve de febrero de dos mil dieciocho, es evidente que es notoriamente extemporánea, porque transcurrió en exceso el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que ejerciera su derecho y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en estudio, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se citan enseguida: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional" . Así como la diversa tesis de rubro: "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." En las relatadas consideraciones procede desechar de plano la demanda de garantías. También sirve de apoyo al anterior razonamiento la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. Eduardo González Rabago, por propio derecho. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Carolina López González y Artemio Ramírez Trejo, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que señala en el escrito de demanda. 2. Tercero interesado. a. Designación. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la referida norma, se tiene con el carácter de parte tercera interesada a: i. María Teresa de Jesús González Rabago, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María Teresa de Jesús Rabago Martin del Campo. Dado el sentido del presente acuerdo, únicamente se ordena hacer del conocimiento por lista la tramitación del presente juicio a la tercera interesada de referencia. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, asistido de la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, que autoriza y da fe. EEVP/NCM/Gilberto
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