Eduardo González Millán
Expediente 519/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 13/08/2019
Partes del expediente
- Eduardo González Millán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de ocho de agosto pasado (fojas 82 y 83) acusa recibo de las constancias que adjuntó a su informe justificado consistentes en: 1) toca de apelación 200/2019; 2) incidente de liquidación de pensión alimenticia; y, 3) un legajo de coipas certificadas del expediente 622/2018...
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Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra auto de quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 73 y 74), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito...
- Principal
VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días otorgado en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 61 a 64), con la finalidad de que la parte quejosa realizara las gestiones necesarias para emplazar a la tercera interesada Karla Susana Fuentes Díaz, por medio de edictos; lo anterior para ser publicados tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República mexicana, y consecuentemente, toda vez que la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, la parte quejosa no acreditó la publicación de los edictos, el cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. Máxime, que conforme al artículo 22 de la Ley de Amparo, el término para la publicación de edictos debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los estos se ponen a disposición de la parte quejosa, lo cual se hizo de su conocimiento mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 61 a 64); y dentro de dicho plazo el quejoso no acreditó haberlos entregado para su publicación ante este órgano jurisdiccional. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." No pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito que mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 72), se haya tenido por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual proporcionó un domicilio donde pudiera ser localizada la tercero interesada Karla Susana Fuentes Díaz, sin embargo, al haberlo hecho fuera del plazo otorgado para tal efecto, se le precisó que debía estar a lo ordenado en acuerdo de treinta y uno de mayo de este año (foja 61 a 64), en el que se le concedió el término de veinte días para para realizar las gestiones necesarias para emplazar a la citada tercero interesada por medio de edictos. En ese orden, se deja sin efectos la audiencia constitucional, prevista para esta fecha. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
se lista en cumplimiento al citatorio de 17-07-2019 VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días otorgado en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 61 a 64), con la finalidad de que la parte quejosa realizara las gestiones necesarias para emplazar a la tercera interesada Karla Susana Fuentes Díaz, por medio de edictos; lo anterior para ser publicados tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República mexicana, y consecuentemente, toda vez que la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, la parte quejosa no acreditó la publicación de los edictos, el cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. Máxime, que conforme al artículo 22 de la Ley de Amparo, el término para la publicación de edictos debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los estos se ponen a disposición de la parte quejosa, lo cual se hizo de su conocimiento mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 61 a 64); y dentro de dicho plazo el quejoso no acreditó haberlos entregado para su publicación ante este órgano jurisdiccional. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." No pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito que mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 72), se haya tenido por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual proporcionó un domicilio donde pudiera ser localizada la tercero interesada Karla Susana Fuentes Díaz, sin embargo, al haberlo hecho fuera del plazo otorgado para tal efecto, se le precisó que debía estar a lo ordenado en acuerdo de treinta y uno de mayo de este año (foja 61 a 64), en el que se le concedió el término de veinte días para para realizar las gestiones necesarias para emplazar a la citada tercero interesada por medio de edictos. En ese orden, se deja sin efectos la audiencia constitucional, prevista para esta fecha. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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