Eduardo Girón Martínez
Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2018
Partes del expediente
- Eduardo Girón Martínez
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciocho de los corrientes por medio de lista en cumplimiento al citatorio de veintitrés siguientes. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Gijón Martínez, contra actos de la Secretaría de Economía; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de amparo indirecto 55/2018-IV. Desechamiento. En principio, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En la demanda de derechos humanos se señaló como autoridad responsable y acto reclamado los que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLES SECRETARÍA DE ECONOMÍA" "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS U OMISIONES RECLAMADAS. ACTO RECLAMADO DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA RECLAMO LA OMISIÓN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, DONDE TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA FIJAR PRECIOS, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS GENERALES DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, ABASTO Y PRECIOS DEL PAÍS, ESTO ES LA CONDUCTA OMISIVA DE NO FIJAR LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA)" Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en amparo no causa perjuicio en la esfera jurídica del quejoso. El Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior se cita la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro rápido de localización 2004008, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Por su parte, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro rápido de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Con relación al interés legítimo, el precepto 107 constitucional se reformó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, de cuyo proceso legislativo se advierte lo siguiente: "CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS INICIATIVA DE SENADORES (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI) México, D.F., a 19 de marzo de 2009. Gaceta No. 352. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trento y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS [.] En la fracción II se establece quién tiene el carácter de parte agraviada en el juicio de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente "homogénea cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener [...] Respecto a dicho numeral constitucional, debe citarse el diverso 6º de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Sobre el tópico del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, con registro rápido de localización 2004501, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica, por lo cual la afectación a un interés simple queda fuera de la tutela constitucional. En el caso, el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de la Secretaría de Economía de fijar los precios del combustible (gasolina), derivado de la facultad establecida en el artículo 28, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. Sin embargo, la solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exigen los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, pues aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. En efecto, es de concluirse que el peticionario de amparo basa como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según se infiere del ocurso constitucional, le corresponde como ciudadano del país; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de garantías le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Esto es, el quejoso sólo tiene un interés simple como miembro de la comunidad, para que la autoridad de que se trata, despliegue, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para resolver sus diferencias con el País, acto respecto del cual, no puede instar la justicia constitucional, porque ello llevaría al extremo de que cualquier persona interesada en que la Secretaría de Economía fijara los precios de los combustibles o estableciera políticas públicas o económicas determinadas en el país, promoviera amparo sin acreditar una afectación directa o indirecta en su esfera de derechos y un posible beneficio con la protección constitucional. Efectivamente, el derecho que aduce violado el peticionario de amparo constituye un derecho abstracto (interés en la mera legalidad), sin que con la consecución del mismo pueda obtenerse un provecho concreto en su esfera jurídica particular. En estas condiciones, se concluye que no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto, la que puede denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos; tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con sus creencias o aspiraciones legales o políticas. Consecuentemente, no puede considerarse que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad que con base en un interés simple se acuda al juicio de amparo, aduciendo como única condición legitimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto, por el solo hecho de estimar que no es acorde con el rumbo de la política económica que, en su concepto, debería llevar el país, lo que atañe al espectro político y decisional de los órganos del Estado legitimados para determinarlo por la vía democrática. Por el contrario, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una garantía individual violada -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Aunado a ello, el destinatario de la omisión atribuida a la responsable lo es toda la población, por lo que si la parte quejosa alega una afectación que es abstracta, la misma no es reducible al interés legítimo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis 1a. CLXXXVI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 441 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. COMO USUARIO O BENEFICIARIO DEL GASTO PÚBLICO, LA PARTE QUEJOSA QUE COMBATE SU DEFICIENTE INTEGRACIÓN NO ACUDE COMO CONTRIBUYENTE, POR LO QUE CARECE DE AQUÉL. De acuerdo con los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el universo de afectaciones posibles de un contribuyente como sujeto constitucional, relevantes para el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional, son todas aquellas asociadas a su estatus de sujeto pasivo de una relación tributaria. Con la ampliación del interés legítimo, los contribuyentes podrían resentir afectación en la aplicación de normas que regulan esa forma de tributar. Sin embargo, la afectación que pueden resentir por las condonaciones otorgadas a favor de terceros extraños, al existir una merma en el gasto público total realizado por el Estado, no es resentida por las personas en su calidad de contribuyentes, sino en su calidad de sujetos beneficiarios de los servicios del Estado. Por tanto, en este contexto, la distinción entre contribuyentes y no contribuyentes es artificial: ambos son igualmente beneficiarios del gasto público y ambos son igualmente afectables por las modificaciones en las condiciones de integración general del gasto público del que buscan beneficiarse. Nuestra Constitución no hace distinciones al interior de los sujetos beneficiarios del gasto público por razón de su capacidad contributiva, es decir, a la Constitución no le importa asistir con el gasto público únicamente a quienes han contribuido a su sostenimiento. Ello es impedido por el carácter social e igualitario de la Carta Fundamental, que obliga al legislador a otorgar una igual consideración a todas las personas sin importar su condición social. Introducir una distinción entre categorías de sujetos usuarios del gasto público por su capacidad de contribuir, sólo con el fin de encontrar una base para alegar la existencia de interés legítimo, correría el riesgo de poner en tensión la naturaleza democrática de nuestra forma de gobierno. El destinatario del gasto público es toda la población y no sólo los que puedan contribuir a su sostenimiento. Por tanto, quienes alegan una afectación por la indebida integración del gasto público, acuden al juicio de amparo con una afectación que es societaria y abstracta, no reducible al interés legítimo. Este tipo de reclamos abstractos y generales, si bien existentes, no son aptos para ser dirimidos en sede de control constitucional. El principio de división de poderes reserva la solución de este tipo de afectaciones a los canales democráticos." En razón de lo expuesto, se concluye que si el quejoso acude al juicio de amparo ostentándose como ciudadano del país, ello se traduce en un interés simple y no legítimo, resulta innecesario esperar hasta el dictado de la sentencia para sobreseer en el juicio, en tanto que ningún beneficio le reportaría el que se desahogara la etapa probatoria, en tanto que no podría demostrar como sustento de su interés para accionar el juicio constitucional. Sin que pase inadvertido para este juzgado que el quejoso haya adjuntado al escrito inicial el comprobante de pago de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitido por la Estación de Servicio ubicada en Independencia Sur, Capultitlán, Toluca, Estado de México, copia simple de credencial para votar y copia simple de tarjeta de circulación, pues tales documentales no tienen el alcance pretendido por el promovente, ya que de ella se advierte el haberse realizado el pago por la cantidad de $167.00 (ciento sesenta y siete pesos 30/100 M.N), por concepto del servicio de gasolina; pero no existe constancia que de tal pago lo realizara el quejoso, pues carece de su nombre, de ahí que no denote una afectación directa o indirecta a su esfera jurídica, máxime que su pretensión no deriva de lo que se hubiere pagado de gasolina, sino de la omisión de la autoridad de establecer medidas acordes con la ideología de la impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, con registro rápido de localización 2007921, cuyo epígrafe y sinopsis son: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Resulta igualmente aplicable, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes veintidós de mayo de dos mil quince a las nueve horas con treinta minutos, con registro rápido de localización 2009201, el tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Respalda igualmente lo anterior la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, página 1792, con registro rápido de localización 2001355, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESEMPEÑARSE COMO JUZGADORES, LOS CUALES ASEGUREN UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARCIAL, SIN PRETENDER UN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO EN SU ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL. De la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo realizada al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase especial "situación frente al orden jurídico con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, cuando el particular busca únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto que, según manifiesta, viola en su perjuicio el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores, los cuales aseguren una impartición de justicia imparcial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, carece de interés legítimo, dado que tal afirmación no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto al posible desempeño del funcionario judicial, pues a pesar de que a todos los individuos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de garantías. Es decir, el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado. Aunado a lo anterior, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos". Por otro lado, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 77, interpretado a contrario sensu, pues de resultar precedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, sus efectos vulnerarían el principio de relatividad de las sentencias que rige el juicio de amparo. En efecto, para resolver la cuestión planteada se debe tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo sí permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que la restitución en el goce de la garantía individual violada resultaría inalcanzable. La previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación de derechos se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce del derecho fundamental violado aun a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional y, concretamente del de relatividad de las sentencias. Este ejercicio de previsibilidad tratándose de la omisión reguladora que se atribuye a la Secretaria de Economía, es perfectamente posible a partir de los efectos; pues la protección constitucional que llegara a otorgársele sería obligar a la autoridad responsable a emitir la regulación sobre los precios de los combustibles, en específico, sobre la gasolina. Lo anterior implica que, en el caso concreto, el efecto natural de una hipotética concesión del amparo estaría caracterizado por proporcionar un beneficio no solamente a quien hubiera obtenido la protección constitucional, sino también a la población en general y no a un grupo determinado y diferenciado de ésta. Si esto es así, el efecto de una potencial protección del amparo de la Justicia Federal conduciría a beneficiar no solo a aquellas personas que son consumidoras de combustibles, en específico (gasolina) sino a los demás integrantes de la población, ya sea en sentido positivo o negativo, con la implementación de políticas públicas que no forman parte del escrutinio judicial, pero que necesariamente tendrán que ver con el cumplimiento de la ejecutoria. Este imprescindible efecto de la sentencia protectora que en su caso llegara a dictarse, se traduce en una infracción al principio de relatividad que la rige. Por todo lo anterior, se estima que, en la especie, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, en relación con el artículo 77, interpretado en sentido contrario, el cual prevé que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. Consecuentemente, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia mencionadas, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. Se tiene como dominio para oír y recibir notificación el indicado en el proemio de la presente demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma.
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